EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Cientos de personas se han concentrado este sábado en Sabiñánigo (Huesca) para exigir la reanudación inmediata de las obras del tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste de la A-23, paralizadas desde finales de 2025.
- ¿Quién está detrás? Empresarios, asociaciones vecinales y ciudadanos de la Jacetania y el Alto Gállego, con Aepag, CEOE Cepyme Huesca y la asociación vecinal El Cajicar al frente de un manifiesto conjunto.
- ¿Qué impacto tiene? Afecta a 150 camiones, 15 líneas de autobús, 21 rutas escolares y 267 agricultores, y mantiene sin fecha una infraestructura ejecutada al 98%.
La variante de Sabiñánigo está al 98% y no tiene fecha. Cientos de personas lo han recordado este sábado en la calle.
La concentración reunió a empresarios, asociaciones vecinales y vecinos llegados de las dos comarcas que comparten la infraestructura, la Jacetania y el Alto Gállego. Durante el acto se leyó un manifiesto en el que intervinieron Beatriz Peñarrubia, de la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego (Aepag); Amaya Biescas, de la Asociación de Vecinos de Núcleos Rurales El Cajicar, y Ricardo Arilla, de CEOE Cepyme Huesca.
Un tramo al 98% que lleva casi un año sin calendario
El origen del bloqueo no es político ni presupuestario. Es contractual. Las obras están paralizadas desde finales de 2025 por discrepancias entre el Ministerio de Transportes y la UTE adjudicataria, integrada por Aldesa y Rover. Una obra ejecutada al 98% sigue sin fecha de reanudación.
Desde julio de 2025, el cierre de las rotondas este y oeste, dos de los accesos principales a la localidad, ha empujado el tráfico al casco urbano. Retenciones, desvíos provisionales y desplazamientos diarios convertidos en un ejercicio de paciencia. El problema no es un proyecto de futuro, sino una obra casi terminada que nadie remata.
Lo que cuesta el desvío: 150 camiones, 21 rutas escolares y un hospital de referencia
Las organizaciones han puesto números a lo que ya se nota en el día a día. En Sabiñánigo operan al menos 150 vehículos pesados, dedicados al transporte de mercancías, y aproximadamente un tercio de ellos circula con cargas peligrosas. Los desvíos no reúnen, según los convocantes, las condiciones adecuadas para ese tráfico.
Una variante al 98% no es una obra pendiente: es una infraestructura terminada a la que le falta la firma que la ponga en servicio.
A la lista se suman 15 líneas de autobús, 21 rutas escolares y los vehículos agrícolas de la Cooperativa Santa Orosia, que presta servicio a 267 agricultores y cuyos tractores y cosechadoras se ven obligados a atravesar el centro urbano. Industria, turismo y sector primario comparten el mismo cuello de botella.
Y luego está el reloj. En los picos turísticos, las retenciones kilométricas complican el acceso al Pirineo; el resto del año la preocupación es otra: que un atasco retrase una ambulancia, un camión de bomberos o un traslado al hospital de referencia de ambas comarcas. La seguridad vial es la parte del problema que no admite espera.
El manifiesto plantea tres exigencias: desbloquear los problemas administrativos y contractuales, un compromiso público y por escrito con plazos para reanudar y finalizar los trabajos, y medidas provisionales de seguridad vial mientras la variante siga cerrada. La protesta da continuidad a la firma del pasado junio, cuando más de medio centenar de instituciones, ayuntamientos y organizaciones sociales y empresariales suscribieron un documento para reclamar el final de la obra.
Los convocantes insisten en el carácter no partidista del acto: «No nos concentramos hoy aquí para cortar carreteras por capricho ni por intereses partidistas», recoge el texto. Dos comarcas que no siempre caminan juntas firman la misma queja.
El Pulso Territorial
La A-23 es de titularidad estatal, y ese detalle ordena todo el conflicto. El Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón (PP) ejerce de interlocutor y de altavoz ante el Ministerio, pero la contratación y la ejecución dependen de Madrid. Es la grieta clásica del sistema autonómico: la comunidad responde ante los vecinos por una obra que no gestiona.
El calendario tampoco ayuda. Con las elecciones autonómicas de 2027 en el horizonte, cada mes de parón se convierte en argumento político, aunque los convocantes se empeñen en lo contrario. El precedente de junio juega en ambas direcciones: más de 50 entidades firmaron un documento que no ha movido la obra ni un metro.
Aragón, una de las comunidades con menor densidad de población de España, mide estas promesas por su efecto sobre el territorio: un acceso cortado pesa mucho más aquí que en cualquier área metropolitana, porque aquí cada kilómetro es la única alternativa. Lo que viene ahora es una prueba de calendario. Si el Ministerio y la UTE no cierran el acuerdo antes de que termine el año, el tramo encadenará su segundo invierno cerrado y las 21 rutas escolares seguirán buscando rodeos por el casco urbano de Sabiñánigo.
Ficha Autonómica
- El caso: Vecinos, empresarios y entidades de la Jacetania y el Alto Gállego se concentran en Sabiñánigo para exigir la reanudación de la variante de la A-23 entre los dos enlaces del municipio.
- Datos importantes: Obra ejecutada al 98% y paralizada desde finales de 2025; 150 camiones, 15 líneas de autobús, 21 rutas escolares y 267 agricultores afectados; rotondas este y oeste cerradas desde julio de 2025.
- Resumen: Los convocantes reclaman desbloqueo administrativo, calendario público por escrito y medidas provisionales de seguridad vial. El Ministerio y la UTE (Aldesa y Rover) siguen sin acuerdo.
