La Armada ha reforzado la vigilancia marítima en Ceuta y Melilla con patrulleros desplegados de forma permanente y un protocolo de actuación que ya no espera a que el buque extranjero consuma su incursión para moverse. El cambio, confirmado por fuentes militares, sitúa el dispositivo español en una lógica reactiva inmediata.
Hasta el 30 de julio de 2026, el control del tráfico marroquí en torno a las dos ciudades autónomas se realizaba desde el COVAM (Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada), un seguimiento pasivo que identificaba rumbos y comportamientos sin desplazamiento de medios. Desde entonces, ese control se apoya con la salida de buques al encuentro de las embarcaciones que practican el paso inocente. «Estamos más vigilantes, ya no esperamos a que entren para actuar», resume una fuente militar.
Del seguimiento pasivo a la respuesta inmediata en el mar
El Atalaya es la pieza visible del nuevo esquema. Se trata de un patrullero de la Fuerza de Acción Marítima, con base en Ferrol y una dotación de 48 personas, provisto de cuatro ametralladoras y un cañón. Su misión es la vigilancia sistemática de los espacios de soberanía: detectar actividades de carácter extraordinario, controlar posibles infracciones del derecho internacional e impedir actuaciones que afecten a los intereses nacionales.
Más discreto es el Isla de León, destacado en Melilla y dotado con 10 miembros de la Armada y una ametralladora Browning. Opera habitualmente en aguas de Ceuta y de la isla de Perejil; estos días cubre la fachada melillense. La clave jurídica de su trabajo es el paso inocente, la figura del derecho marítimo que permite cruzar el mar territorial ajeno —fijado en 12 millas náuticas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar— siempre que la navegación respete las condiciones del tratado y no comprometa la soberanía, la seguridad o el orden del Estado ribereño.
El episodio del 30 de julio que cambió el guion
El punto de inflexión fue el 30 de julio. Durante la violación de la frontera terrestre con Marruecos en Ceuta, el Mohamed VI, buque insignia de la Marina Real marroquí, navegó por aguas territoriales españolas, según las fuentes consultadas. La presión aumentó con la llegada de dos patrulleros más y obligó al Ministerio de Defensa a movilizar embarcaciones desde Rota, además de llevar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa a contactar con Marruecos para pedir que desistieran en su actuación.
España no renuncia a vigilar sus aguas: el despliegue del Atalaya y del Isla de León permite acompañar cada movimiento desde el primer momento.
El Rey fue informado a posteriori de la incursión y se implicó con la cúpula militar, según las mismas fuentes. Desde julio, la actividad de buques marroquíes ha caído de forma notable: en los últimos 10 días no se ha registrado ningún movimiento, y ni el pasado jueves ni durante la visita de los Reyes se produjo paso inocente alguno, extremo confirmado por fuentes del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil y de la Armada.
El Contexto Operativo
La presión marroquí sobre los límites terrestres y marítimos de Ceuta y Melilla obliga a España a combinar la defensa de su soberanía con la gestión de una relación bilateral en la que la cooperación resulta determinante en seguridad, inmigración y lucha contra las redes criminales. El CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el órgano del Ministerio del Interior que coordina la inteligencia policial) trabaja desde hace años en esa intersección, donde el tráfico de personas y el narcotráfico aprovechan cualquier fricción fronteriza como cobertura.
El salto de eficacia es medible. Frente a un modelo que solo observaba desde el COVAM, hoy hay dos patrulleros en el agua, uno con 48 tripulantes y capacidad de intervención, y otro con diez efectivos, capaces de acompañar cada movimiento y de hacer visible la presencia española. La Guardia Civil, a través de su Servicio Marítimo y del resto de unidades desplegadas en la zona, mantiene la vigilancia de la frontera terrestre y de los accesos, en coordinación con la Armada y con el mando único que Interior activa en episodios de crisis. La respuesta española ya no depende de que una nueva incidencia obligue a movilizar medios adicionales.
La incógnita es si el despliegue se sostiene como medida estable. La vigilancia no elimina el riesgo de un encuentro en el mar entre unidades militares de dos países vecinos, pero sí fija la posición española desde el primer momento y opera como elemento de disuasión: las embarcaciones que se aproximen saben que pueden encontrar una unidad española siguiendo sus movimientos. La clave, dos meses después de la violación territorial, es que el mensaje operativo se mantenga sin necesidad de un nuevo episodio de tensión.
