El Ayuntamiento de Finestrat que presidía Juanfran Pérez Llorca contrató al despacho de David Serra cuatro meses después de su condena por Gürtel.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consistorio adjudicó en 2018 y en 2023 dos contratos de asesoría jurídica al bufete de Serra, condenado por el caso Gürtel, por 154.880 y 232.320 euros.
- ¿Quién está detrás? El actual president de la Generalitat era alcalde de Finestrat; el despacho es el del abogado de su familia y su socio es esposo de la vicepresidenta segunda de las Corts.
- ¿Qué impacto tiene? La primera adjudicación llegó con la sentencia recién publicada y la segunda con un baremo que redujo el peso del precio de 30 a 10 puntos.
Del concurso de 2018 a la renovación de 2023: qué cambió entre medias
Pérez Llorca era alcalde de Finestrat cuando su Ayuntamiento adjudicó el contrato, en octubre de 2018, cuatro meses después de que la Audiencia Nacional hiciera pública la sentencia que condenó al exdiputado autonómico del PP David Serra a tres años y ocho meses de prisión por delito electoral y falsedad en documento público.
Hoy es president de la Generalitat (el jefe del ejecutivo autonómico). Entonces firmaba como primer edil. El fallo no adquirió firmeza hasta junio de 2019 y el contrato, de cuatro años, recayó en Estudi General Advocats i Assesor SLP, la firma de la que Serra es socio y apoderado, por 154.880 euros con IVA incluido.
Cinco años después, en octubre de 2023, el mismo Ayuntamiento adjudicó al mismo bufete un segundo contrato de asesoría por otros cuatro años. El coste pasó de 154.880 a 232.320 euros: 78.000 euros más para las arcas públicas de un municipio de la Marina Baixa. Lo llamativo no es solo el importe. Son las bases.
En 2018, de los 100 puntos del concurso, 80 correspondían a criterios objetivos, 30 de ellos a la oferta económica, y solo 20 a los juicios de valor. En 2023 la balanza se igualó a 50 y 50 y el precio quedó reducido a un máximo de 10 puntos. Con ese reparto, el despacho de Serra quedó cuarto en los criterios objetivos y su oferta fue la tercera más cara de las presentadas. En 2018 su propuesta había sido la segunda más baja de las siete que concurrieron: 128.000 euros más IVA sobre un presupuesto de licitación de 266.200.
Fuentes de la Presidencia de la Generalitat sostienen que el entonces alcalde no participó en el proceso. «Como todo concurso público se resolvió a través de una mesa de contratación —el órgano técnico que evalúa las ofertas— de la que no formó parte ningún político. El contrato se firma de acuerdo a la resolución técnica de la mesa», defienden.
El mismo despacho, el mismo servicio y 78.000 euros más: entre 2018 y 2023 solo cambiaron las reglas del concurso.
Hubo más señales en aquel primer proceso. Noguera Abogados y Asesores presentó de las oferta más barata, 112.000 euros más IVA, recurrió la adjudicación y sus escritos se desestimaron tanto en la mesa como en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. KPMG, con 141.360 euros más IVA, tuvo que justificar su propuesta por ser excesivamente baja, igual que el propio despacho adjudicatario.
El abogado de la familia, una vicepresidenta de las Corts y un dosier interno
Serra no es un contratista cualquiera. Es una persona de máxima confianza del president y asesora al padre y a las hermanas de Pérez Llorca en las dos empresas vinculadas al hotel familiar de La Vila-Joiosa. Según la información publicada, participa junto a otros letrados en la negociación con el socio hispanoruso por los problemas de gestión del establecimiento. Su esposa, María Magdalena González la Red, es vicepresidenta segunda de las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños) por el PP.
A eso se suma otro elemento. Serra figura entre los objetivos principales de un dosier encargado a un profesional para descabalgar a Pérez Llorca de la candidatura del PP valenciano a la presidencia de la Generalitat, siempre según el relato de la información publicada. El contrato municipal y la política autonómica se cruzan en el mismo nombre, y el nombre es el del president.
El Escenario Valenciano
La información aterriza en un Consell de coalición entre PP y Vox que gobierna con mayoría y en una oposición, PSPV y Compromís, que ha colocado la transparencia en la contratación entre sus ejes de control al ejecutivo autonómico. El marco legal tampoco es neutral: la Ley de Contratos del Sector Público permite repartir los puntos entre criterios objetivos y juicios de valor, pero exige que ese reparto esté fijado de antemano en el pliego. Cambiar el peso del precio de un concurso a otro es legal. Explicar por qué se cambió, también debería serlo.
En clave nacional, el episodio toca el nervio del PP, formación para la que la Comunitat Valenciana es su principal plaza de poder territorial. El dosier descrito evidencia una disputa interna por el cartel autonómico que trasciende Finestrat. Y hay un dato que ayuda a leer la cronología: el primer contrato se firmó con una condena de la Audiencia Nacional recién publicada, aunque todavía no firme —no lo fue hasta junio de 2019—, un matiz que conviene tener presente antes de extraer conclusiones jurídicas.
Queda el calendario. Las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2027, volverán a poner la contratación local bajo la lupa, y estos contratos ya están sujetos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. En las Corts, la pregunta que sobrevuela es si el Consell convertirá la defensa técnica en explicación política. Un ayuntamiento de la Marina Baixa y un contrato de asesoría de 232.320 euros. Esa proporción es la que cuesta explicar.
Ficha del Caso
- El caso: El Ayuntamiento de Finestrat, con Pérez Llorca como alcalde, adjudicó dos contratos de asesoría jurídica al despacho de David Serra, condenado por el caso Gürtel.
- Datos importantes: 154.880 euros en 2018 y 232.320 en 2023, con un incremento de 78.000 euros. En el segundo concurso el bufete quedó cuarto en los criterios objetivos y el precio solo repartía 10 de los 100 puntos.
- Resumen: La información sitúa la contratación municipal del actual president en el centro del debate sobre transparencia y coincide con la disputa interna del PP valenciano por la candidatura autonómica.
