La Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de Vox y ordena abrir diligencias en Correos por la etapa de Leire Díez. El auto, fechado el 14 de octubre de 2026, lo firma la Sección Tercera y revoca la resolución del Tribunal de Instancia número 5 de Madrid del pasado 27 de junio.
Los magistrados Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa, Agustín Morales Pérez-Roldán y Elena Perales Guilló respaldan la apelación de la formación de Santiago Abascal y ordenan al juzgado practicar las actuaciones instructoras recogidas en los fundamentos cuarto y quinto. La querella, en la que también figuran el empresario Víctor de Aldama y Juan Carlos Barrabés, apunta a posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y tráfico de influencias.
Qué denuncia la querella de Vox y con qué argumentos
El escrito sostiene que Correos pudo convertirse en un instrumento para favorecer a empresarios relacionados con el entorno político del PSOE mediante adjudicaciones presuntamente irregulares, contratos millonarios y pagos que habrían eludido los mecanismos habituales de control. Es la tesis central de la acusación: decisiones administrativas al servicio de intereses privados.
Entre los episodios denunciados figura el desembolso anticipado de ocho millones de euros a empresas relacionadas con la trama Koldo sin un contrato que lo justificara, así como correos electrónicos que, según Vox, revelarían acuerdos previos a determinadas licitaciones. La denuncia señala además operaciones con Innova Next, vinculada a Barrabés; con Evelop Airlines, relacionada con Globalia y Ávoris; y con BNEXT, empresa sancionada por el Banco de España.
Otra de las líneas principales afecta a los contratos de seguridad, mantenimiento y servicios. La querella apunta a un posible conflicto de intereses en una adjudicación de diez millones de euros a Trablisa y en operaciones de Trade Intermedia Brokers, con sobrecostes en climatización que los denunciantes sitúan entre el 200% y el 400%. Se suman dos millones a Sortis Telecomunicaciones sin concurrencia competitiva, 43 millones a Limpiezas J. Córdoba, que según el escrito no reunía las condiciones exigidas, y la compra de televisores por cerca de 18 millones.
La querella no discute una gestión mejorable: sostiene que hubo pagos sin contrato, adjudicaciones sin concurrencia y sobrecostes de hasta el 400%.
El escrito reclama la incorporación de expedientes de contratación, documentación administrativa y comunicaciones internas de la empresa pública Correos, además de la comparecencia de los querellados y de varios testigos, entre ellos Pedro Saura, actual presidente de Correos. Vox pide examinar también las relaciones societarias entre responsables de la compañía, antiguos cargos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y empresas beneficiarias de las adjudicaciones.
Qué alcance tiene la decisión y qué no declara el tribunal
La Sección Tercera deja sin efecto el auto recurrido y obliga al juzgado a continuar las actuaciones de investigación que especifica la resolución. Eso sí, el tribunal no declara acreditados los delitos denunciados ni establece responsabilidades penales contra los querellados. El alcance concreto de las diligencias deberá determinarse a partir de los fundamentos jurídicos del auto.
Este auto abre un nuevo frente judicial en torno a Leire Díez, cuya actividad aparece también en las investigaciones sobre presuntas maniobras para obtener información contra jueces, fiscales y agentes de las fuerzas de seguridad. La dirigente socialista ha quedado vinculada públicamente a distintas controversias sobre su actuación en empresas estatales y sus contactos con empresarios y antiguos responsables públicos.
La vía judicial como palanca política de Vox
Vox lleva meses convirtiendo los tribunales en un frente de desgaste contra el Gobierno. La formación eligió para su querella el terreno donde su discurso encuentra menos resistencias: la contratación pública, con una empresa sancionada por el Banco de España, adjudicaciones sin concurrencia y sobrecostes de hasta el 400%. No es la primera ofensiva judicial del partido en esta materia. La mención de Juan Manuel Serrano, antiguo presidente de Correos y estrecho colaborador de Pedro Sánchez, sitúa el foco muy cerca del presidente del Gobierno.
La lectura política es inmediata. Cada resolución favorable refuerza el argumentario de Vox sobre el uso partidista de las empresas públicas y le permite reclamar comisiones de investigación. En paralelo, tensa al PP, obligado a elegir entre acompañar la ofensiva o mantener un perfil bajo para no desgastar su imagen institucional. Los 33 diputados de Vox no bastan para aprobar nada, pero sí para fijar la agenda de un asunto que incomoda al Ejecutivo.
Queda, eso sí, un margen de incertidumbre: sin delitos acreditados ni responsabilidades penales declaradas, el rédito político depende del ritmo de la instrucción, más lento que el calendario electoral. Vox ya ha colocado la primera pieza.
