EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía Anticorrupción pide la apertura de juicio oral contra siete personas por las irregularidades de las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria entre 2016 y 2019, con penas de hasta cinco años de cárcel.
- ¿Quién está detrás? El fiscal Javier Ródenas señala a la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, a dos exdirectores insulares, al entonces interventor general y a tres empresarios.
- ¿Qué impacto tiene? El escrito cifra el perjuicio en al menos 11.000 euros y describe un fraccionamiento de contratos para eludir la publicidad y la concurrencia.
La Fiscalía Anticorrupción pide hasta cinco años de cárcel para siete acusados en el caso Jornadas del Paisaje de Gran Canaria.
El escrito de conclusiones provisionales, de 97 folios, se presentó después de que el magistrado de la plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria diera por cerrada la investigación y concediera diez días a las partes para acusar. El fiscal Javier Ródenas describe un plan concertado para adjudicar a dedo cuatro ediciones del evento. El auto conocido el pasado 3 de octubre ya apuntaba al fraccionamiento de los contratos.
Un plan de contratos troceados para adjudicar cuatro jornadas
La acusación sostiene que varias sociedades actuaron como pantalla. El Instituto Canario de Telecomunicaciones, vinculado al periodista y empresario Míchel Jorge Millares, figura como adjudicatario formal en 2016, 2017 y 2018.
Para 2019, la cobertura administrativa la aportó Yedra Comunicación, sociedad ligada a Mónica del Pino Torres.
Detrás de todas ellas trabajaba, según el fiscal, la misma empresa. Imaco 89, administrada por María Ángeles Horna, asumía la ejecución real de los eventos. De los 67.217,40 euros que el Cabildo pagó al Instituto Canario de Telecomunicaciones, 44.503,75 acabaron en en esta mercantil; de los 14.950 euros abonados a Yedra, 14.924,24 siguieron el mismo camino.
El mecanismo descrito pasa por dividir prestaciones de una misma unidad económica para no superar los límites del contrato menor. Esa fórmula esquiva la publicidad y la concurrencia que exige la ley. El escrito cita el artículo 118.2 de la ley de contratos públicos y sostiene que en 2018 y 2019 se tramitaron contratos con el servicio ya prestado.
El perjuicio confirmado ronda los 11.000 euros, pero el relato del fiscal describe algo mayor: una administración que convirtió la contratación pública en un decorado.
Los patrocinios suman otro frente. Según la acusación, los ingresos obtenidos por ese concepto debían descontarse del coste que asumía el Cabildo y nunca se aplicaron: el perjuicio se cifra en al menos 11.000 euros, repartidos entre 2017, 2018 y 2019.
Sobre el entonces interventor general, José Juan Sánchez Arencibia, el fiscal centra su presunta participación en la fiscalización de gastos pese a conocer los intereses de su esposa en Imaco. El auto ya aludía a posibles negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Cinco años de cárcel para la consejera y para los dos exdirectores
Para la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, se reclaman cinco años de prisión y diez de inhabilitación. La misma petición alcanza a Rafael Pedrero y Víctor Quevedo, responsables de Política Territorial y del Plan Insular de Ordenación en aquellos años.
La administradora de Imaco 89 y el empresario Míchel Jorge Millares se exponen a cinco años y seis de inhabilitación para contratar o recibir ayudas públicas. Para el exinterventor se piden dos años, 10.950 euros de multa y siete de inhabilitación; para Mónica del Pino Torres, tres años y otros tantos. Ninguna de esas penas es todavía una condena: hablamos de un escrito de acusación, no de una sentencia.
El Pulso Territorial
El de Gran Canaria no es un cabildo cualquiera: gestiona carreteras, aguas, residuos, y servicios sociales de una isla con más de 850.000 residentes. Canarias y Baleares comparten esa arquitectura insular —siete cabildos y cuatro consells—, única en España. El patrón que describe el fiscal, trocear el gasto para no superar los límites del contrato menor, reaparece en buena parte de las causas por contratación irregular que salpican a administraciones locales de otras comunidades. El expediente se remonta a los años 2016-2019, pero la corporación actual absorbe el desgaste y se ha apresurado a ofrecer su colaboración con la Justicia.
Lo que viene ahora se mide en meses de trámite. Si el juez admite el escrito, la causa se abrirá a juicio oral y la vista quedará pendiente del calendario de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Con los tiempos de la justicia penal, resulta difícil que haya sentencia antes de las elecciones insulares y autonómicas de mayo de 2027, en las que se renuevan los siete cabildos y el Parlamento de Canarias. Las penas solicitadas, muy dispares entre los siete acusados, anticipan una defensa centrada en individualizar responsabilidades.
Ficha Autonómica
- El caso: La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta cinco años de cárcel para siete personas por la contratación irregular de las Jornadas del Paisaje del Cabildo de Gran Canaria entre 2016 y 2019.
- Datos importantes: Escrito de acusación de 97 folios; perjuicio estimado de al menos 11.000 euros; 44.503,75 euros llegaron a Imaco 89 vía Instituto Canario de Telecomunicaciones y 14.924,24 euros vía Yedra Comunicación.
- Resumen: El caso queda listo para juicio oral si el juez admite la acusación. El Cabildo se ha mostrado dispuesto a colaborar y la fecha de la vista depende de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
