El PSPV ha acusado en las Corts Valencianes al president de la Generalitat de dos pelotazos urbanísticos cuando era alcalde de Finestrat.
El síndic socialista José Muñoz —portavoz del grupo parlamentario en las Corts, el parlamento unicameral valenciano con 99 escaños— ha exhibido este miércoles una carpeta de documentos que, según defiende, corroboran el dosier anónimo que circula desde hace semanas contra Juanfran Pérez Llorca. Lo ha hecho en la sesión de control, con el president a pocos metros y la bancada del PP al completo. Ninguna resolución judicial avala la acusación. Y ese es, precisamente, el terreno donde se juega todo.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PSPV ha exhibido en la sesión de control de las Corts documentos que, según sostiene, respaldan el dosier anónimo contra el president por dos operaciones urbanísticas en Finestrat.
- ¿Quién está detrás? El síndic socialista José Muñoz, que formula la acusación; Pérez Llorca, que responde y reta a acudir a la Fiscalía; y la ministra Diana Morant, líder del PSPV.
- ¿Qué impacto tiene? El asunto instala la sombra del urbanismo en la agenda del Consell y añade presión al pacto PP-Vox a las puertas de un calendario político cargado.
Las dos operaciones que el PSPV pone encima de la mesa
La primera tiene ubicación concreta. Los socialistas hablan de una finca en la avenida de Benidorm, en Finestrat, adquirida por una empresa en la que Pérez Llorca figuraba como apoderado. Según la versión de Muñoz, aquellos terrenos se revalorizaron en 620.000 euros gracias a un decreto que el propio president firmó cuando era alcalde. La cifra no procede de un informe judicial, sino de la lectura que el PSPV hace de papeles municipales.
La segunda operación apunta a la adjudicación de un contrato público del Ayuntamiento de Finestrat al despacho de abogados de David Serra, condenado en el caso Gürtel. En palabras de Muñoz, el despacho quedó en cuarta posición en el proceso de selección y acabó primero tras la valoración subjetiva de las ofertas. «Se le hizo un traje a medida», ha resumido. La frase es dura; la calificación jurídica no existe todavía.
El PSPV sostiene que toda la denuncia se apoya en documentos oficiales del Ayuntamiento de Finestrat, el Registro Mercantil, y el Registro de la Propiedad. Sobre ese soporte construye su acusación política. Y en el capítulo del patrimonio familiar, Muñoz ha puesto una cifra que ha resonado en el hemiciclo: 4,1 millones de euros de plusvalía que, según él, habría obtenido la familia del president con un documento firmado veintidós días antes de su investidura. Dos operaciones, dos cifras y una misma pregunta sin respuesta oficial.
Los documentos exhibidos en las Corts no convierten una acusación en sentencia: convierten una sesión de control en un campo de batalla.
Pérez Llorca responde: «Sí, se fían de mí»
En su turno de réplica, el jefe del Consell —el gobierno autonómico valenciano, el equivalente del Consejo de Ministros— se declaró tranquilo, retó al PSPV a llevar el dosier y los documentos a la Fiscalía y les espetó que representan «lo más repugnante de la política. No hubo matices. Tampoco autocrítica.
A la líder del PSPV y ministra Diana Morant le recordó que anunció hace semanas su intención de entregar el dosier a la Fiscalía Anticorrupción, un órgano de ámbito estatal, y que ese gesto sigue sin producirse. «Pasan las semanas y no lo hacen», ha subrayado, antes de añadir que su partido va a hacer campaña con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La respuesta a la pregunta escrita del síndic la dejó para el cierre: «Sí, se fían de mí porque yo, aquello que digo, cumplo».
El Escenario Valenciano
La sesión de control deja tres lecturas. La primera es valenciana: el Consell de Pérez Llorca, que gobierna desde diciembre de 2025 con el respaldo de Vox, afronta su primer gran desgaste por una acusación que no llega desde su gestión de la reconstrucción tras la DANA (la Depresión Aislada en Niveles Altos que provocó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024), sino desde su etapa municipal en Finestrat. El PSPV y Compromís ya tienen un argumento recurrente para cada pleno. El PP responde con el mismo gesto: papeles, sí; sentencias, ninguna. Conviene recordar el contexto: la dimisión de Carlos Mazón en noviembre de 2025 dejó al PP valenciano con poco margen para encadenar otro frente abierto.
La segunda lectura es nacional. El PSPV es un partido federal cuyo liderazgo autonómico ocupa una ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, y la Fiscalía Anticorrupción depende orgánicamente del Estado. Eso convierte cualquier dosier valenciano en un asunto de Madrid. En paralelo, el PP nacional observa con atención un caso que toca a uno de sus barones autonómicos y que la oposición puede rentabilizar en el Congreso. En Valencia se discute de urbanismo; en Madrid se discute de desgaste.
La tercera es de calendario. La próxima sesión de control volverá a poner el asunto sobre la mesa, y el PSPV tiene una decisión pendiente: formalizar o no la documentación ante la Fiscalía, un paso que su propia líder anunció y aún no ha dado. Si lo hace, el caso entra en el terreno judicial y sale del relato. Si no, el dosier seguirá siendo lo que es hoy: una acusación sin juez y un arma de desgaste parlamentario. Las cifras no cierran por sí solas. Las explicaciones, tampoco.
Ficha del Caso
- El caso: El PSPV acusa en las Corts al president Pérez Llorca de dos operaciones urbanísticas en Finestrat durante su etapa como alcalde, vinculadas a una empresa familiar y a la adjudicación de un contrato a un despacho condenado en el caso Gürtel.
- Datos importantes: Una plusvalía de 4,1 millones de euros atribuida a un documento firmado 22 días antes de su investidura; una revalorización de 620.000 euros en una finca de la avenida de Benidorm; y un contrato adjudicado a un despacho que quedó cuarto en el proceso de selección.
- Resumen: Ninguna instancia judicial ha validado las acusaciones. El president se declara tranquilo y reta al PSPV a presentar el dosier ante la Fiscalía Anticorrupción.
