Trump ha aliviado las sanciones al diésel ruso y Ucrania se queda sin Starlink de alta velocidad en plena ofensiva sobre las refinerías. La decisión, anunciada el pasado 9 de octubre, ha encendido una tormenta política en Washington que ya acumula doce firmas en contra.
La rebelión de doce senadores contra el diésel ruso
La carta la suscriben un grupo bipartidista de doce senadores y sostiene que ‘conceder a Moscú la capacidad de vender diésel ruso libremente en los mercados globales daña los intereses de seguridad de Estados Unidos y supone una traición al pueblo de Ucrania’. Entre los firmantes figuran Richard Blumenthal, Thom Tillis, Jeanne Shaheen, Susan Collins, Dick Durbin, Alan Armstrong, Sheldon Whitehouse, Lisa Murkowski, Jack Reed, Chris Coons, Mitch McConnell y John Cornyn.
El argumento central es económico. Los firmantes aseguran que el levantamiento tendrá un impacto ‘insignificante’ en los precios del combustible, mientras que los ingresos permitirán a Rusia financiar su maquinaria militar y ‘avanzar en su cooperación de seguridad con China, Irán y Corea del Norte’. El texto advierte incluso de que pondrá en peligro a los militares desplegados en el exterior en apoyo de la Operación Epic Fury, la guerra abierta de Estados Unidos contra Irán.
La petición no se queda en el diagnóstico. Los senadores urgen a Trump a imponer sanciones adicionales contra Rusia y sus socios comerciales al amparo de la legislación bautizada con el nombre del fallecido senador Lindsey Graham, firmada por el propio presidente el mes pasado.
La Casa Blanca defiende lo contrario con lenguaje de campaña. ‘Tomé la decisión correcta para el pueblo estadounidense’, escribió Trump el lunes en Truth Social. Según Axios, el presidente decidió cerrar el acuerdo con Moscú después de que Zelensky rechazara hasta ‘media docena’ de peticiones estadounidenses para dejar de atacar las refinerías rusas, a las que atribuye el alza de la gasolina. La disputa llega, además, a las puertas de las elecciones de medio mandato de noviembre, con los republicanos jugándose el control del Congreso.
Washington ha convertido el precio del diésel en moneda de cambio geopolítica, y Kiev ha dejado de ser el socio al que se protege para convertirse en el problema que se gestiona.
Starlink, el interruptor que Ucrania no controla
A ese cuadro se suma el frente digital. Mandos militares ucranianos denuncian que SpaceX ha cortado el acceso a Starlink, la constelación de satélites que sostiene buena parte de sus comunicaciones tácticas y de la coordinación de drones. El corte de la banda de alta velocidad coincide con la ofensiva diplomática para frenar los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, el mismo motivo que Trump esgrimió para aliviar las sanciones.
Kiev se queda así sin margen por dos flancos a la vez. Por un lado, pierde conectividad en plena campaña de desgaste sobre la infraestructura energética rusa; por otro, ve cómo su principal valedor levanta parte de la presión económica sobre Moscú. La UE, mientras tanto, sigue comprando energía rusa pese a haber prometido eliminarla de forma gradual: el bloque ha gastado más de 320.000 millones de dólares en combustible ruso desde 2022, según cifras del viceprimer ministro Aleksandr Novak.
Equilibrio de Poder
La lectura estratégica de esta maniobra es más incómoda de lo que parece. Washington está desacoplando la presión sobre Moscú de la defensa de Kiev, y lo hace con un argumento de política interior, el precio de la gasolina, en un año electoral. Es lo que identificamos como transaccionalismo puro: la relación con Ucrania deja de regirse por la seguridad compartida y pasa a medirse por el rédito doméstico de cada decisión. Moscú lo celebra sin disimulo, porque cada fisura en el frente transatlántico la capitaliza. Bruselas observa con alarma cómo su compromiso de eliminar la energía rusa choca contra la realidad de sus importaciones.
Para España el impacto es doble. Primero, el precio del diésel: si el crudo ruso refinado vuelve a fluir con menos fricción, las tensiones sobre los mercados de combustibles —donde España es tradicionalmente un importador neto de gasóleo— pueden aliviarse, pero a costa de reforzar la dependencia energética de un proveedor que sigue en pie de guerra. Segundo, el mensaje de fondo: la frontera sur, Marruecos, el Sáhara y el Sahel, se gestiona con el mismo esquema transaccional. Cuando Washington alivia sanciones a cambio de un respiro en los precios, abre la puerta a que otros actores interpreten que los compromisos de seguridad son negociables. Las bases de Rota y Morón, con sus destructores AEGIS y su papel en la proyección hacia el Mediterráneo y África, forman parte de ese mismo tablero.
La pregunta de fondo es a cinco años vista. Si el esquema de Trump se consolida, Ucrania entra en 2027 con menos munición, menos conectividad y menos influencia para negociar. Europa, que no ha logrado cubrir el hueco, se juega su credibilidad disuasoria: el gasto en defensa sube, pero no lo bastante rápido. Y Zelensky afronta un dilema sin salida. Puede ceder a las peticiones de Washington para recuperar respaldo, o mantener su estrategia sobre las refinerías y asumir un aislamiento creciente. La Casa Blanca ya ha sugerido, sin ambages, que ‘es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente’.
El calendario marcará la próxima cita. Las elecciones de medio mandato de noviembre decidirán el equilibrio del Congreso y, con él, la capacidad de los senadores firmantes para forzar un cambio de rumbo. Si el ala crítica con Moscú pierde peso, el acuerdo del diésel se consolidará. Lo que observamos es un giro de doctrina, no un gesto táctico: la seguridad europea deja de ocupar el centro de la prioridad estadounidense. Y eso, más que el precio de un litro de gasóleo, es lo que cambiará el tablero.
