La jueza de Santiago suspende la cárcel al maquinista del Alvia hasta que se resuelva su indulto.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago ha suspendido la pena de dos años y medio de cárcel a Francisco Garzón, maquinista del Alvia, hasta que se resuelva el indulto.
- ¿Quién está detrás? La jueza María Elena Fernández Currás firma el auto del 14 de octubre. La Fiscalía y la propia jueza respaldan la medida de gracia. Adif, Renfe y el Ministerio de Fomento estuvieron señalados por la plataforma de víctimas.
- ¿Qué impacto tiene? Garzón no entrará en prisión mientras se tramita el indulto, cuya decisión final corresponde al Consejo de Ministros.
Un auto del Juzgado de lo Penal número 2 que aparta a Garzón de prisión
El auto del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, fechado el miércoles 14 de octubre, accede a la suspensión de la pena de dos años y medio de prisión impuesta a Francisco Garzón, el único condenado por el descarrilamiento del tren Alvia en Angrois en julio de 2013.
La titular del juzgado, María Elena Fernández Currás, aparta al condenado de prisión «mientras se tramita el indulto solicitado y hasta que recaiga la decisión correspondiente». Lo justifica atendiendo a «las circunstancias de todo tipo» concurrentes en el condenado, el delito y la naturaleza de la pena. Garzón no entrará en prisión por ahora.
La resolución reconoce una paradoja legal. La Ley de Indulto establece que la petición de gracia «no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria». Sin embargo, el Código Penal abre la puerta a ponderar otros factores, y la jueza se apoya en esa vía. El auto puede impugnarse mediante recurso de reforma en tres días o apelación directa en cinco.
Tras más de una década de instrucción y un juicio de varios meses, la Audiencia Provincial de A Coruña retiró la condena al ex jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. Dejó así a Garzón como único responsable. La Fiscalía y la propia jueza han respaldado el indulto.
Trece años después de la tragedia, el caso sigue señalando a quienes tomaron las decisiones técnicas y políticas que dejaron la curva sin protección.
La plataforma de víctimas de Angrois sostiene esa lectura desde el primer día. Denunció decisiones tanto en el ámbito técnico —Adif y Renfe— como en el político, con el entonces Ministerio de Fomento en el punto de mira, que habrían rebajado el nivel de seguridad en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago de Compostela. En la curva de A Grandeira, la primera tras un trazado casi rectilíneo, el sistema de control de velocidad ERTMS quedó fuera de servicio y todo dependió de un fallo humano.
El descarrilamiento de julio de 2013 dejó 80 muertos. Trece años después, la pregunta que abrió el caso sigue sin respuesta plena: por qué la curva más delicada del trazado quedó sin la protección tecnológica que la habría frenado de forma automática.
La dimensión institucional: Adif, Renfe y una decisión que llega a Madrid
El fondo del asunto trasciende al maquinista. La responsabilidad se reparte entre dos empresas públicas y un ministerio, y ese es el terreno donde el caso conecta con la política nacional. La decisión final sobre el indulto no corresponde a la jueza: la adopta el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia.
Es un acto político, no solo jurídico. Coloca al Gobierno central ante un expediente con víctimas y una sentencia firme. La Asociación de Víctimas del Alvia ha pedido en repetidas ocasiones que se depuren responsabilidades más allá del maquinista.
A lo largo de estos años, el caso ha recorrido el Parlamento de Galicia (la cámara autonómica, con 75 deputados). El PPdeG gobierna la Xunta con mayoría absoluta desde 2009; el BNG ejerce como primera fuerza de la oposición y el PSdeG completa el arco parlamentario. La seguridad del corredor atlántico es un asunto sensible en la comunidad.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva trece años mirando de reojo a Madrid cada vez que se habla de Angrois. El entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hoy líder nacional del PP, había convertido la llegada de la alta velocidad a la comunidad en su gran bandera política. El accidente ocurrió en ese corredor, el Ourense-Santiago, apenas dos años después de su estreno. Obra inaugurada y tragedia quedaron unidas en el relato político gallego.
Hoy la pelota está en el tejado del Ejecutivo central, que debe resolver el indulto. La jueza ha hecho su parte; la Fiscalía, también. Queda el paso político, el que convierte un expediente judicial en una decisión con lectura nacional. Si el Consejo de Ministros concede la medida de gracia, lo hará con las víctimas reclamando todavía verdad completa; si la deniega, devolverá a Garzón a la puerta de la cárcel. En paralelo, el auto sigue expuesto a recurso de reforma o apelación, así que el calendario no está cerrado.
En el Parlamento de Galicia, la mayoría absoluta del PPdeG y la presión del BNG como primera oposición mantienen vivo el debate sobre las infraestructuras del corredor atlántico. Lo que ocurra con el indulto no se leerá solo en Santiago: se leerá también en Madrid, donde el modelo de gestión de infraestructuras que Galicia ensayó durante dos décadas sigue siendo materia de discusión. La próxima decisión relevante llegará desde el Consejo de Ministros.
Ficha del Caso
- El caso: Francisco Garzón, maquinista del Alvia que descarriló en Angrois (Santiago) en 2013, fue condenado a dos años y medio de prisión como único responsable del siniestro.
- Datos importantes: El auto del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, fechado el 14 de octubre, suspende la pena mientras se tramita el indulto. La Fiscalía y la jueza lo respaldan. Hubo 80 muertos.
- Resumen: La medida de gracia depende ahora del Consejo de Ministros, lo que traslada a Madrid una decisión que Galicia sigue mirando de cerca desde 2013.
