El régimen fiscal de la Iglesia católica se apoya en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos que España firmó con la Santa Sede el 3 de enero de 1979, apenas unos días después de la entrada en vigor de la Constitución. De ese texto derivan las exenciones del IBI, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, además del sistema que permite destinar el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF (casilla 105) al sostenimiento de la Iglesia. Ningún Gobierno ha desmantelado ese núcleo.
La lista reúne las cinco piezas fiscales más abultadas de ese régimen y las ordena por su relevancia recaudatoria y por su origen. Separa lo que figura literalmente en el tratado de 1979 —los tres supuestos del artículo IV.1— de lo que se ha ido sumando después por ley o por interpretación, como la exención de la plusvalía municipal, que no aparece en el acuerdo con el Vaticano. La izquierda reclama revisarlo desde hace años, pero los cambios han sido parciales y ninguna mayoría lo ha tocado entero.
1La asignación tributaria del IRPF: el 0,7% que la Iglesia recibe cada año de los contribuyentes
La casilla 105 de la declaración de la Renta permite a los contribuyentes destinar el 0,7% de su cuota íntegra del IRPF al sostenimiento económico de la Iglesia católica. El mecanismo nació con la Ley 42/2006 de Presupuestos Generales del Estado para 2007, con carácter indefinido, y sustituyó la asignación directa que hasta entonces figuraba en las cuentas públicas. Su peso económico es notable: según los datos provisionales de la Conferencia Episcopal, la campaña correspondiente al ejercicio 2024 —declaraciones presentadas en 2025— arrojó 429.335.080 euros, 46,9 millones más que el año anterior, un 12% de aumento y máximo histórico. La marcaron 7.946.347 declaraciones, que la CEE traduce en unos nueve millones de personas al contar las declaraciones conjuntas.
El problema político es doble. Por un lado, la proporción de contribuyentes que marca la X cae curso tras curso: la Agencia Tributaria constata que en 2024 solo el 10,1% de las declaraciones eligió únicamente la casilla de la Iglesia y su peso sobre el total de la cuota íntegra se quedó en el 15,4%, mientras casi el 40% no marca ninguna casilla. Por otro, la izquierda lo señala como un privilegio incompatible con la aconfesionalidad del Estado. Compromís, socio de Sumar, exige eliminar la casilla 105 en los Presupuestos, e Izquierda Unida ha preguntado al Ejecutivo si piensa renegociar los acuerdos con la Santa Sede de 1979. El Gobierno, pese a los compromisos que el PSOE arrastra en sus programas desde hace más de una década, no ha modificado el sistema.
