La fiscal superior de Andalucía avala imputar trato degradante y lesiones psíquicas a dos menores del caso Sandra Peña en Sevilla. La decisión llega un año después del suicidio de la joven, que tenía 14 años cuando falleció en su domicilio el 14 de octubre de 2025.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía de Menores de Sevilla ha cerrado la instrucción contra dos de las tres menores investigadas y aprecia indicios de trato degradante y lesiones psíquicas.
- ¿Dónde y quién? El caso se instruye en Sevilla. La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha avalado esa calificación ante los medios.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Abre la puerta a un procedimiento judicial de menores y devuelve al debate público el acoso escolar y el uso de las redes sociales entre los adolescentes andaluces.
La Fiscalía sostiene la acusación con el informe forense
El Ministerio Publico ha puesto fin a la instrucción en menores contra dos de las tres investigadas. Todas eran compañeras de clase de Sandra en Sevilla. El escrito de conclusiones provisionales aprecia indicios de trato degradante y lesiones psíquicas “por el trato degradante dispensado a Sandra y las repercusiones que tuvieron en su salud mental”, según fuentes judiciales.
La calificación apunta a delitos contra la integridad moral y contra la salud psíquica, dos figuras que en la jurisdicción de menores exigen acreditar un daño sostenido en el tiempo. De las tres investigadas, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de una al concluir la fase de instrucción. Lo confirmó Ana Tárrago, fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, en una atención a medios celebrada en el Parlamento andaluz: “Es muy difícil hacer otro tipo de calificaciones jurídicas cuando la menor falleció en su domicilio”, señaló, y situó el informe forense como base técnica de la acusación.
Redes sociales sin control y el archivo de la querella contra el colegio
La fiscal superior aprovechó su intervención para poner el foco en un patrón que atraviesa toda Andalucía. “Para la Fiscalía sigue siendo un problema el uso de las redes sociales por parte de los menores”, afirmó, y avisó de que esos usos “están detrás de muchas de las conductas delictivas que protagonizan los más jóvenes”. “Los menores no tienen ni formación ni preparación suficiente para poder discernir unos contenidos y otros”, añadió.
Su diagnóstico va en dos direcciones. La conexión permanente y sin control a las redes empuja a los adolescentes a delinquir con más facilidad y, al mismo tiempo, los convierte en víctimas de otros. “Nos preocupa tanto la situación de esos menores como autores y como víctimas”, resumió. En paralelo, la querella penal que los padres de Sandra dirigieron contra el centro Irlandesas Loreto de Sevilla, su director, la jefa de estudios y la tutora ha quedado archivada. Aquella vía apuntaba a homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante.
Un año después del suicidio de Sandra Peña, el caso obliga a Andalucía a mirar de frente el acoso escolar y las redes sin control.
La Lectura Andaluza
Andalucía es la comunidad más poblada de España, con más de 8,5 millones de habitantes, y su Fiscalía Superior, competente también sobre Ceuta y Melilla, coordina a los fiscales de las ocho provincias andaluzas y fija el criterio jurídico en procedimientos como este. El caso de Sandra Peña no arranca de una discusión aislada en un patio. Se sostiene en una convivencia deteriorada durante meses, dentro y fuera del aula, y en un entorno digital que ninguna administración controla por completo. La Fiscalía de Menores es la unidad especializada que asume la instrucción cuando el investigado no ha cumplido los 18 años, y el procedimiento se rige por la Ley Orgánica 5/2000.
Para las familias andaluzas, la lectura tiene dos capas. La jurídica: que el Ministerio Público sostenga trato degradante y lesiones psíquicas lanza el mensaje de que el daño psicológico entre menores se persigue y puede acreditarse con pruebas forenses. La educativa: el sistema andaluz cuenta con planes de convivencia y protocolos de actuación ante el acoso, coordinados con la Consejería competente en materia educativa, pero este caso devuelve al debate público hasta dónde llega la capacidad real de detección de un tutor o de un orientador.
El siguiente hito ya está sobre la mesa. La instrucción debe resolver el sobreseimiento de la tercera menor y, después, el expediente pasará al Juzgado de Menores de Sevilla, que fijará la fecha de la audiencia y decidirá si finalmente se celebra juicio. El curso sigue en marcha en los institutos de Sevilla y del resto de Andalucía, y el eco del caso se mantiene intacto un año después. Queda una pregunta incómoda: cuánto se puede prevenir antes de que un caso termine en los tribunales.
