La limitación de la vivienda a no residentes en Canarias ya está sobre la mesa del Gobierno central: diez años de empadronamiento.
El Ejecutivo autonómico remitió el pasado 15 de octubre al Ejecutivo central un borrador de real decreto ley con nueve puntos para restringir la compra de inmuebles en el Archipiélago. El más llamativo exige diez años de empadronamiento ininterrumpido —o quince discontinuos— para adquirir una casa en las islas. El segundo limita a dos el número de viviendas que puede acumular un mismo comprador. La propuesta la firma el Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo, de Coalición Canaria.
Hay un detalle incómodo en el calendario. Coalición Canaria ha votado en contra de medidas muy parecidas cada vez que la oposición las ha llevado al Parlamento regional. Cuatro días después del 20A (las elecciones autonómicas de mayo de 2023), Nueva Canarias-Bloque Canarista presentó una moción con ecotasa, moratoria turística y límites a la compra por extranjeros. El grupo que sostiene al Gobierno la tumbó alegando dificultades jurídicas y el posible choque con la normativa europea.
Diez años de empadronamiento: qué exige el borrador y a quién deja fuera
El texto cambia el criterio. Ya no distingue por pasaporte, sino por tiempo de residencia: el requisito no mira la nacionalidad sino el arraigo. Un alemán empadronado una década en Gran Canaria podría comprar sin problema; un madrileño con dos años de estancia, no. La aplicación real depende ahora de dos cosas: la respuesta del Ejecutivo central y el encaje del texto en el derecho comunitario.
Basta mirar junio de 2024. Durante la campaña de las elecciones europeas, el candidato de CC Carlos Alonso convirtió el límite a los nuevos habitantes en su lema y defendió gravar las compras de extranjeros. Clavijo descartó entonces esas medidas por chocar con la libre circulación de capitales. El Gobierno regional llegó a encargar un estudio sobre su viabilidad jurídica.
La vía elegida para sortear el muro fue el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce las desventajas estructurales permanentes de las regiones ultraperiféricas. Para que Bruselas lo aceptara, Canarias debía superar dos filtros: la proporcionalidad, que obliga a demostrar que prohibir es la única medida posible, y la no discriminación por nacionalidad, un principio que ningún socio comunitario acepta romper a la ligera.
Canarias no discute si el turismo residencial tensiona su mercado: discute si puede prohibirlo sin romper el derecho europeo que ella misma invoca.
Los números ayudan a dimensionar el problema. El INE contabiliza en las islas 211.452 viviendas vacías, muchas en municipios pequeños donde el alquiler de larga duración no compensa al propietario. En paralelo, la construcción de vivienda protegida lleva prácticamente congelada desde 2012, cuando los recortes estatales eliminaron la financiación para promoción pública. Ese parón estructural explica más que cualquier restricción de compra.
El síntoma y la enfermedad: por qué el sector dice que esto no basta
Economistas, urbanistas y agentes inmobiliarios coinciden en un punto: limitar la compra a no residentes ataca un síntoma de la demanda y no resuelve los fallos estructurales del mercado canario. La receta que reclaman pasa por agilizar la gestión de suelo, desbloquear licencias y construir vivienda protegida a un ritmo que la comunidad no tiene desde hace dos décadas. El problema es otro.
Las plataformas ciudadanas agrupadas bajo el movimiento ‘Canarias tiene un límite’ insisten en en que la bolsa de vivienda vacía y la proliferación de la vivienda vacacional pesan más que la compra extranjera. Y añaden un dato político: la propuesta llega a semanas de las elecciones generales del 29N, con el precio de la vivienda instalado en el centro de la campaña. La pelota está ahora en Madrid.
El Pulso Territorial
En Canarias gobierna Coalición Canaria con el respaldo del PP y necesita acuerdos puntuales en la Cámara regional para sacar cualquier iniciativa. Eso convierte cada propuesta simbólica en un ejercicio de equilibrio: el electorado isleño castiga la crisis habitacional, pero también escucha el argumento de que restringir la compra ahuyenta inversión. Clavijo ha movido la pieza justo cuando el precio del alquiler se ha instalado en la conversación pública. La lectura es otra: si el Estado responde con un no, el Gobierno canario podrá reclamar competencias o cargar la culpa fuera.
La comparación con Baleares resulta inevitable. Las dos comunidades comparten el peso del turismo residencial y la tensión entre identidad y mercado, y las dos han ensayado restricciones que quedaron en papel mojado. La diferencia es de escala: Canarias es la región ultraperiférica más poblada de España y una de las que soporta mayor presión turística por habitante. El mapa habla por sí solo.
El calendario manda. Clavijo dijo a finales de septiembre estar «esperanzado» ante una ventana de tres o cuatro meses para avanzar en Bruselas; ese plazo expira, como muy tarde, a comienzos de 2027. Antes habrá elecciones generales el 29 de noviembre y, después, comicios autonómicos en mayo de 2027. Cualquier respuesta del Ejecutivo central que llegue en campaña se leerá en clave electoral. Y cualquier silencio, también.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno de Canarias ha remitido al Ejecutivo central un borrador con nueve medidas para limitar la compra de vivienda en las islas tras años de intentos sin recorrido.
- Datos importantes: Diez años de empadronamiento continuo o quince discontinuos; un máximo de dos viviendas por comprador; 211.452 viviendas vacías según el INE; vivienda protegida prácticamente congelada desde 2012.
- Resumen: Pendiente de la respuesta estatal y del encaje en el derecho europeo, con las elecciones generales del 29N como telón de fondo y el precedente de varios votos contrarios de CC a medidas similares.
