Barcelona aprueba inicialmente un recargo de hasta el 150% del IBI a las viviendas de uso turístico con licencia. La medida salió adelante este jueves en un pleno extraordinario con los votos de PSC, ERC y BComú, la abstención de Junts per Barcelona y el rechazo de PP y VOX. Se abre ahora un periodo de información pública de 30 días hábiles y la votación definitiva queda para el pleno de diciembre.
Los tres tramos del recargo: quién paga el 50% y quién el 150%
El recargo no es lineal. Se calcula sobre la cuota líquida del impuesto y depende de cuántos alojamientos acumule el titular. Con una sola vivienda de uso turístico, el recargo es del 50%. Con dos o tres, sube al 100%. Y a partir de cuatro, alcanza el 150%.
Las cifras del Ajuntament dibujan un sector muy concentrado. De las 10.627 licencias activas en la ciudad, apenas 3.274 corresponden a titulares con un único alojamiento. Otras 1.276 están en manos de propietarios de dos o tres. Y el 57% del total está en manos de grandes tenedores con cuatro o más viviendas de uso turístico. El tramo más castigado concentra más de la mitad del parque.
Traducido al bolsillo: quien cae en el tramo alto verá multiplicado su recibo por 2,5. Quien tenga dos o tres, por dos. Y el titular de un solo piso, por 1,5. Los números mandan.
El mapa de votos: por qué Junts se descuelga y VOX se queda sola
El reparto del pleno de este jueves anticipa la geometría del mandato. PSC, ERC y Barcelona en Comú sumaron para sacar adelante la modificación inicial de las Ordenances Fiscals de 2027. Junts per Barcelona eligió la abstención, la posición más cómoda para quien no quiere aparecer ni como defensor del turismo masivo ni como socio del gobierno de Jaume Collboni. PP y VOX, votaron en contra sin matices.
La lectura política es otra. Collboni ha vuelto a construir su mayoría hacia la izquierda en un asunto de alto impacto y coste cero para las arcas municipales: no hace falta rascarse el bolsillo, basta con mover la ordenanza. A ERC y a los comunes les deja un titular reivindicable en pleno pulso por la vivienda. Y a Junts, una abstención que le permite decir una cosa y la contraria según el barrio en el que hable.
Nadie ha ganado todavía. Esto es una aprobación inicial.
El tramo del 150% no persigue al pequeño anfitrión: apunta directo a los grandes tenedores que acumulan más de la mitad del parque turístico de la ciudad.
De la aprobación inicial al recibo: por qué no se paga hasta 2027
El acuerdo abre un trámite, no lo cierra. La modificación de las ordenanzas fiscales pasa ahora por un periodo de información pública de 30 días hábiles que arranca con su publicación en el Butlletí Oficial de la Província. Después volverá al pleno, previsiblemente en diciembre, para la votación definitiva.
Si prospera, el recargo se devengará por primera vez el 31 de diciembre de 2027 y se liquidará con carácter anual. Ningún propietario notará el efecto en el recibo de 2026 ni en el de 2027. El calendario es el que es.
El Ajuntament se acoge al margen que abre el decreto de medidas de protección del habitatge aprobado por el Consejo de Ministros, que habilita a los consistorios declarados en zona tensionada de alquiler a introducir este tipo de recargos en sus ordenanzas. Los términos de la aprobación inicial pueden consultarse en la nota oficial del Ajuntament de Barcelona. Sin esa habilitación estatal, la vía municipal estaba cerrada.
Barcelona abre la vía y otros municipios miran de reojo
Lo relevante no es el recargo en sí, sino el instrumento. Hasta ahora, los ayuntamientos en zona tensionada tenían la declaración pero no la caja de herramientas fiscal. El decreto estatal les ha dado una, y Barcelona ha sido de las primeras capitales en activarla. Otros municipios catalanes declarados zona tensionada —varios del área metropolitana entre ellos— disponen ya de una plantilla lista para copiar.
Fuera de Cataluña la foto cambia. Madrid, que no ha activado la declaración de zona tensionada, queda al margen de esta vía por decisión propia. Es la diferencia entre tener la competencia y querer usarla.
Queda un flanco abierto. El recargo no resuelve el problema de fondo: la brecha entre las licencias municipales y las altas en los registros turísticos sigue ahí, y ninguna ordenanza fiscal la tapa. Sin control efectivo sobre la oferta irregular, gravar más al que ya cumple puede tener un efecto perverso: encarecer el alojamiento legal mientras el que opera al margen campa a sus anchas. Ahí la Generalitat tiene una tarea pendiente que no depende del Ajuntament.
El próximo hito es administrativo y tiene fecha: el pleno de diciembre. Si la votación definitiva sale adelante, el recargo entrará en las ordenanzas de 2027 y llegará al primer recibo con fecha de 31 de diciembre de 2027. Hasta entonces, papel y lápiz.
