Las inhabilitaciones que lastran a la oposición venezolana han dejado de ser un requisito previo y se han sentado en la mesa de diálogo. La tercera ronda de negociación entre el chavismo y la oposición abrió el pasado miércoles el capítulo que María Corina Machado exigió por escrito una semana antes. Lo que salga de esa sala afecta a una comunidad venezolana de más de 300.000 personas en España y a las empresas españolas que llevan décadas en el país.
Qué se ha puesto encima de la mesa en la tercera ronda
La mesa de diálogo —el formato que sienta al Gobierno y a una parte de la oposición bajo padrinazgo estadounidense— cumple su tercera ronda. Dinorah Figuera, presidenta de la comisión negociadora opositora, confirmó que se tratarán «las inhabilitaciones» y «la recuperación de las siglas de los partidos políticos», además de buscar una fecha para las elecciones. Tres puertas que se abren o se cierran a la vez.
El punto de partida es incómodo. La inhabilitación que dejó a Machado fuera de la boleta presidencial de 2024 se impuso en 2023, y una exmagistrada del Tribunal Supremo declaró a la agencia AFP que firmó aquella resolución bajo presión, con dos de sus hermanos y su cuñada —los tres militares— detenidos en diciembre de 2023. La inhabilitación no es un trámite: decide quién puede presentarse.
Tampoco es neutro el calendario. Figuera situó las «bases» del proceso electoral antes de que termine 2026 y anunció una renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), el árbitro que organiza y certifica los comicios. Al otro lado, Delcy Rodríguez, presidenta interina, sostiene que habrá elecciones, pero no pone fecha. Sin fecha no hay proceso; sin árbitro, tampoco.
El contexto inmediato añade una pieza más. Washington retiró las sanciones contra Jorge Rodríguez, jefe negociador del Gobierno y hermano de la presidenta interina, horas antes de que arrancara la ronda. Las conversaciones empezaron en agosto con auspicio estadounidense, ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar en Caracas, según el relato de las partes. Hasta ahora hay dos acuerdos: renovar el Tribunal Supremo y cooperar para recuperar las reservas de oro congeladas en un banco de Londres.
Por qué esta negociación importa en España más de lo que parece
Vamos por partes. España tiene en Venezuela tres intereses concretos: empresas con décadas de presencia, una comunidad venezolana que supera las 300.000 personas según el INE y una posición política que arrastra compromisos desde 2019, cuando Madrid reconoció a un presidente interino junto a otros socios europeos. Cada uno de esos frentes se mueve cuando se mueve la mesa.
Sin candidatos habilitados y sin un árbitro electoral aceptado por todos, la fecha de las elecciones es un calendario, no una salida.
Las empresas españolas se han vuelto expertas en prudencia. Repsol mantiene presencia histórica y contratos de intercambio de crudo; Iberia opera la ruta Madrid-Caracas; Meliá gestiona hoteles en el país. Ninguna moverá ficha sin saber si habrá elecciones y con qué reglas, porque invertir en Caracas exige hoy más olfato político que financiero.
La otra pata es humana. Esa comunidad venezolana en España —una de las mayores de Europa— mantiene familia dentro y bienes fuera, y sigue con lupa el capítulo del voto en el exterior, el punto que más disputas ha generado en cada cita electoral venezolana. A ello se suma el trabajo consular y los expedientes de reagrupación que dependen de la estabilidad del país.
La Transición española como precedente: lo que enseña y lo que advierte
Conviene recordar que España ya hizo este ejercicio, y con éxito, hace medio siglo. Entre 1976 y 1977 se aprobó la Ley para la Reforma Política, se legalizó al Partido Comunista en plena Semana Santa y se convocaron elecciones para el 15 de junio de 1977 con una amnistía recién aprobada. La clave no fue la buena voluntad: fue que el poder aceptó un árbitro electoral que no controlaba y que el adversario pudiera competir con sus propias siglas. La Transición española funcionó porque el resultado se respetó después. La advertencia para Venezuela es la otra cara de la moneda: un Tribunal Supremo acusado de servir al poder y un CNE en plena renovación son exactamente los eslabones que aquí se resolvieron primero. Habilitar candidatos, devolver siglas y designar un árbitro creíble no son moneda de cambio; son condiciones.
El resto es calendario y correlación de fuerzas. Antes de que acabe 2026 deberían estar listas las «bases» electorales, y en ese plazo se sabrá si la inhabilitación de Machado se levanta o se queda como está. España, que coordinó con sus socios el reconocimiento de 2019 y sigue en el Grupo de Contacto Internacional —la instancia creada por la UE y Uruguay para acompañar una salida negociada—, tiene hoy más influencia en Bruselas que en Caracas. La simetría histórica ayuda a entenderlo: Venezuela acogió a miles de exiliados republicanos después de 1939; hoy el flujo va en sentido contrario. Seguir esta mesa es seguir una parte de nuestra propia biografía.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: La tercera ronda de la mesa de diálogo venezolana aborda el retiro de las inhabilitaciones que pesan sobre los opositores, exigencia planteada por María Corina Machado.
- Datos importantes: La inhabilitación de Machado se impuso en 2023; las «bases» electorales se anuncian para antes de que acabe 2026, con renovación del CNE y del Tribunal Supremo.
- Resumen: España se juega presencia empresarial, una diáspora de más de 300.000 personas y crédito diplomático; sin candidatos habilitados ni árbitro creíble, la salida electoral no se sostiene.
