La vivienda se consolida como el primer problema de Cataluña para los votantes de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP. Lo confirma el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió, el CEO de la Generalitat, en una entrega que deja un segundo titular: para los electores de Vox y de Aliança Catalana, la principal preocupación es la inmigración.
El CEO es un organismo adscrito al Departament de la Presidència y publica sus encuestas varias veces al año. La prensa catalana lo bautizó hace tiempo como el ‘CIS catalán’, aunque su función real es otra: darle al Govern una fotografía periódica de lo que piensa el electorado que lo sostiene y del que lo amenaza. Por eso importa menos el orden exacto de la lista y más dónde coinciden cinco electorados que, en casi todo lo demás, no se hablan.
El eje que atraviesa cinco electorados que no se parecen en nada
PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP no comparten grupo parlamentario, ni relato territorial, ni modelo económico. Sí comparten, según este sondeo difundido este miércoles, la respuesta a la pregunta sobre cuál es el problema más urgente de Cataluña. La vivienda gana en los cinco.
Esa coincidencia es más incómoda de lo que parece. Un partido puede colocar un tema en su agenda; lo que no puede es reclamar su propiedad cuando todo el mundo lo coloca en el mismo sitio. El alquiler se ha convertido en el asunto transversal por excelencia: toca al votante joven de ERC y de los Comuns, al votante de clase media del PSC, al pequeño propietario que mira con recelo a Junts y al inquilino en riesgo de exclusión que vota a la CUP. Cinco diagnósticos, cinco recetas y una misma prioridad.
Lo que cambia es la solución que cada uno pone encima de la mesa. Junts habla de seguridad jurídica y de movilizar suelo; los Comuns y la CUP insisten en intervenir el mercado; el PSC se mueve entre la gestión del parque público de la Agència de l’Habitatge y el equilibrio presupuestario; ERC ha hecho del pulso por las competencias en vivienda una seña de identidad propia.
La consecuencia práctica es que el Govern no puede tratar la vivienda como un asunto menor de gestión. Es una cuestión de supervivencia política: su propio electorado, el del PSC, es uno de los que sitúa el problema en primer lugar.
Cuando cinco electorados que se niegan casi todo coinciden en la misma urgencia, el problema deja de ser de un partido y pasa a ser de quien gobierna.
El barómetro no mide solo preocupaciones. Mide la distancia entre el discurso institucional y la vida cotidiana. Y en Cataluña esa distancia tiene dirección postal: los distritos del Eixample y de Sant Martí en Barcelona, los barrios de Ponent en Lleida, el entorno de Girona y el cinturón metropolitano, donde el esfuerzo para pagar el alquiler se ha convertido en la variable que decide si una familia se queda o se va.
Inmigración: la grieta que Vox y Aliança Catalana explotan por separado
El segundo dato del sondeo ordena el tablero por el flanco opuesto. Para los votantes de Vox y de Aliança Catalana, el problema principal es la inmigración. El conjunto de los electores de ambos partidos sitúan este asunto por delante de cualquier otro.
No es una coincidencia inocente. Vox hace tiempo que trasladó su campaña catalana al terreno migratorio, con menos peso del discurso territorial que venía utilizando. Aliança Catalana construye su relato desde otro lugar: identidad, lengua y frontera, con un electorado concentrado en comarcas como Osona, el Ripollès o la Garrotxa, donde el debate sobre la acogida se cruza con la despoblación y con la falta de vivienda asequible.
Ahí está la paradoja. El problema que ambos partidos señalan —la inmigración— convive con el que señalan todos los demás: la vivienda. La saturación del mercado de alquiler, la ocupación de bloques, la presión sobre los servicios públicos en determinadas zonas: los mismos hechos se leen desde marcos distintos. Unos hablan de fronteras; otros, de salarios y de parque público.
El movimiento de Junts en este terreno es el que conviene vigilar. La dirección del partido compite con Aliança Catalana en el espacio independentista y tiene que decidir si responde a ese pulso con dureza en inmigración o con gestión en vivienda. El sondeo apunta a que su electorado, hoy, le pide lo segundo.
Por qué este dato incomoda al Govern de Illa
El resultado del CEO llega en un momento delicado para el ejecutivo de Salvador Illa. La vivienda ha dejado de ser un asunto sectorial para convertirse en el marcador que ordena la relación entre el Govern y Moncloa. Las competencias en materia de vivienda son catalanas, pero las palancas que mueven el mercado —fiscalidad, legislación estatal, financiación de suelo— no lo son del todo. Ese reparto produce un problema de atribución: cuando algo no funciona, nadie asume la culpa; cuando algo funciona, todos quieren el mérito.
En las encuestas del CIS estatal, la vivienda también ha escalado posiciones hasta instalarse en la parte alta de la lista de preocupaciones. Cataluña no es una excepción dentro de España, pero aquí el fenómeno tiene una capa extra: el precio del alquiler en el área metropolitana de Barcelona está muy por encima de la media estatal y el parque de vivienda pública sigue lejos de lo que marcan los estándares europeos.
Lo que observamos es un patrón que se repite. Cada vez que el CEO publica datos, la conselleria competente recuerda que hay medidas en marcha y planes en tramitación. Y cada vez, la siguiente entrega del barómetro vuelve a colocar el mismo tema en la misma posición. Hay una lógica electoral detrás: un Govern que no consigue mover su principal problema en las encuestas acaba discutiendo de otra cosa.
El próximo hito no queda lejos. Con el calendario del CEO en la mano, la siguiente entrega del barómetro servirá para comprobar si la vivienda consolida su primera posición o si otros asuntos le recortan terreno. Mientras tanto, la tramitación de los planes de vivienda del Govern y el pulso bilateral con Moncloa seguirán marcando la agenda. La pregunta no es si la vivienda importa. Es quién consigue que su solución parezca la única posible.
