El DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha declarado ante el juez Pedraz por las presuntas maniobras internas contra la UCO.
La comparecencia del DAO (Director Adjunto Operativo, el segundo mando operativo del Instituto Armado) se ha producido ante la Audiencia Nacional en un momento de máxima tensión interna. Según las fuentes judiciales, el alto mando ha situado su declaración en un contexto de «gravedad» que las asociaciones profesionales no recuerdan en la historia reciente del Cuerpo.
El DAO ha señalado, en el marco de la causa, a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Se trata de una imputación realizada en sede judicial que, conforme al principio de presunción de inocencia, no constituye en ningún caso una condena ni una confirmación de los hechos investigados.
El alcance de la investigación
La causa, abierta por el juez Pedraz, examina las maniobras que, según las diligencias, habrían tratado de interferir en la labor de la UCO (Unidad Central Operativa, el cuerpo de élite de la Guardia Civil especializado en crimen organizado e investigación compleja). La instrucción se centra en el entorno de las denominadas ‘cloacas’, una trama que la institución considera ajena a la actuación ordinaria de sus unidades.
Los representantes de los guardias civiles coinciden de forma unánime en calificar la situación de «insostenible». Las críticas se dirigen contra la cúpula de Interior, mientras el respaldo a los agentes de la UCO es total y sin fisuras.
El respaldo a los agentes de la UCO es unánime: la unidad que lidera las investigaciones más complejas contra el crimen organizado no está cuestionada.
Las asociaciones exigen protección para los agentes
Las asociaciones representativas del Cuerpo reclaman protección institucional para los agentes de la UCO, que en los últimos tiempos han desarrollado su trabajo bajo una presión añadida. La reclamación no cuestiona la labor operativa de la unidad, sino que exige condiciones para que esa labor se mantenga con normalidad.
Ese respaldo convive con la exigencia de que el ruido interno no condicione una labor que, por su propia naturaleza, requiere discreción y estabilidad. La UCO asume algunas de las investigaciones más sensibles del país, desde redes de narcotráfico hasta estructuras de blanqueo de capitales, y su continuidad operativa es una prioridad compartida por mandos y asociaciones.
El procedimiento continúa en fase de instrucción ante el juez Pedraz, sin que por el momento se haya dictado resolución alguna sobre el fondo de los hechos. La presunción de inocencia se mantiene intacta para todas las personas mencionadas en la causa.
El contexto institucional
La investigación sobre las presuntas maniobras internas se sitúa en un contexto de actividad operativa sostenida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Ministerio del Interior publica trimestralmente su Balance de Criminalidad, el instrumento oficial que mide la evolución de la delincuencia en España y que confirma la presión constante del crimen organizado sobre el territorio nacional.
En ese marco, el trabajo de la UCO —la unidad responsable de las investigaciones más complejas contra las redes de narcotráfico, el blanqueo de capitales y el crimen organizado— se ha mantenido al margen del ruido interno. El respaldo institucional a sus agentes, expresado de forma unánime por las asociaciones, busca precisamente preservar esa capacidad operativa intacta.
La separación entre las presuntas maniobras investigadas y la actividad profesional de las unidades es una constante en el discurso de las asociaciones. El objetivo, subrayan, es que la investigación judicial no proyecte ninguna sombra sobre el trabajo diario de los agentes que sostienen la seguridad pública en toda España.
La causa continúa bajo la instrucción del juez Pedraz, sin resolución firme sobre los hechos. La Guardia Civil mantiene su despliegue y su actividad ordinaria, con la UCO como referencia de su capacidad de investigación.
