Las asociaciones de víctimas de la DANA convocan el 31 de octubre en València una manifestación para exigir la dimisión del Consell.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los colectivos de afectados llaman a los valencianos a marchar el sábado 31 de octubre, día del segundo aniversario de la catástrofe.
- ¿Quién está detrás? Las asociaciones de víctimas, que piden la salida de todo el Consell de Pérez Llorca y que el expresident Mazón deje de estar aforado.
- ¿Qué impacto tiene? La protesta devuelve el foco a la reconstrucción y a la prevención, con las Corts Valencianes y el Gobierno central como telón de fondo.
La cita: 31 de octubre, a las seis de la tarde
La marcha arrancará en la plaça de la Mare de Déu —la plaza de la Virgen— y terminará en la plaça de l’Ajuntament, el mismo recorrido que siguió la primera manifestación posterior a la riada. La convocatoria llega dos años después de unas inundaciones que afectaron a cerca de setenta municipios de la provincia de Valencia y dejaron 233 víctimas mortales.
Las entidades presentaron la convocatoria en una rueda de prensa y lanzaron una llamada expresa a la ciudadanía valenciana. El segundo aniversario se ha convertido en el momento elegido por los colectivos para volver a la calle y medir el estado real de la reconstrucción.
Dos años dan para mucho papeleo y poco asfalto. Los colectivos sostienen que las consecuencias de la catástrofe siguen presentes en los municipios afectados y que la reconstrucción avanza a un ritmo que no responde a lo prometido.
Las dos exigencias: dimisión del Consell y fin del aforamiento de Mazón
El primer punto de la protesta es institucional. Las asociaciones reclaman la dimisión de todo el Consell —el gobierno de la Generalitat Valenciana, el equivalente autonómico del Consejo de Ministros—, que desde diciembre de 2025 preside Juanfran Pérez Llorca con el respaldo de Vox. No piden la salida de un conseller concreto, sino la de un Ejecutivo completo al que atribuyen la falta de planes de prevención.
Dos años después, las víctimas no piden gestos: piden responsabilidades, planes de prevención y que nadie vuelva a decidir tarde.
El segundo apunta a Carlos Mazón, expresident de la Generalitat y diputado en las Corts Valencianes, el parlamento unicameral de la Comunitat Valenciana. Las asociaciones quieren que deje de estar aforado, una condición que sitúa su causa en el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el máximo órgano judicial de la región por debajo del Tribunal Supremo. Mazón era president cuando ocurrió la riada y dimitió el 3 de noviembre de 2025.
El eje del discurso de los convocantes es la prevención. Sostienen que la Comunitat Valenciana sigue sin los planes y protocolos necesarios para evitar una repetición de lo ocurrido, y sitúan la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024 —los avisos, los tiempos, la coordinación entre administraciones— como la prueba de lo que no puede volver a pasar. La prevención sigue siendo la asignatura pendiente.
La exigencia de responsabilidades se lee también en clave estatal. El Consorcio de Compensación de Seguros —el organismo público que asume los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no alcanza— y las ayudas canalizadas desde el Gobierno central forman parte de una respuesta que los afectados consideran lenta y fragmentada. La comparación histórica sigue sobre la mesa: Biescas en 1996, Murcia en 2012, y el Vallès en 1962, la referencia que inundaciones como estas han superado en número de víctimas.
El Escenario Valenciano
El tablero político valenciano no ha cambiado tanto como el cartel de sus responsables. El pacto entre el PP y Vox sigue sosteniendo el Consell de Pérez Llorca, con la reconstrucción como uno de sus frentes más incómodos. La manifestación del 31 de octubre llega como un examen ciudadano a las puertas del segundo aniversario.
En la oposición, el PSPV y Compromís han hecho de la gestión de la DANA su principal herramienta de desgaste, con exigencias constantes de datos actualizados sobre el ritmo de las ayudas. La protesta les coloca ante una reivindicación ciudadana que lleva dos años interpelando a todas las administraciones. El pacto aguanta, por ahora.
La dimensión nacional es evidente. Para el PP, la gestión de la catástrofe sigue siendo el asunto que más ha pesado en su imagen pública reciente, y el proceso judicial en torno a Mazón mantiene esa herida abierta en los tribunales. El Gobierno de Pedro Sánchez afronta, por su parte, el debate sobre el sistema nacional de protección civil y sobre el reparto de fondos entre administraciones.
El calendario marca los próximos pasos. Tras la manifestación del 31 de octubre, la presión se trasladará a las Corts Valencianes y al TSJ, donde la causa sigue su curso. Quedan por delante el tercer aniversario y una reconstrucción que, según los propios afectados, todavía no llega al ritmo que necesitan los municipios golpeados por el agua.
Ficha del Caso
- El caso: Las asociaciones de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 han convocado una manifestación en València para el segundo aniversario de la catástrofe y reclaman la dimisión del Consell.
- Datos importantes: La marcha será el sábado 31 de octubre a las seis de la tarde, de la plaça de la Mare de Déu a la plaça de l’Ajuntament. La catástrofe afectó a cerca de setenta municipios de la provincia de Valencia y dejó 233 víctimas mortales.
- Resumen: Las víctimas exigen responsabilidades políticas, el fin del aforamiento de Mazón y planes de prevención dos años después de la riada.
