Canarias encadena casi cuatro años sin terminar una sola vivienda protegida y cae a la cola de España

El archipiélago promedia 36 viviendas protegidas terminadas al año desde 2019, frente a las más de 4.000 anuales de finales de los noventa. El Ejecutivo mantiene sin activar el mecanismo estatal de zonas tensionadas que reclama Las Palmas de Gran Canaria.

Canarias lleva casi cuatro años sin terminar una sola vivienda protegida, con el alquiler desbocado en las islas.

El cero más incómodo de la estadística oficial

La serie estadística que publica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que arranca en 1990 y llega hasta junio de 2026, dibuja una línea plana donde debería haber grúas. Desde 2023, con el Ejecutivo de Coalición Canaria y PP presidido por Fernando Clavijo, el archipiélago no ha entregado ni un solo piso protegido.

En la legislatura anterior, la del Pacto de las Flores (el acuerdo de 2019 entre PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera) y con Ángel Víctor Torres en la Presidencia, se finalizaron 268 unidades: 60 en 2019 y 208 en 2022. El promedio del periodo completo, de enero de 2019 a junio de 2026, es de 36 viviendas protegidas terminadas al año.

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Para encontrar cifras comparables hay que retroceder a 1997 y 1998, cuando Canarias superó las 4.000 unidades anuales. El desplome supera el 99% en menos de tres décadas. Ahí está la clave del asunto: no hablamos de un mal ejercicio, sino de una tendencia que atraviesa gobiernos de distinto signo sin que ninguno haya invertido la curva.

Turistas, segundas residencias y un mecanismo que sigue apagado

El archipiélago roza los 2,2 millones de habitantes y recibió 18,4 millones de turistas en 2025. A esa presión se suma el alquiler vacacional, la segunda residencia y una demanda extranjera que aprieta sobre todo en en las islas mayores. Pese a todo, el Ejecutivo autonómico se ha negado por ahora a activar el sistema nacional que permite limitar los precios del alquiler en las zonas declaradas tensionadas, una petición formulada por muy pocos ayuntamientos, entre ellos el de Las Palmas de Gran Canaria.

La vivienda libre tampoco compensa. En el primer semestre de 2026 se terminaron 1.574 pisos de promoción privada en las islas, frente a los 3.152 de todo 2025. Los máximos del periodo son las más de 29.600 de 2008 y las casi 28.200 de 2002. Desde 2012 no se recupera una media de 5.000 viviendas privadas al año, el registro que se dio en 1994. El ladrillo canario no ha vuelto al ritmo anterior al estallido.

Canarias ha terminado una media de 36 viviendas protegidas al año desde 2019; en 1998 superó las 4.000.

España tampoco sale bien en la foto. El Gobierno central ha entregado 47.000 pisos públicos desde 2023, lejos de los 184.000 prometidos, y el Banco de España cifra el déficit en 750.000 unidades, que crecen en 250.000 cada ejercicio. Solo el 1,5% del parque español tiene titularidad pública, frente al 7,1% de media en la OCDE, el 14% de Francia, el 16,4% de Reino Unido o el 60% de Viena. Canarias figura en la cola del ranking autonómico.

La disputa política está servida. El presidente presume en cada comparecencia de construir vivienda pública; el PSOE canario le responde que esas promociones se iniciaron con Torres. Ambas cosas son ciertas a la vez: hay obras en marcha y cero llaves entregadas.

El Pulso Territorial

El Ejecutivo de Coalición Canaria y PP afronta la segunda mitad de la legislatura con la vivienda como uno de sus flancos más débiles. El asunto ha llegado al Parlamento de Canarias (el parlamento autonómico de las islas, con 70 escaños) envuelto en reproches cruzados sobre a quién corresponde el mérito de las promociones en marcha, y ese debate de siglas oculta el problema de fondo: suelo disponible, licencias municipales y promociones que tardan años en cerrarse.

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La dimensión regional ayuda a medir la excepción. En el conjunto del país la vivienda pública apenas alcanza el 1,5% del parque, muy lejos del 7,1% de la media de la OCDE; Canarias, además, ocupa la cola de la clasificación autonómica desde 2019. El dato de 2022, con 208 entregas, demuestra que el cuello de botella no es solo político: también es administrativo y financiero. Eso sí, ninguna autonomía del entorno turístico comparable ha pasado cuatro ejercicios sin una sola entrega.

El calendario electoral sitúa los próximos comicios autonómicos en 2027 y la vivienda se perfila como eje de campaña. Antes de esa cita queda por ver si el Ejecutivo mueve ficha: la declaración de zonas tensionadas sigue sobre la mesa, la petición de Las Palmas de Gran Canaria espera respuesta y el promedio de 36 pisos al año no admite demasiadas lecturas optimistas.

Ficha Autonómica

  • El caso: Canarias encadena desde 2023 sin terminar una sola vivienda protegida. La serie del Ministerio de Vivienda, desde 1990 hasta junio de 2026, apenas registra 268 unidades en la legislatura anterior.
  • Datos importantes: 0 entregas desde 2023; 268 entre 2019 y 2023 (60 en 2019, 208 en 2022); media de 36 al año; 1.574 viviendas libres en el primer semestre de 2026 frente a 3.152 en todo 2025; 18,4 millones de turistas en 2025.
  • Resumen: El Ejecutivo de CC y PP no ha entregado ninguna promoción acabada y mantiene sin activar la declaración de zonas tensionadas. Las elecciones de 2027 medirán el coste político del cero.