EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha aprobado, con 21 votos a favor y cuatro en contra, el informe de la eurodiputada del PP Carmen Crespo que reclama revisar el Plan Plurianual del Mediterráneo.
- ¿Quién está detrás? El texto parte de Carmen Crespo, presidenta de la comisión de Pesca, y cuenta con el respaldo del sector, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Santa Pola.
- ¿Qué impacto tiene? Da oxígeno a los pescadores alicantinos del arrastre y abre la vía a garantizar 180 días de pesca anuales, desvinculando la actividad de la especie más vulnerable.
La comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha aprobado el informe de Carmen Crespo sobre el Plan Plurianual del Mediterráneo. La eurodiputada del PP, presidenta de este órgano, logra 21 votos a favor y cuatro en contra y abre la vía a garantizar un mínimo de 180 días de pesca anuales para el arrastre de la cuenca.
El texto no es todavía una norma, pero marca el rumbo. La comisión de Pesca reclama una revisión urgente y profunda del reglamento que ordena la actividad en el Mediterráneo y da un golpe sobre la mesa tras cinco años de de recortes continuados. El mensaje que traslada a Bruselas es directo: la flota no puede seguir dependiendo de la especie más vulnerable del caladero para calcular cuántos días sale a faenar.
El informe plantea modificaciones de fondo. Evita que las posibilidades de pesca de toda la flota queden condicionadas por la especie más frágil, fija una media mínima de 180 jornadas anuales por embarcación y pide mayor flexibilidad en la gestión de las pesquerías mixtas. A eso se suma la incorporación de criterios socioeconómicos a las decisiones y la eliminación de la doble regulación de la gamba roja, que se mantendría bajo el sistema de días de pesca.
El calendario apremia. La comisión insta a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa antes del 1 de diciembre de 2026 para revisar el plan vigente. Sin ese paso, el respaldo cosechado en la Eurocámara se quedará en voluntad política.
Veintiún votos frente a la lógica de los recortes
El resultado de la votación, 21 a favor y cuatro en contra, refleja un consenso poco habitual en el seno de la comisión de Pesca. El texto arranca del trabajo de Carmen Crespo, presidenta del órgano y eurodiputada del PP, y recoge las principales reivindicaciones que la flota lleva años trasladando a Bruselas. No es una victoria definitiva, pero sí el primer documento europeo que asume abiertamente que el actual Plan Plurianual ha asfixiado al arrastre mediterráneo.
Las primeras reacciones no se han hecho esperar. La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, ha mostrado su ‘gran satisfacción porque, por fin, todos los esfuerzos y reivindicaciones que en los últimos años ha realizado el sector pesquero junto a instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación de Alicante o la Generalitat empiezan a dar sus frutos’. El conseller de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, lo ha calificado como un principio de ‘cambio de rumbo en Europa.
El respaldo de la Eurocámara no devuelve ni un solo día de faena por sí solo: obliga a Bruselas a mover ficha antes de diciembre y deja a la flota ante su última ventana del año.
Santa Pola respira, pero la batalla sigue en Bruselas
El sector alicantino llega a esta votación después de un agosto clave. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asignó 860 días adicionales a la pesca de arrastre de la provincia, un balón de oxígeno que benefició a 106 embarcaciones que habían cumplido con las exigencias comunitarias e incorporado puertas voladoras para preservar los fondos marinos. Fue la primera buena noticia tras cinco años de recortes.
La presión de España, Francia e Italia permitió, además, mantener las 143 jornadas de actividad que ya estuvieron vigentes en 2025. La cifra, sin embargo, sigue muy por debajo de las 180 que el informe de Crespo coloca ahora como suelo. Ese es el terreno de juego real: un pulso entre los días que Bruselas concede y los que el Mediterráneo considera imprescindibles para no desaparecer.
El impacto no se limita a Alicante. El arrastre mediterráneo se extiende por Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares, donde las cofradías dependen de las mismas reglas. Cada jornada recortada se convierte en menos ingresos, más costes fijos y una flota que deja de renovarse.
El Eje del Poder Europeo
El pulso por el Mediterráneo reproduce la lógica de bloques que atraviesa buena parte de la política comunitaria. España, Francia e Italia empujan en bloque por aliviar las reglas, mientras que los Estados del norte —Alemania, Países Bajos, Dinamarca— suelen respaldar los criterios ambientales más estrictos. Bruselas se mueve entre ambos: su obligación legal es recuperar las poblaciones de peces, pero la presión del sur ha ido ganando terreno ejercicio tras ejercicio.
Para España, el movimiento llega en un momento delicado. La Política Pesquera Común fija desde Bruselas los días y las cuotas que después aterrizan en cada comunidad autónoma con un margen muy estrecho. Moncloa ha venido reclamando mayor flexibilidad sin romper el marco ambiental, y la oposición exige desde hace años un plan que no sacrifique a la flota para cumplir con la letra del reglamento. Se trata de un equilibrio difícil: proteger el caladero sin vaciar los puertos.
La lectura a corto plazo es clara. El informe aprobado es una declaración de intenciones que presiona a la Comisión, pero no cambia ni una sola jornada hasta que Bruselas presente su propuesta y el Consejo de ministros de Pesca la debata. El próximo hito es doble: el pleno del Parlamento Europeo deberá ratificar el texto y la Comisión tiene hasta el 1 de diciembre de 2026 para mover ficha. Si se retrasa, la flota volverá a empezar el año con la misma incertidumbre que le ha costado cinco ejercicios de recortes.
