El Supremo reclama al TSJCV el auto de marzo sobre Mazón antes de decidir la querella del PSPV por falso testimonio.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Sala Segunda del Tribunal Supremo pide al TSJCV copia del auto del 16 de marzo de 2026 sobre Carlos Mazón para decidir si admite la querella.
- ¿Quién está detrás? La petición la impulsó la Fiscalía. La querella la presentó el PSPV por el testimonio de Mazón ante el Congreso.
- ¿Qué impacto tiene? De la decisión del Supremo depende que Mazón sea investigado por falso testimonio tras su comparecencia parlamentaria sobre la dana.
Qué pide el Supremo y para qué sirve el auto valenciano
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha solicitado al TSJ valenciano —el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el máximo órgano judicial de la región, por debajo del Supremo— el auto del 16 de marzo de 2026 en el que rechazó investigar al expresident Carlos Mazón por su gestión de la dana. La finalidad es decidir si ahora le investiga por falso testimonio.
El Alto Tribunal accede así a la petición que la Fiscalía había formulado en el marco de la querella del PSPV contra el expresident por su comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Una vez que el Supremo reciba la resolución valenciana, el Ministerio Público deberá presentar su informe sobre competencia y contenido.
Después, la Sala Segunda dictará su propio auto y se pronunciará sobre dos cuestiones: si el Supremo es el órgano competente para instruir el asunto y si admite o no a trámite la querella. El auto del TSJCV es, según la Fiscalía, la pieza imprescindible para analizar si lo declarado por Mazón fue jurídicamente relevante.
Aquel auto desestimó la exposición razonada que había remitido la jueza de Catarroja para investigar al entonces president. El tribunal valenciano alegó falta de indicios y ausencia de posición de garante: el cargo de president del Consell que ostentaba entonces no implica por sí solo responsabilidad penal, concluyó.
La querella socialista sostiene que Mazón faltó a la verdad en varias respuestas de su comparecencia del 17 de noviembre de 2025 ante la comisión de investigación del Congreso sobre la dana. Los socialistas señalan el listado de llamadas de aquel día, el itinerario tras su salida del restaurante El Ventorro, su conocimiento de la existencia de fallecidos, las ayudas del Gobierno de España y las comunicaciones con la entonces consellera Salomé Pradas, investigada en la causa de Catarroja.
El Supremo aún no decide si Mazón mintió ante el Congreso: primero quiere leer por qué el TSJCV lo dejó fuera de la dana.
La Fiscalía recordaba que faltar a la verdad exige una alteración sustancial, una contradicción inequívoca con la realidad objetiva que además afecte a hechos relevantes. Para medir esa relevancia, sostiene, debe traerse a la causa el auto valenciano. Por eso pidió al Supremo su remisión testimoniada, una petición que el Alto Tribunal ha aceptado.
Mazón compareció ante el Congreso advertido expresamente de la obligación legal de no faltar a la verdad, conforme al artículo 502.3 del Código Penal, que castiga el falso testimonio. De ahí que la vía elegida por los socialistas no sea la responsabilidad por la gestión de la emergencia —que el TSJCV cerró en marzo— sino la veracidad de lo declarado después.
De la dana al Congreso: qué se juega el expresident
La diferencia entre ambos frentes es sustancial. En el primero, los tribunales valencianos descartaron que Mazón tuviera posición de garante y, con ella, responsabilidad penal directa. En el segundo, lo que se examina no es qué hizo aquel 29 de octubre de 2024, sino si dijo la verdad cuando lo explicó en sede parlamentaria.
El calendario queda ahora en manos de dos tribunales. El Supremo espera el auto valenciano, la Fiscalía prepara su informe y, después, la Sala Segunda decidirá. No hay fecha cerrada. En función de la carga de trabajo del alto tribunal y de la documentación remitida, la resolución podría demorarse semanas o meses.
La causa conecta dos escenarios que la dana unió desde el primer día. El Congreso acogió en 2025 una comisión de investigación sobre la emergencia que sigue marcando la agenda nacional. Que el testimonio de un expresident autonómico derive ahora en una posible investigación por falso testimonio es un precedente poco habitual.
El Escenario Valenciano
En la Comunitat Valenciana, el caso convive con una legislatura marcada por la reconstrucción. El actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, gobierna desde diciembre de 2025 con el pacto PP–Vox. La oposición, con PSPV y Compromís a la cabeza, reclama transparencia sobre los expedientes de ayudas y sobre los tiempos de la emergencia. Mazón mantiene su acta de diputado en las Corts Valencianes y sigue siendo una figura central del proceso judicial.
A escala estatal, el asunto tensiona al PP y al Gobierno de Pedro Sánchez. Para el Ejecutivo central, la vía judicial sobre el testimonio de Mazón refuerza su relato de una gestión valenciana cuestionada; para los populares, obliga a administrar el regreso mediático del expresident en pleno ciclo post-dana. Son pocos los precedentes en España de querellas por falso testimonio ligadas a comisiones parlamentarias.
La próxima estación es procesal. El Supremo recibirá el auto, la Fiscalía informará y la Sala Segunda resolverá sobre la competencia y la admisión de la querella. En paralelo, la causa de Catarroja sigue su curso y el Consell de Pérez Llorca afronta los próximos plazos del plan de reconstrucción. Octubre de 2026 deja la dana con dos relojes corriendo.
Ficha del Caso
- El caso: El Tribunal Supremo pide al TSJCV el auto de marzo de 2026 sobre el expresident Carlos Mazón para decidir si admite la querella del PSPV por falso testimonio.
- Datos importantes: La querella se basa en la comparecencia de Mazón del 17 de noviembre de 2025 ante la comisión de investigación de la dana. El TSJCV rechazó en marzo de 2026 investigarlo por falta de indicios y ausencia de posición de garante.
- Resumen: De la decisión del Supremo depende que el expresident sea investigado por la veracidad de su testimonio parlamentario, un frente que reabre la rendición de cuentas de la dana a escala estatal.
