El administrador concursal de Tubos Reunidos ha seleccionado cinco ofertas para la compra de la compañía, con importes que oscilan entre un euro y 27,5 millones de euros, según el documento remitido a los accionistas. Tres de las propuestas incluyen la continuidad de las plantas de Amurrio y Trápaga, aunque todas contemplan recortes de plantilla y cambios en las condiciones de trabajo.
La selección se produce después del análisis de las propuestas recibidas. La administración concursal ha trasladado a los accionistas los aspectos más relevantes de las cinco elegidas, manteniendo la confidencialidad sobre la identidad de los oferentes. No obstante, ha trascendido que entre las ofertas figura la de José Antonio Jainaga, a través de Sidenor, y la de la compañía india Welspun.
Entre las que apuestan por los dos centros de producción, la oferente C presenta su oferta principal por Trápaga e incluye la conjunta por Amurrio y Trápaga de forma subsidiaria, es decir, siempre que se solventen determinados condicionantes. La oferente E plantea su oferta principal por las dos plantas y una alternativa subsidiaria con exclusión de inmuebles, bajo régimen de arrendamiento o similar.
La tercera propuesta es la más amplia: contempla la adquisición del 100% de las acciones y participaciones de las sociedades que cuelgan de la sociedad cotizada, supervisada por la CNMV, con dos alternativas subsidiarias para la compra de unidades productivas autónomas, una de ellas sin los activos en Estados Unidos. Las dos ofertas restantes se limitan al centro de Trápaga y no incorporan ofertas subsidiarias.
Cinco ofertas con importes de un euro a 27,5 millones
En el apartado económico, la horquilla es amplia. La primera oferta, por todo el perímetro de la empresa, ofrece un euro. La segunda, solo por Trápaga, un millón de euros. La tercera, con Trápaga como oferta principal, asciende a 100.000 euros. La cuarta es la más elevada, con 27,5 millones de euros únicamente por la planta de Bizkaia. La quinta, por los dos centros, vuelve a ofrecer un euro.
Una vez seleccionadas, los candidatos tendrán la posibilidad de participar en un proceso de preguntas y respuestas sobre los aspectos financieros y legales de la empresa. A partir de ahí deberán remitir sus ofertas finales vinculantes y, después, la administración concursal llevará a cabo la calificación, valoración y jerarquización de las propuestas.
Todas las ofertas seleccionadas contemplan ajustes de plantilla y modificaciones en las condiciones laborales que se concretarán en las siguientes fases del proceso.
Un procedimiento por fases con el comité de empresa como interlocutor
La administración concursal mantendrá este miércoles, 21 de octubre, un encuentro con el comité de empresa para facilitar a los representantes de los trabajadores información detallada sobre las ofertas seleccionadas. Los sindicatos ya han recibido el aviso de que ninguna de las cinco propuestas garantiza el mantenimiento íntegro de los puestos ni de las condiciones laborales actuales.
Los recortes se concretarán en fases posteriores, dentro de un procedimiento que incluye consultas entre la compañía, la administración concursal, la representación de los trabajadores de cada centro afectado y, en su caso, el oferente. El objetivo es alcanzar los acuerdos necesarios para cumplir las condiciones de la oferta, incluida la delimitación definitiva del perímetro laboral. En las propuestas que pujan solo por el centro de Bizkaia, la reducción de personal va aparejada a la operación. La renegociación del convenio colectivo figura en el horizonte de las cinco alternativas.
Una deuda de 400 millones con la SEPI como principal acreedor
El otro factor determinante será la forma de resolver el pasivo. Tubos Reunidos acumula una deuda de 400 millones de euros, de los que más de 150 millones corresponden al crédito de la SEPI, que ha descartado una quita y admite, como máximo, aplazamientos en los pagos. La información trasladada el viernes a los accionistas no incluye referencia alguna a este asunto.
La compañía fabrica tubos de acero y cuenta con presencia industrial en Amurrio, en Araba/Álava, y en Trápaga, en Bizkaia, además de activos en el exterior. Su situación afecta a un segmento relevante del tejido industrial vasco y a la cadena de suministro de sectores como la energía o la automoción. El proceso se enmarca en la fase de venta de unidad productiva prevista en la normativa concursal, un mecanismo empleado en los últimos años para dar continuidad a otras factorías del metal en Euskadi.
Tras la ronda de preguntas y respuestas, la administración concursal fijará el calendario para las ofertas finales vinculantes y su jerarquización. Ese paso, junto con la negociación laboral en cada centro, determinará qué propuesta se impone y con qué condiciones para las plantas de Amurrio y Trápaga.
