Vox registra en la Asamblea de Madrid una moción de vivienda que reserva la vivienda social y protegida a los españoles. La firma la portavoz del grupo parlamentario, Isabel Pérez Moñino, y el texto combina prioridad nacional en el acceso, fiscalidad diferenciada para el capital extranjero y un recorte de la burocracia que encarece cada promoción.
La iniciativa se ha presentado este viernes en el registro de la Asamblea de Madrid, según ha adelantado La Gaceta. Se trata de una moción, el instrumento con el que un grupo parlamentario fija su posición y emplaza al Ejecutivo autonómico a actuar, sin rango de ley y sin capacidad de modificar por sí sola la normativa vigente, tal y como se detalla en la web oficial de la Asamblea de Madrid.
El punto de partida es el diagnóstico que Vox ha llevado al Parlamento Europeo: la vivienda se ha encarecido un 74 % en la compra y un 40 % en el alquiler en ocho años, según los datos que maneja la formación. Con esa base, el grupo plantea tres ejes —prioridad de los españoles, rebaja fiscal y más oferta— y reclama reformas legales en todos los niveles competenciales, incluidas las instancias europeas.
Qué propone Vox y con qué argumentos
La moción reserva, como primer eje, el acceso a la vivienda social, a la vivienda protegida y a cualquier tipo de ayuda pública vinculada a la vivienda a los ciudadanos españoles. El texto sostiene que las políticas públicas deben atender primero a quienes sostienen con sus impuestos el sistema de protección, y señala la adquisición por capital extranjero como una de las presiones que tensionan el mercado.
El segundo eje es fiscal. El texto establece una fiscalidad diferenciada para los compradores no comunitarios ante la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero y destina la recaudación obtenida a bonificaciones y exenciones para los españoles que compren una vivienda y a la construcción de vivienda protegida. Además, plantea que la adquisición de la primera vivienda habitual quede libre de cargas fiscales, tanto si es obra nueva como de segunda mano.
La moción pide igualmente una revisión de las tasas e impuestos municipales y autonómicos vinculados al proceso de construcción, con el objetivo de suprimir o bonificar aquellos que encarecen el precio final de los inmuebles. A eso se suma una batería de incentivos al alquiler de larga duración y asequible, deducciones en el IRPF para los jóvenes inquilinos y una rebaja del tipo de ese impuesto con cada nuevo hijo.
La moción convierte la prioridad de los españoles en un criterio de reparto de toda ayuda pública y en una regla fiscal diferenciada.
El tercer eje apunta a la oferta. Vox considera necesario incrementar de forma sostenida la producción de vivienda nueva mediante la ampliación del suelo disponible, la agilización de los procedimientos administrativos y la eliminación de trabas regulatorias innecesarias. Añade la simplificación administrativa, la supresión de duplicidades normativas y la articulación de instrumentos de financiación para promotores y constructores nacionales.
En cuanto al parque protegido, la propuesta contempla más vivienda social y protegida, tanto en propiedad como en alquiler con opción a compra. Y en el alquiler libre, defiende un modelo que combine asequibilidad y estabilidad para el inquilino con seguridad jurídica, garantía de cobro y recuperación de la posesión para el propietario.
Qué recorrido tiene la moción en la Asamblea de Madrid
El texto aterriza en una Cámara donde el PP gobierna con mayoría absoluta, lo que sitúa la iniciativa en el terreno de la oposición y acota su alcance inmediato. La moción no tiene rango normativo: su función es fijar posición y obligar al resto de grupos a retratarse en una votación.
Ahí está el cálculo político. Isabel Díaz Ayuso preside un Ejecutivo autonómico que no necesita los votos de Vox para gobernar, pero su grupo sí tendrá que pronunciarse sobre la prioridad de los españoles en la vivienda protegida o sobre la exención fiscal de la primera vivienda. Según apuntan fuentes parlamentarias consultadas, aún sin confirmación oficial, el grupo popular no habría cerrado su posición.
La arquitectura competencial marca el ritmo. Varias de las medidas dependen de instancias que la Asamblea no controla: el IRPF y la fiscalidad de las compraventas se deciden en las Cortes Generales y en el marco europeo, y el propio texto lo asume cuando reclama reformas legales ‘en todos los niveles competenciales, incluidas las instancias europeas’. Eso convierte el debate madrileño en una plataforma de posición más que en una palanca normativa inmediata.
La estrategia de Vox: la vivienda como bandera territorial
Detrás de la moción hay una línea sostenida. Vox ha convertido la vivienda en eje de oposición con presencia en todas las cámaras: en el Congreso de los Diputados, donde el GPVOX cuenta con 33 diputados, en los parlamentos autonómicos y en el Parlamento Europeo, donde su delegación en Patriotas por Europa ha utilizado el encarecimiento del precio como argumento frente al Gobierno de Pedro Sánchez.
El pulso con el PP añade otro plano. Tras la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos en julio de 2024, la dirección de Vox sostiene su estrategia sobre dos reglas: no asumir el coste político de los acuerdos ajenos y marcar posición propia en las materias que tocan el bolsillo —vivienda, fiscalidad, agua y campo—.
En esa lógica, la moción madrileña busca instalar la prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública dentro del debate autonómico y dejar por escrito el lugar de cada grupo antes del ciclo electoral de 2027. No hay fecha confirmada para su debate. Cuando llegue, el PP votará sobre una exención fiscal a la primera vivienda y sobre el orden de acceso a las ayudas, dos asuntos incómodos de rechazar en público. Lo previsible, en nuestra lectura, es que el asunto siga vivo en Madrid y en el Congreso mucho después de esa votación.
