Santiago Abascal niega que Vox vaya a privatizar las pensiones y sitúa el riesgo en que continúe el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en la entrevista que La Razón publica este domingo 18 de octubre, en la que el presidente del partido ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los jubilados y desmontar una acusación que la izquierda repite contra la formación.
‘Vox jamás ha dicho que va a privatizar las pensiones’, ha asegurado el dirigente, que ha añadido: ‘Que los pensionistas estén tranquilos, las pensiones se van a pagar, las pensiones solo se ponen en riesgo si continúa este Gobierno’.
El mensaje tiene dos mitades. Una es la garantía: el sistema público se mantiene y las prestaciones se abonan. La otra es política: quienes ponen en cuestión la viabilidad de las pagas no son los de Abascal, sino un Ejecutivo que, según su diagnóstico, ha dejado el sistema expuesto a la falta de empleo y al aumento del gasto sin ingresos equivalentes.
Qué defiende Vox y con qué argumentos
El planteamiento desplegado en la entrevista se apoya en tres piezas. La primera es el mantenimiento del sistema público de pensiones con su estructura actual: cotizaciones de los trabajadores y papel de garante del Estado. La segunda es una actualización técnica del modelo, sin ruptura, para asegurar que los pagos lleguen en tiempo y forma. La tercera es la defensa del poder adquisitivo, que el líder de Vox considera un derecho y no una concesión del Gobierno de turno.
‘Las pensiones no están en riesgo. Se pagarán con el sistema que hay, con una modernización del sistema, con los cambios que sean necesarios’, ha subrayado Abascal. El dirigente ha puesto el acento en la certeza: quien cobra una pensión ‘tiene derecho a no perder poder adquisitivo’.
La garantía de Abascal desplaza el eje del debate: no está en duda el modelo de Vox, sino la capacidad del actual Gobierno de sostener las pagas.
A ese armazón se suma el criterio de prioridad nacional que Vox aplica a toda la política social. ‘Las ayudas sociales tienen que ser prioritariamente para los españoles’, ha defendido el presidente de la formación, que sitúa ahí el eje de su crítica al reparto de fondos públicos que hace el Ejecutivo.
El pulso con el Gobierno y el marco que condiciona la respuesta
El terreno sobre el que se moverá la discusión es conocido. El marco de referencia sigue siendo el Pacto de Toledo, el acuerdo parlamentario sellado en 1995 que ordena separar las fuentes de financiación del sistema y ha guiado desde entonces todas las reformas. Ningún grupo con escaño plantea salirse de ese consenso, y el debate se libra en la letra pequeña: quién lo financia y con qué prioridades.
El Ejecutivo, mientras, no tiene intención de mover su marco. La acusación de privatización forma parte del argumentario socialista desde que Vox entró en las instituciones y reaparecerá cada vez que el partido de Abascal exija explicaciones sobre la sostenibilidad. Frente a ello, la dirección nacional traslada una idea sencilla: la pelota está en el tejado del Gobierno.
En el PP la posición es más incómoda. Comparte con Vox buena parte de la crítica económica al Gabinete, pero ha construido su perfil diferencial sobre la moderación en materia de bienestar. Es ahí donde el partido de Abascal quiere marcar distancia con un mensaje directo a los mayores, un electorado que ambos consideran decisivo.
La estrategia de Vox y el precedente del PP
El pulso entre las dos derechas tiene un antecedente que explica casi todo. El 18 de julio de 2024, Vox rompió los gobiernos de coalición que mantenía con el PP en seis comunidades autónomas. Desde entonces, cada intervención sobre servicios sociales, dependencia o pensiones se lee también en clave de competencia por el mismo electorado.
Los números del sistema, además, juegan a favor del argumento de la formación conservadora. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido en varios informes de la presión que el gasto en pensiones ejerce sobre las cuentas públicas, una advertencia que Vox utiliza para sostener que la sostenibilidad no es una consigna ideológica sino una cuenta pendiente.
El cálculo político es igual de relevante. Con 33 diputados, tercera fuerza del Congreso de los Diputados, el partido tiene garantizada la palabra cada vez que el asunto regrese al orden del día. La duda es si esa estrategia le basta para arrebatar al PP el voto de los jubilados o si, por el contrario, consolida un espacio propio en el que nadie más compite.
De momento, el mensaje está fijado y no admite matices: las pensiones se pagan, el sistema público se queda y el riesgo tiene nombre propio. La próxima vez que el asunto se siente en la mesa del Consejo de Ministros, el marco de la discusión ya estará escrito.
