EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias (CC-PP) ha elevado al Ejecutivo de Sánchez una propuesta de real decreto ley para exigir diez años de empadronamiento a quien quiera comprar vivienda en las islas.
- ¿Quién está detrás? El Gabinete de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), con el PP como socio de coalición, que la presenta como condición pactada con el PSOE a cambio de respaldar el decreto de desahucios.
- ¿Qué impacto tiene? Afecta a un tercio de las compraventas que hoy acaban en manos extranjeras y habilita a los ayuntamientos a gravar pernoctaciones y frenar el alquiler vacacional.
El Gobierno de Canarias (CC-PP) ha elevado a Moncloa una propuesta de real decreto ley para prohibir la compra de vivienda en las islas a quien no acredite diez años de empadronamiento en el archipiélago. La iniciativa no distingue entre españoles y extranjeros: se apoya en un hecho objetivo, la residencia acreditada, y no en la nacionalidad. La información la adelanta The Objective.
El borrador, bautizado como Ley para garantizar el acceso a la vivienda a los residentes en Canarias, no llega solo. Forma parte del cuaderno de condiciones que Coalición Canaria pactó con el PSOE a cambio de dar su apoyo al primero de los decretos de vivienda del Gobierno central, el que puso límite a los desahucios de personas vulnerables. Ahora, el Gabinete de Fernando Clavijo pone ese compromiso por escrito y lo traslada al Consejo de Ministros.
Qué propone exactamente la norma: diez años, dos viviendas y nulidad de pleno derecho
El texto fija un umbral de residencia que pocos compradores foráneos cumplen. Diez años de empadronamiento continuado. Quince, si el empadronamiento es discontinuo. Se trata de una horquilla pensada para blindar la condición de residente frente a quienes solo pisan las islas unos meses al año.
A eso se suma un límite patrimonial: un mismo ciudadano solo podrá adquirir dos viviendas en Canarias, y siempre que estén en municipios diferentes. Las personas jurídicas, empresas y sociedades de inversión, únicamente podrán comprar si su objeto social es venderlas o alquilarlas a personas físicas. La consecuencia jurídica es severa: cualquier compra que incumpla estos requisitos será nula de pleno derecho y no podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad. Quedan exceptuadas, eso sí, las transmisiones mortis causa, es decir, las herencias.
La exposición de motivos invoca el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce a las regiones ultraperiféricas el derecho a un trato singular en la aplicación de las normas comunitarias. Canarias entra en esa categoría. Y añade un argumento de hecho: un tercio de las viviendas que cambian de propietario en las islas va a parar a manos de ciudadanos extranjeros, y buena parte acaba en el negocio del alquiler vacacional.
No es una ocurrencia de última hora. Durante toda la legislatura, Clavijo ha venido haciendo gestiones ante la Comisión Europea para que Bruselas autorizara algún tipo de límite a la compra de vivienda por no residentes. Su planteamiento inicial chocaba con los tratados, que garantizan el libre movimiento de personas y capitales y prohíben distinguir por nacionalidades. La salida que propone ahora es técnica: no habla de nacionalidad, habla de residencia.
El Gobierno canario no pide un privilegio por origen, sino una regla por arraigo: quien vive en las islas, compra en las islas.
El segundo frente: los ayuntamientos y el pulso con Bruselas
El paquete tiene una segunda pata que afecta a la Ley de Bases de Régimen Local. El Ejecutivo canario propone dar armas a los consistorios para intervenir directamente en el problema. Primero, que los ayuntamientos puedan prohibir comprar o alquilar vivienda en su término a ciudadanos de países ajenos a la UE que no hayan residido al menos dos años en el municipio, una categoría que incluye, por ejemplo, a los británicos, el principal emisor de turistas a Canarias. Segundo, que puedan crear tasas al turismo que graven pernoctaciones, hospedaje o estancias de no residentes. Tercero, que puedan vetar el alquiler vacacional en determinadas zonas de su municipio.
La propuesta llega a Moncloa en plena discusión sobre política de vivienda en el conjunto del país. El Gobierno de Sánchez mantiene su ley estatal, la que el PP recurrió y trató de corregir tanto en el Congreso como en el Senado. Frente a ese marco, las comunidades gobernadas por los populares llevan meses desplegando soluciones propias: avales para jóvenes, rebajas fiscales en la compra y el alquiler, y una apuesta por liberar suelo. Canarias añade ahora una pieza distinta, adaptada a su realidad insular y a su condición de región ultraperiférica.
El Eje del Poder Popular
En esta redacción seguimos con atención cómo el PP aterriza en clave territorial los debates que en Madrid se plantean en abstracto. La vivienda es el mejor ejemplo. Génova ha defendido un marco nacional que no ahogue la capacidad de cada comunidad para adaptar soluciones, y el caso canario lo ilustra con nitidez. Allí el PP gobierna en coalición con Coalición Canaria, y su papel es sostener una iniciativa que ningún partido del arco estatal ha discutido de frente: la de que el acceso a la vivienda de los residentes es un interés general que justifica reglas singulares.
El precedente histórico ayuda a leerlo. Cuando el Estado diseñó el régimen económico y fiscal de Canarias, y cuando la propia UE reconoció el estatus ultraperiférico de las islas, ya se asumió que la lejanía y la insularidad exigen un trato diferenciado. Lo que ahora se plantea no inventa nada: extiende esa lógica al mercado residencial. La comparación con otras comunidades populares es inevitable. Madrid apuesta por el suelo y la fiscalidad. Andalucía ha puesto el foco en el alquiler asequible y en la colaboración público-privada. Canarias, con menos margen geográfico, ensaya el control de la demanda. Distintas herramientas, un mismo diagnóstico compartido.
El riesgo, y conviene decirlo, está en Bruselas. La fórmula del empadronamiento sortea la letra de los tratados mejor que cualquier criterio de nacionalidad, pero no está exenta de litigio. Si la Comisión Europea abre un expediente, el asunto puede tardar años en resolverse. De ahí que el Ejecutivo canario haya querido acompañar la propuesta con medidas locales, más difíciles de impugnar y de efecto más rápido en el terreno.
Lo que observamos es un movimiento de doble filo. Por un lado, refuerza el perfil propio de un gobierno autonómico que quiere enseñar músculo legislativo. Por otro, presiona al Gobierno central para que se pronuncie sobre una reforma que toca el corazón del conflicto: la vivienda como bien de uso frente a la vivienda como activo de inversión. La pelota está en el Consejo de Ministros.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La vivienda como bien de uso y la gestión territorial como respuesta; cada comunidad, con sus herramientas, frente al marco único de Moncloa.
- Protagonista: Fernando Clavijo (presidente de Canarias), con el PP como socio de coalición del Gobierno canario.
- Próximo hito: Estudio de la propuesta en el Consejo de Ministros y previsible apertura de contactos con la Comisión Europea por el artículo 349 del TFUE.
