La amnistía de los líderes del procés vuelve a los tribunales por la puerta de atrás. Societat Civil Catalana (SCC) prepara un recurso de apelación contra la resolución del Tribunal de Cuentas que dio por cerrada la vía contable del 1-O y dejó sin responsabilidad económica a Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras.
La entidad constitucionalista discrepa del fondo y del encaje jurídico. A su juicio, los argumentos que sostienen el archivo son discutibles y no cabe aplicar la norma a quienes el Tribunal Supremo condenó por desviar fondos públicos. La causa reclamaba restituir el dinero público empleado en la organización del referéndum ilegal de 2017.
En el procedimiento, la Fiscalía se alineó con las defensas y pidió el archivo. Los nombres: Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras. Con esa decisión, el último frente económico del procés quedaba desactivado.
Qué impugna SCC y en qué instancia
El primer paso es un recurso de apelación ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, el órgano que revisa las resoluciones de los consejeros de Cuentas dentro de la jurisdicción contable. Si la respuesta vuelve a ser negativa, el recorrido apunta al Tribunal Supremo y, en última instancia, al Tribunal Constitucional por una posible vulneración de la tutela judicial efectiva. La entidad no cierra ninguna puerta y no descarta acudir a a instancias superiores.
Los argumentos de fondo son dos. El primero, que ninguno de los dirigentes ha pedido perdón a la ciudadanía perjudicada por la crisis de 2017, financiada con dinero de los contribuyentes. El segundo, que nada garantiza que no vuelvan a intentarlo. SCC sostiene que la vía judicial mantiene su recorrido y que los encausados no merecen la medida de gracia.
El archivo contable no cierra el procés; lo desplaza del terreno penal al de la memoria, donde ningún tribunal dicta sentencia.
El relato de la pacificación, en cuestión
SCC niega que la amnistía haya servido para rebajar la tensión en Cataluña. La entidad atribuye la calma a dos factores ajenos a la medida de gracia: la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017 y el cambio de color en el Palau de la Generalitat con la llegada de Salvador Illa en agosto de 2024. A eso suma un aviso: los dirigentes independentistas mantienen su intención de volver a intentarlo.
La crítica no se queda en el plano judicial. Para la asociación, el viraje del Gobierno central respecto a sus compromisos electorales es difícil de digerir: en los comicios de julio de 2023, los partidos que hoy sostienen la amnistía prometieron que no habría medidas de gracia por sedición, malversación ni desobediencia. Su lectura es que el pacto responde a un beneficio mutuo entre quienes vulneraron el orden constitucional y quienes engañaron a los electores.
No es solo un debate legal o político, insisten. Es, dicen, un asunto de dignidad ciudadana. Y ahí está el nudo: la medida de gracia se ha vendido como herramienta de convivencia, pero quien se siente perjudicado no encuentra reparación ni disculpa. Cosas que pasan en 2026.
Análisis: por qué este frente incomoda más a Moncloa que al Palau
Lo que observamos es un movimiento incómodo por su calendario. El Gobierno central ha construido buena parte de su relato de legislatura sobre la idea de que la amnistía pacificó Cataluña, y cada resolución judicial que reabre el caso obliga a sostener esa tesis con más esfuerzo. La Generalitat, en cambio, tiene menos que perder: el Govern de Illa mantiene un perfil bajo y evita pronunciarse sobre los flecos contables del 1-O.
A eso se suma el tablero catalán. ERC y Junts convirtieron la amnistía en un eje de su relato de legislatura, pero ninguno tiene interés en que la conversación vuelva a girar en torno a la caja del 1-O. El PSC, socio de investidura y de Govern, prefiere mirar hacia la financiación singular antes que hacia el otoño de 2017. Nadie quiere el debate. El debate, sin embargo, ya está en marcha.
El precedente invita a la prudencia. La vía contable tiene sus propios tiempos y sobrevive a los cambios políticos: el caso de los ERE andaluces mantuvo abierto el frente económico durante más de una década, mucho después de que la instrucción penal perdiera fuelle. Dejémoslo en un ‘ya veremos’. En paralelo, el espacio constitucionalista catalán busca aire y este tipo de recursos le sirven para recordar que sigue ahí.
El siguiente hito está en la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, que deberá decidir si confirma el archivo o devuelve la causa a la casilla de salida. Después, si SCC cumple lo anunciado, la pelota pasará al Tribunal Supremo. Ni en el Palau ni en Moncloa hay prisa por volver a hablar de malversación; lo que no aparece en los titulares es que la factura de 2017 sigue sin cobrarse.
