Vox Cataluña registra quince preguntas al Govern por la subvención de 200.000 euros a la empresa de la pareja de Mínguez. El grupo parlamentario de la formación en el Parlament de Catalunya reclama al Departamento de Empresa y Trabajo que acredite los criterios que justificaron la ayuda a Nest Capital Homes, SL.
La sociedad está vinculada a Sergi Vélez, pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE en el Parlament. Según los datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones recogidos por la propia iniciativa, el Departamento de Empresa y Trabajo concedió la ayuda el 27 de octubre de 2021, dentro de las ayudas extraordinarias directas de apoyo a la solvencia empresarial aprobadas durante la pandemia. La subvención se otorgó cuando Mínguez ejercía como portavoz socialista en la Comisión de Presupuestos del Parlament.
Qué preguntas registra Vox y qué exige al Govern
Detrás de la batería registrada por el grupo de Vox en Cataluña hay un objetivo concreto: que la Generalitat aclare cómo se concedió, se justificó y se pagó dinero público. La formación quiere saber qué criterios técnicos, económicos y administrativos avalaron la concesión, cuánto solicitó inicialmente la empresa y cómo se calculó el importe final de 200.000 euros.
Las preguntas también exigen detallar qué documentación económica y contable presentó la sociedad y qué deudas, pagos a proveedores o costes fijos se aceptaron como justificación del gasto. Vox reclama además precisar si la subvención se abonó íntegramente, en qué fechas se efectuaron los pagos y qué controles desplegó después la Generalitat para verificar el destino de los fondos.
El grupo parlamentario ha preguntado expresamente si existieron comunicaciones, recomendaciones o gestiones de personas vinculadas al PSC en la solicitud, la tramitacion o la concesión de la ayuda. En paralelo, exige que el Departamento acredite que el expediente se resolvió conforme a los requisitos previstos, sin intervenciones externas que alterasen el procedimiento ordinario.
La iniciativa no se limita a pedir cifras: exige al Govern que certifique que ningún cargo del PSC interfirió en la concesión de los 200.000 euros.
Entre las cuestiones registradas figuran la identificación de los órganos y responsables que intervinieron en el expediente, la comparación de los plazos y las cuantías con las de otros beneficiarios y las comprobaciones sobre obligaciones tributarias, la Seguridad Social y posibles duplicidades con otras ayudas públicas.
El recorrido de la ofensiva y la presión sobre el PSC
Las preguntas parlamentarias son un instrumento de control que obliga al Ejecutivo autonómico a responder por escrito en el Parlament de Catalunya, sin efectos normativos directos, pero con un valor político evidente. Hasta el momento no consta una explicación pública del Govern ni del PSC sobre el expediente.
La ofensiva de Vox en Cataluña llega después de que varios medios hayan publicado información sobre los negocios inmobiliarios del entorno de Mínguez. La formación sitúa el foco en la coincidencia temporal entre la concesión de la ayuda y la responsabilidad presupuestaria de la dirigente socialista, un flanco que el partido considera especialmente sensible.
La estrategia de Vox en Cataluña
El movimiento encaja en la línea que Vox mantiene en las cámaras autonómicas, donde el partido de Santiago Abascal ha convertido el control parlamentario en su principal herramienta de oposición. Preguntas escritas, solicitudes de comparecencia y peticiones de documentación sirven para forzar a los ejecutivos socialistas a rendir cuentas sobre contratos, subvenciones y nombramientos.
Hay además un objetivo de desgaste político. Cada expediente que queda sin respuesta pública refuerza el discurso de la formación sobre la falta de transparencia y el uso partidista de los recursos públicos, un eje central de su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios territoriales.
El siguiente hito será la respuesta por escrito del Govern en el Parlament, el cauce habitual para este tipo de iniciativas. La presión parlamentaria mantiene el asunto en la agenda pública y sitúa al PSC ante la obligación de explicar el destino de un dinero público concedido cuando su portavoz presupuestaria ocupaba un puesto de responsabilidad.
