Las Corts Valencianes han aprobado la ‘prioridad nacional’ en la vivienda pública con los votos del PP y de Vox. El texto consagra un requisito de diez años de empadronamiento. Bruselas fija el límite en cinco.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños) han validado la ‘prioridad nacional’ en la vivienda pública con los votos del PP y de Vox, tras aceptar los populares una enmienda de la ultraderecha.
- ¿Quién está detrás? El Consell de Juanfran Pérez Llorca y sus socios de Vox, con el artículo 45 de la Ley 5/2026; enfrente, PSPV y Compromís, que ya han acudido al Defensor del Pueblo.
- ¿Qué impacto tiene? La norma exige diez años de empadronamiento, el doble del tope de cinco años que la Comisión Europea considera admisible.
La votación que Bruselas ya ha puesto en cuestión
La clave está en la Ley 5/2026, la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana: el vehículo con el que el Consell (el gobierno autonómico, el equivalente valenciano del Consejo de Ministros) despliega sus medidas fiscales y de gestión. Su artículo 45 habilita la ‘prioridad nacional’ en la vivienda de protección pública y exige, para inscribirse como demandante, «un mínimo de diez años de empadronamiento histórico en algún municipio de la Comunitat Valenciana y de España».
Diez años de arraigo: un listón que deja fuera a cualquier demandante llegado a la Comunitat en la última década. En la sesión monográfica sobre la crisis habitacional y la inmigración, el PP aceptó una enmienda de Vox a su propia propuesta parlamentaria y la cámara validó el principio. Diez años son muchos.
Qué dice Bruselas, qué responde el PP y qué hace la oposición
Ese requisito choca con la doctrina que la Comisión Europea ha dejado por escrito. El comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, respondió a una consulta del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà recordando que el artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE garantiza a los residentes de larga duración la plena igualdad de trato con los nacionales en el acceso a las prestaciones sociales y a los procedimientos de vivienda. Y añadió una frase que pesa: «Los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años establecido».
La Comisión advierte, además, de que cualquier exigencia que perjudique de forma desproporcionada a residentes de otros Estados o a nacionales de terceros países incurre en una «discriminación indirecta» prohibida por el ordenamiento europeo. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impide ese endurecimiento unilateral por parte de administraciones nacionales o regionales.
El listón de los diez años ya está en vigor en la Comunitat Valenciana, y Bruselas ha dejado por escrito que no cabe en el derecho europeo.
Los grupos de la oposición, han rechazado la iniciativa sin matices. El síndic socialista, José Muñoz, censuró un modelo que, a su juicio, contrapone la protección de las personas vulnerables con el respaldo a «los fondos buitre y la pura especulación». El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, acusó a Vox de eludir las soluciones residenciales reales para «inocular odio» en el debate político valenciano.
En el lado del pacto, el síndic del PP, Fernando Pastor, defendió las medidas frente a quienes «nunca han dado un palo al agua en materia de vivienda», en referencia al PSPV y a Compromís. El portavoz de Vox, José María Llanos, justificó la restricción por la limitación de recursos ante el incremento de la población inmigrante. La cámara quedó partida en dos.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, resta peso a las advertencias. Asegura que no existe «ningún problema», sostiene que criterios similares figuran en las ordenanzas de la mayoría de los ayuntamientos «al margen de su color político» y califica de «estéril» el debate. No se arrepiente «de nada del pacto» con Vox, que a su juicio aporta estabilidad, rebaja la presión fiscal y empuja la vivienda protegida. En la misma línea se pronunció el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
El Escenario Valenciano
Hay tres frentes abiertos y ninguno se cierra esta semana. En el valenciano, el pacto entre el PP y Vox aguanta: el Consell de Pérez Llorca ha situado la vivienda entre sus ejes de legislatura y Vox ha colocado su bandera en la enmienda que los populares aceptaron. La oposición ha respondido por la vía institucional. Baldoví ha presentado un requerimiento ante el Defensor del Pueblo por la «presunta inconstitucionalidad» del concepto y sumará a esa denuncia la respuesta de la Comisión Europea.
En el plano nacional, el asunto desborda la Comunitat. El comisario Brunner está encuadrado en el Partido Popular Europeo, lo que refuerza el argumento de Marzà: la advertencia no llega de un adversario político. El PP defiende fórmulas equivalentes en otras comunidades, y los acuerdos con la extrema derecha en territorios como Aragón motivaron la primera consulta del eurodiputado. Si Bruselas abre expediente, la factura política dejará de ser solo autonómica.
El calendario que viene es jurídico antes que electoral: el desarrollo reglamentario que habilita el artículo 45, la respuesta del Ejecutivo comunitario a la nueva pregunta registrada por Marzà en el Parlamento Europeo y la tramitación ante el Defensor del Pueblo. Un requisito que la Comisión Europea considera contrario al derecho comunitario sigue vigente en la Comunitat Valenciana.
Ficha del Caso
- El caso: El PP y Vox han incorporado la ‘prioridad nacional’ al acceso a la vivienda pública valenciana a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos autonómicos, con un requisito de diez años de empadronamiento.
- Datos importantes: Artículo 45 de la Ley 5/2026; diez años de empadronamiento exigidos frente a los cinco que fija la Directiva 2003/109/CE; aprobación en las Corts con los votos de PP y Vox.
- Resumen: La Comisión Europea sostiene que el requisito duplica el tope comunitario, y Compromís ha llevado el asunto al Defensor del Pueblo y al Parlamento Europeo.
