Málaga concentró 13 de las 35 eutanasias practicadas en Andalucía en 2025, casi cuatro de cada diez. El último informe de la Comisión de Garantía y Evaluación autonómica confirma que la provincia vuelve a encabezar la estadística de la ayuda para morir y que ese liderazgo convive con la dificultad para encontrar médicos dispuestos a tramitar las solicitudes.
Málaga lidera la estadística andaluza con 13 de las 35 prestaciones de 2025
Los datos del ejercicio pasado dibujan un mapa desigual. Frente a las 13 de Málaga, Almería registró seis prestaciones y el resto de provincias se movió entre una y cuatro. En 2024 fueron 14 las eutanasias practicadas en territorio malagueño, de modo que el último balance supone un ligero descenso. Desde 2022, primer año completo de aplicación de la norma, han sido 41 las personas que han recibido esta ayuda en la provincia y 114 en toda la comunidad.
El volumen de trabajo también se concentra en el territorio: Málaga tramitó 24 de los 61 expedientes examinados por la comisión, cuatro de cada diez. Para Gabriel Sánchez Bellón, presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Andalucía, pesan dos factores: el demográfico y la implicación de los profesionales, con una experiencia acumulada en el distrito sanitario que cubre la capital y el Guadalhorce que se ha convertido en referencia. «Creo que tal vez la mentalidad del personal sanitario sea más abierta», apunta.
La norma permite solicitar la ayuda para morir a quienes padecen una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. El paciente presenta dos solicitudes por escrito separadas por quince días. Un médico responsable examina su caso, informa de las alternativas y de los cuidados paliativos y recaba la valoración de un segundo facultativo. Después interviene la Comisión de Garantía y Evaluación, integrada por sanitarios y juristas, que verifica los requisitos y supervisa la prestación.
Menos espera, más objetores y el pulso por la valoración del sufrimiento
En Andalucía se presentaron 112 peticiones durante 2025 y se realizaron 35 eutanasias, cuatro de ellas de expedientes iniciados el año anterior. Entre quienes no completaron el procedimiento hubo pacientes fallecidos antes de que se abriera su expediente, personas que desistieron y otras con respuesta desfavorable. La espera media entre la primera solicitud y la autorización ha bajado hasta los 47,68 días, frente a los casi 66 de 2024 y los 82 de 2022. A ese plazo se suman otros 22 días de media hasta la prestación.
La mayoría de las eutanasias andaluzas se practicaron en hospitales, aunque once pacientes las recibieron en sus domicilios. En todos los casos los fármacos los administraron profesionales sanitarios: no hubo ninguna prestación por autoadministración. Las enfermedades neurológicas son las más frecuentes entre los solicitantes, casi la mitad, seguidas del cáncer y las patologías psiquiátricas. La mayor parte se concentra entre los 60 y los 79 años, y los médicos de familia asumen más del 80% de los procedimientos.
Andalucía ha practicado 114 eutanasias desde 2022, y el debate ya no está en la ley sino en encontrar un médico dispuesto a tramitarla.
«Eso es todavía el cuello de botella fundamental», sostiene Sánchez Bellón sobre la dificultad para hallar profesionales dispuestos a asumir las peticiones. Explica que a veces hay que recurrir a médicos de otras áreas e incluso de otras provincias, y atribuye parte del problema a la falta de formación y sobrecarga de trabajo. La creación en 2025 de equipos de referentes sanitarios especializados se valora como un avance.
La otra cara es la objeción de conciencia. Durante el pasado ejercicio se inscribieron 244 nuevos objetores en la comunidad, 60 de ellos en Málaga, solo por detrás de Sevilla con 65. En el registro acumulado, la provincia figura tercera con 342 sanitarios inscritos.
Donde las discrepancias se hacen más visibles es en la valoración del sufrimiento. Durante 2025 se presentaron 14 reclamaciones ante la comisión andaluza por resoluciones desfavorables: solo una fue estimada y diez se rechazaron; una persona falleció antes de obtener respuesta y otra desistió. «El problema es la valoración del sufrimiento», insiste el presidente de DMD, que defiende que el padecimiento psicológico crónico no debería excluirse automáticamente cuando se cumplen los requisitos legales.
El debate jurídico ha vuelto al primer plano por el caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibió la eutanasia el 26 de marzo tras dos años de litigios por la oposición de su padre. Poco después, el Tribunal Supremo reconoció que las personas con una vinculación particularmente estrecha con un solicitante pueden tener legitimación para recurrir una autorización. En Andalucía solo se han presentado tres recursos contencioso-administrativos desde la entrada en vigor de la ley, todos desestimados y ninguno en 2024 ni 2025.
La Lectura Andaluza
La estadística no es solo un dato sanitario: es el termómetro de cómo aterriza una prestación compleja en un territorio de ocho provincias. El informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, órgano adscrito a la Consejería de Salud, describe un sistema que ha ganado agilidad —la espera media ha caído más de un 40% desde 2022— y que al mismo tiempo sigue dependiendo de la disposición de los médicos de familia. La creación en 2025 de equipos de referentes especializados, reconocida como avance por las asociaciones, marca la hoja de ruta en las ocho provincias.
Para el lector andaluz el dato tiene nombres y direcciones. Quien haya acompañado a un familiar en este proceso sabe que la diferencia entre 82 y 47 días es la diferencia entre una espera angustiosa y un trámite asumible, y que no es igual encontrar un médico dispuesto en un pueblo de la Axarquía que en la capital. Ahí la estadística de Málaga resulta incómoda y esperanzadora: el distrito sanitario de la capital demuestra que la formación del equipo cambia el resultado. El pulso que viene es la valoración del sufrimiento en enfermedades psiquiátricas, que previsiblemente volverá al Parlamento de Andalucía.
De las 114 personas que han ejercido este derecho en la comunidad desde 2022, 41 lo hicieron en la provincia de Málaga. Detrás de cada una hay una familia que encontró, o no, al profesional adecuado a tiempo.
