Sánchez carga contra el PP y Vox por las pensiones y promete revalorizarlas antes de que acabe el año. Lo ha dicho desde Bruselas, en plena precampaña del 29-N y a su llegada a la reunión del Consejo Europeo.
El presidente del Gobierno ha repetido el mensaje que ya traslada en cada mitin del PSOE: que el PP y la ‘ultraderecha’ de Vox recortarán las pensiones si llegan a gobernar tras la cita con las urnas. ‘Nuestra intención, por supuesto, es que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año’, ha garantizado Sánchez, que ha trasladado su ‘perplejidad’ ante los pronunciamientos de dirigentes de ambos partidos. El Ejecutivo seguirá en funciones hasta que haya una nueva investidura.
El argumentario de Vox frente al marco electoral del Gobierno
En Vox rechazan ese marco y lo sitúan en la estrategia electoral del Ejecutivo. La formación que preside Santiago Abascal sostiene que vincular a la derecha con un recorte de las pensiones es un recurso de campaña y no una descripción de sus planes. El partido recuerda que la revalorización conforme al IPC es una obligación legal del sistema público, no un mérito que el Gobierno pueda cobrar cada ejercicio. Y añade un matiz: quien usa a los pensionistas como arma electoral asume que no tiene otro argumento.
A eso se suma el argumento de fondo que el GPVOX traslada en el Congreso de los Diputados: el problema real no es la subida de este año, sino la sostenibilidad del sistema a medio plazo. En la dirección del partido insisten en que el reto es demográfico y en que el debate serio consiste en garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas sin comprometer las cuentas públicas. Frente a los anuncios anuales, Vox reclama medidas estructurales y rechaza que la subida se convierta en moneda de cambio electoral.
El calendario de Sánchez y el pulso por el voto de los pensionistas
La promesa llega con letra pequeña. La revalorización se aprobará mediante un decreto ley, una norma con rango de ley que el Gobierno aprueba sin pasar por el Parlamento, se publica en el Boletín Oficial del Estado y después debe convalidar la Cámara.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha apuntado que la medida se cerrará cuando se conozca el dato de inflación, previsiblemente ya en diciembre. Su convalidación corresponderá a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que vela por la Cámara entre periodos de sesiones. El propio Sánchez admite que el texto podría llegar antes de las elecciones o después, ya con el Gobierno en funciones.
La promesa llega con la legislatura agotada y el Ejecutivo en funciones: se apruebe antes o después del 29-N, el anuncio se mueve en clave electoral.
Sánchez agrupa a los populares y a Vox bajo la etiqueta de las derechas y atribuye a sus portavoces la intención de recortar las pensiones o de callarse hasta después de las elecciones. El hilo que une a ambos partidos en el discurso del presidente es la coalición que ensayaron en ayuntamientos y comunidades y que Vox rompió en los gobiernos autonómicos. Ahí aparece el flanco que el partido de Abascal quiere explotar: marcar perfil propio sin quedar absorbido por el PP.
El voto de los pensionistas, un bloque decisivo por su peso demográfico y su alta participación, se convierte así en terreno de disputa. El Gobierno quiere rentabilizar la subida; Vox quiere desmontar el marco del miedo y llevar la discusión a la sostenibilidad. Entre ambos relatos, el PP queda obligado a fijar posición en un asunto que arrastra años de polémica.
Qué gana Vox con el debate de las pensiones abierto
La lectura estratégica tiene dos caras. Sánchez ha celebrado que la campaña ‘va por donde queríamos’, convencido de que la derecha ha cometido un error no forzado al reabrir las pensiones cuando el plan del PSOE pasaba por centrar el foco en la crisis migratoria de Ceuta o en los casos de corrupción que acechan al partido. El presidente ha insistido en que su campaña es ‘propositiva, optimista y de esperanza’ y en que aspira a seguir gobernando después del 29-N.
El presidente ha exhibido cifras para sostener su relato: en 2018, cuando el PP dejó la Moncloa, la hucha de las pensiones tenía 5.000 millones, frente a los 20.000 millones con los que prevé cerrar esta legislatura. Ha reivindicado también la subida del salario mínimo y una reforma laboral que, según su versión, ha reducido al 12% la temporalidad. Es el terreno en el que Vox quiere confrontar: el de la credibilidad de las cuentas públicas.
Para Vox, el intercambio tiene una utilidad evidente: le permite discutir con el Gobierno en el terreno de la viabilidad y marcar distancia con el PP en un asunto sensible para el electorado de más edad. El partido llega a la cita del 29-N con el argumento de que la sostenibilidad exige decisiones de fondo. Con el decreto ley de diciembre como primer hito, la formación sostiene que el debate debe instalarse en el sistema y no en la campaña electoral.
