Las 19 familias que viven de alquiler en un conjunto de viviendas de Fitero, en Navarra, se enfrentan a la posibilidad de perder sus hogares después de que la propiedad se haya negado a renovar sus contratos y haya iniciado procedimientos de desahucio. Los inmuebles, construidos hace más de dos décadas por una promotora privada con ayudas públicas y beneficios fiscales por su finalidad social, han pasado por distintas entidades financieras, empresas inmobiliarias y fondos de inversión. Esta sucesión de propietarios y gestoras ha generado una situación de incertidumbre para los inquilinos, que denuncian las dificultades para identificar a los responsables de sus viviendas y obtener respuestas sobre su futuro.
En la actualidad, la propiedad corresponde, según la información registral consultada por el sindicato navarro de vivienda Haritu, a Global Pantelaria, sociedad vinculada al Banco Santander de la que el fondo de inversión Cerberus controla el 80% y la entidad financiera conserva el 20%. La gestión de los inmuebles está en manos de Solvia, vinculada a Intrum. Desde abril, las familias han comenzado a recibir comunicaciones de no renovación de sus contratos, según denuncia la organización, que advierte de que los procedimientos abiertos no responden a impagos, sino a la negativa a prolongar los alquileres.
El conflicto se enmarca en un problema más amplio de acceso a la vivienda y de transformación de inmuebles que en su día tuvieron una finalidad social en activos gestionados por grandes empresas y fondos de inversión. Aunque las viviendas de Fitero ya han perdido la calificación oficial de protección, sus inquilinos reclaman que se tenga en cuenta su origen y que las administraciones intervengan para evitar que las familias sean expulsadas.
El sindicato Haritu, que trabaja junto a las vecinas afectadas, exige la paralización de los desahucios y reclama al Gobierno de Navarra que compre las viviendas o adopte una solución que permita mantenerlas dentro de un parque de alquiler asequible. La organización sostiene que las administraciones no pueden permanecer al margen de un conflicto que afecta a familias trabajadoras, menores y personas mayores, especialmente en una zona como la Ribera navarra, donde los salarios y la capacidad económica de muchos hogares son inferiores a los de otras áreas de la comunidad.
Para explicar la situación y dar a conocer sus reivindicaciones, las vecinas y el sindicato han convocado una asamblea informativa este sábado 17 de octubre, a las 12.00 horas, en el Teatro Calatrava de Fitero. La reunión estará abierta a todas las personas interesadas en conocer el conflicto y apoyar la defensa del derecho a la vivienda.
Adrián Vicente, militante de Haritu, detalla en esta entrevista cómo se ha llegado a la situación actual, qué recorrido empresarial han seguido los inmuebles y por qué la organización considera necesaria una intervención pública para garantizar que las familias puedan seguir viviendo en sus casas.
¿Qué se van a encontrar las personas que acudan a la asamblea de Fitero?
Será una asamblea abierta en la que explicaremos, junto con las vecinas, cómo hemos llegado a este conflicto, qué intervención estamos llevando a cabo y cuáles son nuestras exigencias. Ya celebramos una primera asamblea más reducida con las afectadas y ahora queremos compartir la situación con todas las personas interesadas, explicar el recorrido de las viviendas y dar a conocer las posibilidades de actuación.
¿Cómo entró Haritu en contacto con las familias de Fitero?
El conflicto salió a la luz durante el último año, cuando empezaron a producirse los desahucios. Nuestro ámbito de actuación es Pamplona y su comarca, pero, al conocer que había muchas familias que podían quedarse en la calle, nos pusimos en contacto con ellas y les ofrecimos ayuda y asesoramiento. Las vecinas acogieron bien la propuesta y empezamos a trabajar juntas para diseñar cómo afrontar el conflicto.
¿Cuál es el principal problema al que se enfrentan las inquilinas?
La indefensión que genera no saber con quién tienes que hablar. Las viviendas han pasado por tantas manos que las familias no saben a quién dirigirse ni quién tiene realmente la responsabilidad. Hay distintas empresas que se pasan la pelota unas a otras y resulta muy difícil conseguir respuestas. Mientras tanto, las vecinas reciben comunicaciones sobre la no renovación de sus contratos y se enfrentan a procedimientos de desahucio que no están relacionados con impagos, sino con la finalización de los alquileres.
¿Cuál ha sido la trayectoria de estas viviendas y cómo se ha llegado a la situación actual?
Las viviendas se construyeron hace más de 20 años y tuvieron ayudas públicas y beneficios fiscales por su finalidad social, aunque no se levantaron sobre suelo público. La promotora inicial fue Banif, vinculada al Banco Santander, que posteriormente desapareció como entidad independiente. En los contratos iniciales aparece esa sociedad y, después, las viviendas fueron pasando por distintas empresas.
Altamira ha tenido un papel en esa trayectoria, pero hay que distinguir entre Altamira Santander Real Estate, vinculada a la propiedad, y la empresa que se encarga de la gestión. Esa separación hace que, cuando las vecinas intentan resolver un problema, unas entidades las remitan a otras.
Posteriormente, el Banco Santander vendió una parte de la gestión a Apollo, que después traspasó su participación a DoValue. Santander acabó vendiendo también su parte restante de la gestión y esta pasó a Solvia, vinculada a otro fondo. A partir de abril, Solvia empezó a enviar cartas de no renovación de contratos e iniciaron los procedimientos de desahucio.
Ahora, la información registral que hemos consultado sitúa la propiedad en Global Pantelaria, una sociedad creada por el Banco Santander a la que se incorporaron distintas viviendas y de la que el banco vendió una participación mayoritaria a Cerberus. Según nuestros datos, la propiedad se reparte en un 80% para Cerberus y un 20% para Santander, mientras que la gestión está en manos de Intrum, vinculada a Solvia. Es una cadena empresarial muy compleja que dificulta que las inquilinas sepan quién responde por sus viviendas.
¿Qué papel han desempeñado las administraciones públicas durante este proceso?
Nosotras creemos que las administraciones no han estado a la altura. En un primer momento, el Gobierno de Navarra no quería interceder en el conflicto. Sin embargo, hemos insistido en que tiene que actuar, porque estamos hablando de familias que pueden quedarse sin casa. En Fitero hemos reclamado que el Ejecutivo compre las viviendas o intervenga para garantizar la permanencia de las vecinas.
Además, hay que recordar que estas viviendas recibieron ayudas públicas y beneficios fiscales. No estamos hablando de una situación que haya surgido de la nada, sino de inmuebles que tuvieron una finalidad social y que ahora están en manos de estructuras empresariales y fondos de inversión.
En Cintruénigo se han conseguido avances. ¿Qué ha ocurrido allí?
En Cintruénigo, la movilización vecinal y el trabajo conjunto con Haritu han permitido paralizar los procedimientos de desahucio y abrir una negociación para conseguir nuevos contratos asequibles y de larga duración. Son 47 viviendas y, según la información que tenemos, los nuevos contratos ya se están preparando a partir de los datos de las familias.
En Cintruénigo se han logrado avances importantes, pero en Fitero seguimos teniendo el problema pendiente, porque la propiedad está vinculada a Cerberus y Santander y las familias continúan sin tener garantizada la renovación de sus contratos.
¿Qué diferencia hay entre la situación de Fitero y la de Cintruénigo?
La diferencia está en la propiedad y en las negociaciones que se han abierto. En Cintruénigo se ha conseguido que se paralicen los desahucios y se está trabajando en los nuevos contratos con la nueva propiedad. En Fitero, en cambio, seguimos reclamando una solución que garantice la estabilidad de las vecinas.
Las afectadas llegaron a reunirse con Iosu Belio, el comprador interesado en las viviendas, y con la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, y trasladaron su deseo de tener estabilidad. Ahora sabemos que se han retomado las negociaciones entre Cerberus y Belio por las viviendas de Fitero, pero queremos que el Gobierno de Navarra se implique y compre las viviendas.
¿Qué solución concreta reclaman para las familias de Fitero?
Exigimos que se paralicen todos los procedimientos de desahucio y que las familias puedan permanecer en sus hogares con contratos estables y alquileres asequibles. También reclamamos la intervención del Gobierno de Navarra para que compre las viviendas o adopte las medidas necesarias para garantizar su función social.
El Ejecutivo ha planteado que puedan existir nuevos contratos vinculados al parque público de alquiler. Aunque estas viviendas ya no tienen la calificación de protección oficial, podrían establecerse condiciones similares, con ayudas y precios limitados. Lo que necesitamos es que las administraciones se sienten con las vecinas y con nosotras, que den respuestas y que dejen de limitarse a enviar cartas mientras las familias viven con la amenaza de perder su casa.
¿Por qué consideran especialmente grave la situación de la Ribera de Navarra?
La Ribera tiene unas condiciones económicas que hacen que el problema sea todavía más sangrante. Los salarios son más bajos y la capacidad económica de muchas familias es menor que en otras zonas de Navarra. Además, hay muchas familias migrantes que carecen de recursos suficientes y que tienen más dificultades para afrontar las subidas de los alquileres o encontrar otra vivienda.
Por eso, cuando hablamos de desahucios no hablamos únicamente de un procedimiento administrativo. Hablamos de familias con menores, personas mayores y trabajadores que pueden quedarse en la calle. La vivienda es una necesidad básica y no podemos aceptar que se convierta en un negocio que se anteponga a las condiciones de vida de la gente.
¿Qué seguimiento están haciendo de otros conflictos, como el de las viviendas de Testa, socimi de Blackstone, en Pamplona?
La información nos llega también a través de los medios de comunicación y seguimos manteniendo el contacto con las vecinas. Estamos celebrando asambleas y trabajando con las compañeras para preparar la huelga de vivienda. Sabemos que el Gobierno de Navarra está planteando recomprar algunas de esas viviendas, pero en el caso de Testa hablamos de inmuebles construidos sobre suelo público y de un conflicto que afecta a unas 500 familias.
También estamos intentando contactar con personas afectadas por otros fondos de inversión, como Cerberus o Catella, que tiene más de 300 viviendas en otro de los conflictos que conocemos. Hay muchas empresas y fondos implicados.
¿Cómo valoran la respuesta de las instituciones ante la expansión de los fondos de inversión en el mercado de la vivienda?
La valoramos muy mal. No se están tomando medidas que vayan a la raíz del problema. Se anuncian actuaciones que no van a resolver el conflicto estructural y no se está poniendo suficiente atención en el papel que desempeñan los fondos de inversión.
Para nosotras, la prioridad es paralizar los desahucios y prohibir que se compre vivienda para especular. No se puede especular con un bien de primera necesidad, y menos en el momento en el que nos encontramos. También necesitamos avanzar hacia alquileres permanentes y asequibles. Se habla mucho de alquiler, pero para una parte de la población ya resulta inaccesible.
¿Qué medidas debería adoptar el Gobierno de Navarra y qué papel puede desempeñar el Estado?
Lo primero es utilizar la capacidad que tienen las administraciones para disponer de vivienda pública. Hay viviendas que están en manos de entidades financieras y fondos de inversión y que podrían tener una función social. La relación de algunas de estas entidades con el sector público es compleja, pero eso no puede servir como excusa para no intervenir.
También hay que revisar el papel de la Sareb, porque existen viviendas que se consideran públicas y cuya gestión se ha encomendado a empresas privadas. Una de las gestoras es Solvia, vinculada a Intrum, y vemos cómo se producen situaciones en las que se anuncian nuevos contratos al mismo tiempo que se mantienen conflictos con las inquilinas.
Si el problema es que los fondos compran viviendas para especular, hay que abordar esa cuestión y prohibir esas operaciones cuando sea necesario. Construir vivienda pública es importante, pero lleva tiempo. Mientras tanto, existen otras fórmulas para intervenir sobre el parque ya construido y garantizar alquileres asequibles. También debemos evitar que toda la población se concentre en las ciudades y favorecer que la gente pueda vivir en los pueblos, pero para ello hacen falta servicios públicos y condiciones de vida dignas.
El próximo 11 de noviembre está convocada una huelga de vivienda. ¿Qué objetivos persigue?
Queremos que se entienda que los conflictos de Fitero, Cintruénigo y otros municipios no son casos aislados, sino parte de un problema estructural. No basta con resolver un contrato o frenar un desahucio concreto: necesitamos cambiar las condiciones que permiten que los fondos de inversión acumulen viviendas y que las familias vivan bajo la amenaza de perder sus hogares.
La organización colectiva es fundamental para conseguir avances. En Cintruénigo hemos visto que la movilización puede dar resultados, pero en Fitero seguimos necesitando una solución. Nuestro mensaje es claro: no vamos a consentir que se produzca un desahucio y vamos a continuar trabajando con las vecinas para defender su derecho a la vivienda.
