La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes en Málaga y Murcia por falsas amenazas de bomba a dos aeropuertos españoles.
Según el comunicado difundido por el cuerpo este viernes 16 de octubre, la investigación arrancó en septiembre, cuando se recibieron varias comunicaciones telefónicas que alertaban de la supuesta presencia de artefactos explosivos en dos instalaciones aeroportuarias. Una de esas amenazas motivó la intervención de unidades policiales y servicios especializados, además de la aplicación de los procedimientos de seguridad establecidos. El comunicado no identifica cuáles son los dos aeropuertos afectados.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por falsas amenazas de bomba contra dos aeropuertos españoles, con suplantación de identidad y voz modificada por inteligencia artificial.
- ¿Dónde y cuándo? Detenciones en Málaga y Murcia el miércoles 14 de octubre; la investigación comenzó en septiembre, tras las primeras llamadas.
- ¿Qué resultado? Dos arrestados, registros domiciliarios y dispositivos informáticos intervenidos; se les atribuyen amenazas, extorsión y desórdenes públicos.
Voz clonada con inteligencia artificial y suplantación del identificador telefónico
Los dos varones, cuya identidad no ha sido facilitada, habrían usurpado los datos de otra persona para registrarse sin autorización, con la información de su Documento Nacional de Identidad, en un servicio de llamadas por Internet conocido como VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet). Sobre esa base, los investigadores les atribuyen el uso de técnicas de falsificación del identificador telefónico, el caller ID spoofing, y de herramientas de inteligencia artificial para modificar la voz.
El resultado era una llamada que sonaba auténtica: un número aparentemente legítimo y una voz humana reconocible al otro lado del teléfono. La IA convirtió la suplantación en un disfraz verosímil. La combinación de ambas técnicas complica la trazabilidad del origen de la comunicación, que es precisamente el primer hilo que siguen los especialistas en investigación tecnológica de la Policía Nacional.
A los sospechosos se les atribuye presuntamente la comisión de delitos de amenazas, extorsión y desórdenes públicos. La calificación no es menor: la extorsión implica que la falsa amenaza perseguía, además de la alarma, un beneficio concreto. El comunicado policial no detalla el contenido de esas exigencias ni la cifra económica reclamada, si la hubo.
Registros en Málaga y Murcia y el peso de la Comisaría General de Información
Los arrestos se produjeron el miércoles 14 de octubre. Durante la operación, los agentes practicaron registros en los domicilios de los detenidos e intervinieron diversos dispositivos informáticos y electrónicos que podrían estar relacionados con los hechos investigados y que ahora se someten a analisis forense.
La Comisaría General de Información dirige una investigación que cruza análisis forense de dispositivos, rastreo de identificadores falsificados y cooperación entre tres provincias.
La investigación la desarrolla la Comisaría General de Información, unidad central de la Policía Nacional especializada en inteligencia criminal, con la colaboración de las brigadas provinciales de Málaga, Murcia y Valencia. Esa triangulación geográfica —dos detenidos en puntos distintos del mapa y una tercera provincia implicada en las pesquisas— apunta a un entramado que operaba en red y no a una acción aislada.
Los especialistas analizan también la posible participación de terceros y la vinculación de los detenidos con entornos digitales relacionados con el acoso y la intimidación. En esa línea, se estudia una posible relación con el swatting, la práctica consistente en provocar despliegues policiales mediante avisos falsos a los servicios de emergencia.
El Contexto Operativo
Las falsas amenazas de bomba en aeropuertos no son un fenómeno nuevo, pero han cambiado de piel. La digitalización de la telefonía —numeración virtual, centralitas en la nube, identificadores falsificables— ha abaratado y sofisticado el anonimato. Cada llamada falsa contra una infraestructura crítica moviliza unidades de intervención, servicios de desactivación de explosivos y protocolos de evacuación cuyo coste se mide en horas de actividad aeroportuaria perdidas y en recursos públicos desplazados.
El marco de amenaza es creciente. El INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad, el organismo del Gobierno que gestiona la ciberseguridad de empresas y ciudadanos) tramita cada año más de 100.000 incidentes y sitúa la suplantación de identidad y el fraude telefónico entre las categorías más denunciadas. El Ministerio del Interior, por su parte, registra la cibercriminalidad como la tipología delictiva de mayor crecimiento sostenido de la última década. El anonimato digital ya no es gratis para el delincuente: la trazabilidad de identificadores, la geolocalización de conexiones y el análisis de dispositivos permiten cerrar investigaciones que hace años morían en un número de teléfono.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones a medida que avance el volcado de los dispositivos intervenidos. La Policía Nacional mantiene además activos sus canales de colaboración ciudadana para este tipo de amenazas, que se tramitan por la vía de la alerta temprana y la coordinación con los gestores aeroportuarios. El propio INCIBE sostiene campañas permanentes de concienciación sobre suplantación de identidad y fraude telefónico, materiales que cualquier ciudadano puede consultar en su web oficial para detectar llamadas manipuladas antes de responder.
