EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Superior Regional de Hamburgo ha abierto este miércoles el juicio contra el ucraniano Serguéi Kuznetsov por el sabotaje del Nord Stream, el ataque de septiembre de 2022 que inutilizó los gasoductos que unían Rusia y Alemania. La sala ha fijado 24 sesiones hasta febrero de 2027.
- ¿Quién está detrás? La Fiscalía Federal alemana sostiene que Kuznetsov dirigió a un equipo de siete saboteadores por cuenta de autoridades ucranianas. La defensa no niega el ataque: discute que sea un crimen de guerra y sostiene que el gasoducto era un arma rusa.
- ¿Qué impacto tiene? Una condena implicaría al Ejército ucraniano en un crimen de guerra contra su mayor donante europeo y reabriría el debate sobre quién protege las conducciones submarinas del continente.
El Tribunal Superior Regional de Hamburgo ha abierto este miércoles el juicio por el sabotaje del Nord Stream, la voladura submarina que en septiembre de 2022 dejó fuera de servicio los gasoductos que unían Rusia y Alemania.
El acusado, el ucraniano Serguéi Kuznetsov, ha entrado en la sala bajo fuertes medidas de seguridad y no ha abierto la boca. La Fiscalía Federal alemana sostiene que dirigió la operación y califica el ataque de crimen de guerra. La sala ha fijado 24 sesiones que se extenderán hasta febrero de 2027.
La acusación alemana: 136 páginas y ni una huella dactilar
Según el relato de los fiscales, Kuznetsov entró en en Alemania en septiembre de 2022 con un pasaporte ucraniano falsificado, alquiló un yate de recreo con seis cómplices y colocó explosivos en una de las cuatro conducciones submarinas del proyecto mientras su equipo saboteaba las tres restantes. Todo, sostienen, ‘por cuenta de autoridades estatales ucranianas’.
En la vista de apertura no se ha presentado ni una prueba. Los detalles proceden de las 136 páginas del escrito de acusación que han publicado las cadenas públicas ARD y NDR: una llamada de Kuznetsov a su esposa en 2025, bajo custodia en Italia, en la que defendió el ataque como ‘una operación militar oficial’; fotografías de turistas y de radares que lo sitúan en Alemania esos días; restos de los explosivos militares RDX y HMX en el yate ‘Andromeda’; y búsquedas en su teléfono sobre los gasoductos y las profundidades del Báltico.
Kuznetsov ha guardado silencio absoluto. Sus abogados alegan que, como oficial del Ejército ucraniano en la fecha de los hechos, no puede declarar sin revelar secretos de Estado, ni siquiera ante ellos, y que mantendrá esa posición todo el juicio. Su asesor jurídico, Iliá Novikov, lo ha resumido así: ‘Guarda silencio, y esa es su posición’.
Un tribunal alemán juzga la voladura del gasoducto más caro del mundo con una defensa que no discute el hecho, sino el derecho a cometerlo.
Los seis que no se sientan en el banquillo
Kuznetsov es el único de los siete presuntos saboteadores ante un tribunal. Otro sospechoso, identificado como ‘Vladimir Z’, fue detenido en Croacia en agosto y pelea su extradición a Alemania. Según medios alemanes, tres buceadores civiles y el patrón del yate siguen en paradero desconocido, y un experto militar en explosivos murió en Ucrania en 2024.
Un gasoducto concebido como herramienta de influencia ha acabado convertido en un juicio penal sobre quién decide qué es legítimo en una guerra.
Sobre el caso planea una tesis alternativa que la acusación nunca ha respondido. El periodista estadounidense Seymour Hersh sostiene que un equipo ucraniano no habría podido transportar el material de buceo profundo y los explosivos en un yate de quince metros sin ser detectado, con la OTAN maniobrando en la misma zona del Báltico. Citando fuentes de inteligencia, atribuye la voladura a la CIA y a la Marina noruega. No damos por buena ninguna de las dos versiones.
La defensa no niega el ataque: discute si fue un crimen de guerra
La estrategia es tan simple como incómoda. Los abogados de Kuznetsov no niegan su participación. Subrayan que las pruebas son indiciarias, que sus huellas no figuran entre las recogidas en el ‘Andromeda’ y que la fiscalía no tiene un solo testigo presencial. ‘Corresponde a la acusación probar más allá de toda duda razonable que estuvo implicado’, ha dicho Novikov.
El esfuerzo real ha ido a otra parte: sostener que volar Nord Stream fue legítimo. ‘¿Es ilegal destruir la infraestructura de un agresor sin causar daño a ningún ser humano?’, ha preguntado al tribunal el abogado Nicola Canestrini, especializado en crímenes de guerra en La Haya. Su colega Jes Meyer-Lohkamp ha añadido que la sala debe examinar si los gasoductos ‘deberían haber estado operativos a la luz de la guerra de agresión ilegal de Rusia’. Para Canestrini, Nord Stream era ‘un arma en manos de los rusos’.
Canestrini ha pedido además la nulidad del proceso: Kuznetsov fue extraditado por ‘sabotaje’, no por ‘crímenes de guerra’, de modo que la sala juzgaría algo distinto de aquello por lo que se le entregó. La fiscalía responde que la voladura fue un ‘ataque por medios militares contra objetos civiles’ y que eso es, precisamente, un crimen de guerra.
Equilibrio de Poder
El eje Washington-Moscú-Bruselas sigue el proceso con intereses cruzados. Para el Kremlin, cada sesión es una prueba gratuita de que Europa fue atacada por su propio protegido. Para la administración de Donald Trump, el caso alimenta su tesis de que Bruselas y Kiev gestionan los hechos con opacidad y de que el dinero estadounidense financia a un Ejército capaz de volar infraestructura civil. En Bruselas, la prioridad es que el expediente no se convierta en un plebiscito sobre el apoyo a Ucrania, justo cuando ese apoyo ya se discute en varias capitales.
Para España el interés no está en el Báltico, sino en la doctrina que el caso fija. El sabotaje reordenó los flujos de gas europeos y consolidó el papel de las plantas regasificadoras españolas como puerta de entrada del gas natural licuado al continente. Y dejó una lección incómoda: si volar un gasoducto puede defenderse como acto legítimo contra un agresor, cualquier conducción submarina —el Medgaz que trae gas argelino a Almería, los cables que conectan la Península con Estados Unidos y con el norte de África— entra en el mismo debate. Las bases de Rota y Morón son la parte visible de una protección que depende de la OTAN y de la Unión Europea.
La lectura a cinco años es más incómoda. Un tribunal alemán está decidiendo, en la práctica, si la infraestructura energética de un país es objetivo militar legítimo cuando ese país libra una guerra de agresión. Si la respuesta es sí, la consecuencia no se queda en el Báltico: legitima el sabotaje como herramienta de política exterior y traslada la carga de la prueba a quien quiera defenderse. Si la respuesta es no y la sentencia llega, Berlín tendrá que explicar cómo sostiene militarmente a un Ejército cuyo Estado Mayor aparece, según la acusación, detrás de la operación.
El riesgo inmediato es que el juicio termine sin condena. Sin huellas, sin testigos y con un acusado que no puede declarar por razón de su cargo militar, la Fiscalía Federal afronta una pared probatoria difícil de escalar. Las 24 sesiones se extienden hasta febrero de 2027 y la extradición del segundo sospechoso desde Croacia sigue pendiente. Ahí se medirá la temperatura real del caso.
