EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Trump firmó el viernes 16 de octubre una orden ejecutiva que suspende los aranceles del 500% sobre las importaciones rusas y del 100% sobre los grandes compradores de crudo y gas de Moscú, previstos en la ley Graham aprobada en septiembre.
- ¿Quién está detrás? La Casa Blanca, que certifica ante el Congreso que la exención responde al interés nacional; el Kremlin, que lo celebra por boca de Dmitri Peskov y Kiril Dmitriev; y el demócrata Gregory Meeks, que busca bloquearla.
- ¿Qué impacto tiene? El diésel ruso vuelve al circuito global, el Brent respira antes de las legislativas del 3 de noviembre y el arma de las sanciones secundarias estadounidenses pierde filo.
Trump ha desactivado con una orden ejecutiva las sanciones a Rusia de la ley Graham y el arancel del 500%. La firma, fechada el viernes 16 de octubre, deja en papel mojado la norma que él mismo promulgó hace un mes y que sus promotores vendieron como un instrumento capaz de demoler la economía rusa.
El texto suspende los aranceles del 500% sobre las importaciones rusas y del 100% sobre los países que compren petróleo y gas a Moscú. Trump acompañó la firma con una certificación remitida al Congreso en la que sostiene que la exención responde al ‘interés nacional de Estados Unidos’, y con un informe que detalla la base de esa certificación. Es la válvula de escape que la propia ley contemplaba. Bastaba con accionarla.
La Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act se promulgó en septiembre tras meses de pulso en el Capitolio. Los halcones del Senado defendían que las restricciones vigentes habían permitido a Moscú esquivar la presión económica, y que solo un castigo secundario sobre los compradores podía cerrar el grifo. China e India, los dos mayores importadores de crudo ruso, figuraban en todas las quinielas como damnificados principales.
No es la primera concesión del mes. A comienzos de octubre, la Casa Blanca ya había levantado las restricciones a la exportación de diésel ruso para contener la escalada de precios energéticos ante las legislativas del 3 de noviembre. Aquel gesto indignó a Kiev y a las capitales europeas, y un grupo bipartidista de senadores acusó al presidente de haber entregado a Ucrania.
La orden del viernes sigue el mismo guion. El demócrata Gregory Meeks presentó un proyecto de ley para bloquear el acuerdo del diésel y reprochó a Trump ‘coquetear con Putin y cerrar tratos de autobeneficio en lugar de defender a Ucrania’. En Bruselas, fuentes diplomáticas europeas describen una mezcla de irritación y cálculo: nadie espera ya que Washington sostenga el régimen de sanciones al ritmo que exige el frente ucraniano.
Una sanción que su propio firmante puede desactivar con otra firma no disuade a Moscú: le entrega un calendario.
El presidente no ha pedido disculpas. Al contrario: calificó a Volodímir Zelenski de ‘no ser un buen tipo con el que tratar’ y sugirió que Ucrania necesita ‘un nuevo presidente’. Según medios estadounidenses, el detonante fue la negativa de Kiev a detener los ataques contra instalaciones energéticas rusas, que Trump señala como causa de la subida del crudo.
Del diésel al crudo: el cálculo electoral que reordena el mercado energético
Conviene mirar el calendario. Las legislativas están a menos de tres semanas y la gasolina lleva medio siglo funcionando como termómetro político en Estados Unidos. Cada céntimo en el surtidor pesa más que cualquier comunicado de la OTAN. La lectura estratégica es otra: Washington subordina el aislamiento de Moscú a su ciclo electoral interno, y lo hace sin pudor.
El Kremlin ha recibido la noticia con la contención de quien lleva dos años adaptándose. Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, señaló que el diésel ruso ‘ha empezado a llegar a los mercados globales’ y que eso tendrá ‘un efecto positivo en la estabilización del mercado petrolero’. Kiril Dmitriev, enviado de inversiones de Putin y negociador sobre Ucrania, fue más lejos: habló de un ‘momento importante e histórico’ que contribuye a la estabilidad económica global y tiende la base para ‘construir confianza y alcanzar una paz duradera’.
Para España el impacto es doble y no del todo visible. El diésel ruso reingresa en el circuito europeo por la puerta trasera de los intermediarios y de las refinerías de terceros países, lo que alivia la factura de la industria justo cuando el gas vuelve a tensarse. Pero también erosiona el marco que Bruselas lleva dos años construyendo: si Washington exime a los compradores de crudo ruso, el tope de precios del G7 queda en un acuerdo de caballeros sin caballeros.
Hay un tercer efecto, menos comentado. Las navieras, aseguradoras y casas de trading españolas con exposición a mercados secundarios llevan desde septiembre incorporando cláusulas de blindaje frente a la ley Graham. Esa capa de abogados y de compliance no se evapora con una orden ejecutiva: permanece hasta que el Congreso o los tribunales aclaren si la exención es reversible. La mayoría de los operadores europeos paga el coste de la incertidumbre.
Equilibrio de Poder
El eje Washington-Moscú-Bruselas ha vivido este año un desplazamiento que conviene nombrar sin eufemismos: Estados Unidos ha dejado de tratar las sanciones como instrumento de coerción estratégica y ha empezado a tratarlas como variable de ajuste doméstico. La administración Trump no oculta su lógica transaccional. La pregunta no es si Moscú gana tiempo —lo gana—, sino cuánto vale ese tiempo en el tablero europeo.
Moscú obtiene oxígeno financiero y, sobre todo, relato. El enviado Dmitriev ha vendido la exención como una victoria diplomática rusa conseguida en suelo estadounidense. Kiev pierde algo más caro: la certidumbre de que sus aliados mantendrán el coste de la guerra sobre la economía rusa. Y Bruselas se queda con el papel más incómodo, el de guardiana de un régimen de sanciones que su principal socio acaba de perforar.
Hay precedente. A finales de 1982, Ronald Reagan levantó las sanciones que había extendido a las filiales europeas del gasoducto siberiano, después de meses de rechazo de Londres, París y Bonn. La lección sigue vigente: una medida extraterritorial que los aliados no comparten termina por desactivarse sola. La diferencia es que Reagan cedió ante Europa y Trump cede ante su propio calendario electoral.
Para España el cálculo tiene una arista política evidente. Moncloa ha construido su discurso de defensa sobre dos pilares: el gasto comprometido con la OTAN y la sintonía con Bruselas. Si Washington puede abrir y cerrar el grifo de las sanciones según su ciclo electoral, el Gobierno queda expuesto a presiones opuestas. En el Magreb, Argel y Rabat leerán la señal con atención: un régimen de sanciones reversible es un régimen que no condiciona las decisiones de compra de energía.
La lectura a cinco años es incómoda para el sistema occidental. El arma de las sanciones secundarias vale lo que vale la credibilidad del Tesoro estadounidense, y esa credibilidad se acaba de devaluar con una certificación de dos folios. China e India tomarán nota. La próxima ventana crítica es doble: la tramitación del proyecto de Meeks en el Congreso y las legislativas del 3 de noviembre. Nada de lo que ocurra en Ucrania este invierno dependerá tanto de lo que se decida en dos semanas en Washington.
