EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Justicia ha demandado a California por 20.000 votantes presuntamente no ciudadanos en sus listas.
- ¿Quién está detrás? El fiscal general Todd Blanche y el Departamento de Seguridad Nacional, que ha cruzado el censo electoral con bases de datos federales.
- ¿Qué impacto tiene? Pide segregar las papeletas ya enviadas antes del 3 de noviembre; para España, ruido regulatorio en uno de los estados con más intereses empresariales españoles.
El Departamento de Justicia demanda a California por 20.000 votantes presuntamente no ciudadanos a tres semanas de las elecciones de medio mandato.
Una denuncia de 16 páginas con las papeletas ya en la calle
La acción, presentada el jueves 15 de octubre ante un tribunal federal, tiene dos destinatarios: la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y el responsable del registro electoral del condado de Los Ángeles, Dean Logan. Según el escrito de 16 páginas, el Departamento de Seguridad Nacional (el ministerio americano de inmigración y fronteras) localizó los nombres cruzando el censo electoral con bases de datos federales. El texto no da por probado que sean extranjeros: habla de ‘probables no ciudadanos’ y deja la calificación definitiva en manos del juez.
Lo urgente no es la cifra, sino el calendario. En California, todo votante registrado recibe por ley una papeleta por correo sin necesidad de pedirla, para los comicios federales, estatales, y locales. Miles de esos probables no ciudadanos tienen el sobre en casa desde principios de octubre. El DOJ exige que esos votos se segreguen —se aparten del recuento general y queden bajo custodia— y sostiene que el estado pudo depurar sus listas y no lo hizo.
‘El fraude electoral facilitado por el Estado es inaceptable en Estados Unidos’, dijo el fiscal general Todd Blanche. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, añadió que un solo voto irregular anula el de un ciudadano americano. Y Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto en el Distrito Central de California, lo formuló como una exigencia: los votos de los ciudadanos no deben quedar diluidos por los de quienes no pueden votar.
Newsom responde: ‘sin precedentes’ en plena votación
El gobernador Gavin Newsom calificó el movimiento de ‘triste’ y ‘desesperado’, y sostuvo que se ha pedido a funcionarios locales, en pleno proceso de voto, algo ‘totalmente sin precedentes’. En su lectura, los tribunales ya han dejado claro que el gobierno federal no tiene papel en cómo un estado organiza sus elecciones.
En un mensaje publicado el jueves, el fiscal general estatal, Rob Bonta, defendió que todos los recuentos, auditorías y litigios de los últimos años han descartado un fraude generalizado, y tildó las exigencias de última hora de ‘sin mérito’. El peso político es evidente: California aporta la mayor delegación al Colegio Electoral del país y sus papeletas ya están en manos de los votantes. Cualquier decisión judicial que llegue antes del 3 de noviembre se leerá en clave nacional.
La batalla por el censo electoral no se decide en las urnas: se decide en los juzgados, y Washington ha movido ficha tres semanas antes de la cita.
La comparación con España mide la distancia entre los dos sistemas. Aquí el censo electoral es permanente y se forma de oficio: nadie se inscribe para votar. Se construye con los datos del padrón municipal y lo gestionan la Oficina del Censo Electoral y el Instituto Nacional de Estadística. En Estados Unidos, cada estado diseña su propio registro, y de ahí nacen pleitos como este: la ley federal impone deberes de mantenimiento de las listas, pero la Cláusula Electoral —el artículo constitucional que reserva a los estados la organización del voto— deja el diseño en manos de cada capital estatal.
La Lógica de Washington
Vista desde dentro, la demanda no es un gesto simbólico: es el uso de una competencia que existe. La National Voter Registration Act de 1993 —la ley del motor voter, que permite registrarse al renovar el carné de conducir— obliga a los estados a mantener el censo al día, y la División de Derechos Civiles puede llevar a un estado a los tribunales para exigirlo, apoyándose en en esa obligación. La coalición que sostiene estas acciones tampoco es nueva: desde 2021, la integridad del censo es prioridad explícita del Partido Republicano en casi todos los estados que gobierna.
El precedente que inspira a la Casa Blanca no es el de las auditorías de 2020, sino el de la Ley de Derecho al Voto de 1965, cuando el gobierno federal desembarcó en estados del sur para garantizar el voto afroamericano. Esa tensión sigue viva: Washington reclama supervisión federal, los estados reivindican soberanía sobre sus papeletas. Y el Tribunal Supremo no ha querido zanjar el fondo del asunto desde 2013.
Para España, el litigio no mueve una sola factura, pero interesa a quien tiene dinero en el estado. Santander e Iberdrola —esta última a través de su filial americana Avangrid—, además de Inditex o Ferrovial, operan en el mercado californiano. Un proceso electoral cuestionado en el estado más rico del país añade ruido reputacional al calcular riesgo regulatorio. A eso se suma el coste diplomático: cada semana de agenda americana consumida en disputas internas es una semana menos de atención a lo que afecta a Madrid y a Bruselas, ya sean los aranceles o la defensa europea.
La próxima ventana es judicial. El caso está en el Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles, y el departamento ha pedido medidas de emergencia: la segregación de las papeletas ya devueltas. Nadie espera una sentencia definitiva antes del 3 de noviembre, pero una orden de custodia dictada en los próximos días bastaría para reabrir el debate nacional sobre quién vigila el voto. Si el juez rechaza la petición, la vía de recurso apunta al Noveno Circuito, con sede en San Francisco. Y si el asunto llega al Supremo, entraría en un terreno que el alto tribunal no ha querido transitar desde 2013. La incógnita, honestamente, es cuánto pesará la ley y cuánto el calendario.
Ficha del Caso
- El caso: el Departamento de Justicia pide a un tribunal federal que California depure su censo electoral y aparte las papeletas de 20.000 votantes señalados como probables no ciudadanos, a tres semanas de las urnas.
- Datos clave: escrito de 16 páginas presentado el 15 de octubre; 20.000 registros identificados por el Departamento de Seguridad Nacional; papeletas por correo enviadas desde principios de octubre; cita electoral el 3 de noviembre de 2026.
- Para España: sin impacto económico directo, pero relevante para las empresas españolas presentes en California y para el ancho de banda diplomático entre Madrid y Washington en la recta final del ciclo electoral americano.
