EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Pedro Sánchez y el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, han situado la revalorización de las pensiones conforme al IPC antes de que acabe el año, previsiblemente ya en diciembre y con el Gobierno en funciones tras las elecciones generales del 29-N.
- ¿Quién está detrás? El presidente del Gobierno y el ministro de Economía, que alegan un motivo técnico: el dato de inflación no llega a tiempo para aprobar el decreto-ley antes de votar. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo promete aplicar el IPC, pero lo condiciona al estado de la economía.
- ¿Qué impacto tiene? Millones de pensionistas esperan una subida convertida ya en el primer gran eje del pulso electoral entre PSOE y PP.
La revalorización de las pensiones con el IPC se decidirá tras el 29-N, y PSOE y PP se disputan el voto pensionista. Ese es el marco que ha dejado la jornada de este jueves, con Pedro Sánchez desde Bruselas y con Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, en una entrevista en TVE. Ambos coinciden en el calendario: la subida llegará a finales de año, ya con el Ejecutivo en funciones.
Por qué la subida espera a diciembre y no llega antes del 29-N
Cuerpo ha puesto el acento en la explicación técnica. El dato de inflación con el que se calculan las pensiones llega el 27 de noviembre, apenas dos días antes de la cita con las urnas y sin margen para que un Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto-Ley de subida. La norma necesita su tramitación, su convalidación posterior en el Congreso y su publicación en el BOE. Con ese calendario, adelantar la medida resultaba materialmente imposible. Así lo recoge Europa Press en la comparecencia del vicepresidente.
El Real Decreto-Ley es la figura con rango de ley que el Gobierno aprueba en Consejo de Ministros y que el Congreso debe convalidar en un plazo de treinta días. En materia de pensiones, la referencia es la ley de garantía del poder adquisitivo, que devolvió la actualización automática con el IPC y cuyo texto está publicado en el Boletín Oficial del Estado. El indicador que fijará el porcentaje definitivo lo dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística unas semanas antes del 29-N.
No es un detalle menor. La reforma de 2021 ató por ley la subida al IPC y puso fin al índice de revalorización que se había instalado una década antes, cuando las pensiones llegaron a congelarse en el 0,25% anual. Recuperar el IPC fue una decisión de Estado, no un gesto táctico. Ahora, con el ciclo electoral abierto, esa misma herramienta vuelve al centro del debate.
Feijóo también promete el IPC, pero con una letra pequeña
La oposición no ha querido quedarse fuera del terreno. Alberto Núñez Feijóo asegura que también revalorizará las pensiones conforme al IPC, aunque liga esa sostenibilidad a lo que describe como una ‘economía adecuada’. La frase encierra toda la diferencia. El PSOE defiende una garantía automática, escrita en la ley; el PP la deja abierta al contexto económico de cada momento.
Ahí está el pulso. Para Ferraz, la subida con el IPC no admite condiciones: es un derecho, no una concesión. El argumentario socialista insiste en que los pensionistas no pueden depender de la coyuntura ni del color del Gobierno de turno. El voto pensionista pesa. Y pesa cada vez más en un país envejecido, con una pirámide demográfica que empuja al alza el gasto público.
Atar las pensiones al IPC es hacerlas depender de la inflación; dejarlas a la economía adecuada es hacerlas depender del criterio de quien gobierna.
El Gobierno sostiene que el sistema es sostenible y que la subida está garantizada. La ministra portavoz, Pilar Alegría, y el portavoz del GPS en el Congreso, Patxi López, han repetido en las últimas semanas que no habrá recorte alguno sobre la mesa. La medida se aprobará, insisten, en cuanto el dato esté cerrado.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz no hay fisuras visibles en este asunto. El Grupo Parlamentario Socialista hace piña en torno a la garantía del IPC, y la dirección federal ha convertido la defensa de las pensiones en una de sus banderas de gestión. Los barones territoriales comparten el mensaje. Emiliano García-Page, Adrián Barbón y María Chivite defienden que la subida no se negocia, ni antes ni después de las urnas.
La lectura territorial es clara. En comunidades como Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra, donde el PSOE gobierna, el peso de los pensionistas sobre el censo es determinante. Cada décima de subida tiene un reflejo directo en la nómina de miles de hogares. La actualización con el IPC no solo protege a los mayores: sostiene el consumo de buena parte del país.
El riesgo, eso sí, está en el calendario. Aprobar el decreto-ley con el Gobierno en funciones obliga a una convalidación parlamentaria en un arco complejo, y cualquier demora podría retrasar la subida hasta enero. Ferraz trabaja para que no ocurra. El precedente lo avala: desde 2021, ninguna subida ligada al IPC ha faltado a su cita.
La gestión de Sánchez en materia de pensiones se mide frente a un pasado muy concreto. Entre la reforma que abrió la puerta al recorte y, después por el índice de revalorización, el poder adquisitivo de los pensionistas perdió terreno año tras año. La norma que ató la subida al IPC rompió esa tendencia. Ese es el contraste que el PSOE quiere poner encima de la mesa en plena precampaña.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Blindaje del Estado del bienestar y de las pensiones frente a cualquier recorte o condicionante económico.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE) y Carlos Cuerpo (vicepresidente primero y ministro de Economía).
- Próximo hito: Publicación del dato de inflación el 27 de noviembre y aprobación de la subida en un Consejo de Ministros ya en diciembre, tras las elecciones del 29-N.
