Torres cifra en 1.300 millones la pérdida de la financiación autonómica de Canarias si gobierna el PP tras el 29N

El líder del PSOE canario sostiene que el nuevo marco acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera dejaría de aplicarse con un Gobierno popular. También alerta de que los menores no acompañados quedarían en las islas.

Canarias perdería 1.300 millones de euros anuales de financiación autonómica si el PP gobierna en España después del 29N.

La advertencia la formuló el sábado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y líder del PSOE en el archipiélago, antes de participar en el comité federal que su partido había convocado para ratificar las listas electorales. La cifra ya había circulado en otras intervenciones suyas. Ahora, con la campaña del 29N rodando, se convierte en el eje económico de su discurso.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El líder del PSOE canario cifra en 1.300 millones de euros anuales lo que Canarias dejaría de ingresar con un Gobierno del PP tras el 29N y avisa de que los menores migrantes no acompañados permanecerían en las islas.
  • ¿Quién está detrás? Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y líder de los socialistas canarios, frente al plan anunciado por el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.
  • ¿Qué impacto tiene? El aviso llega a seis semanas de las generales y sitúa la financiación autonómica y la política migratoria en el centro del debate electoral en el archipiélago.

De dónde salen los 1.300 millones que Torres pone encima de la mesa

El origen del cálculo está en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano donde el Ministerio de Hacienda y los gobiernos autonómicos pactan los criterios del reparto. Según la versión del dirigente socialista, ese acuerdo —el que dio luz verde al nuevo marco— reporta a Canarias 1.300 millones adicionales cada ejercicio. Un Gobierno del PP, sostiene, los dejaría en el aire. Es una afirmación de parte: ni Hacienda ni los populares la han confirmado en público.

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Conviene recordar cómo funciona la financiación autonómica (el sistema que distribuye los recursos fiscales del Estado entre las comunidades según población, superficie, insularidad y coste de los servicios). El modelo vigente se aprobó en 2009 y ha llegado hasta hoy sin renovación, prorrogado año tras año por falta de acuerdo. Canarias, con más de 2,2 millones de habitantes según el INE, es la única región ultraperiférica de España y una de las que más peso relativo obtiene de ese reparto.

La comunidad arrastra un PIB por habitante por debajo de la media nacional desde hace décadas y un sobrecoste estructural —insularidad, lejanía, y fragmentación territorial— que el sistema trata de compensar. De ahí que la cifra no se lea en las islas como un número de campaña más. El margen se mide en camas hospitalarias y en profesorado, no en escaños.

El otro frente: los menores que llegan solos a las islas

El segundo eje del aviso es migratorio. Torres aseguró que los menores no acompañados que arriban a Canarias en pateras y cayucos se quedarán en en las islas si el PP gobierna y cumple su anuncio de derogar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, la norma que hoy permite reubicarlos entre comunidades cuando existe contingencia migratoria. El plan lo había desvelado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en su reciente visita a Gran Canaria y Tenerife: con los populares en el Gobierno, dijo, los migrantes serán retornados, no reubicados.

Torres tiró de precedente. En la crisis de Ceuta, recordó, los 3.000 menores no acompañados llegados a la ciudad siguen allí: no han podido ser retornados a Marruecos, a diferencia de los más de 12.000 adultos que sí lo fueron. La reubicación no es una concesión política, sino el mecanismo que evita el colapso de los recursos de acogida en los territorios frontera, viene a decir.

La diferencia entre reubicar y retornar es la diferencia entre compartir la carga de la frontera sur o dejarla entera sobre Canarias.

Al margen de los menores, el dirigente socialista pronosticó que la confluencia del PSOE con el Frente Amplio para el Senado se impondrá en el archipiélago el 29N, con un senador por cada isla y dos de los tres que se eligen en las mayores. Un voto que no se pierde es un escaño que se gana, resumió.

El Pulso Territorial

Canarias gobierna en minoría desde 2023. Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, preside el Ejecutivo autonómico con un pacto con el PP y apoyos puntuales de formaciones insulares, una geometría que le obliga a negociar cada presupuesto y que explica por qué la comunidad mira con lupa cualquier cambio en el reparto estatal. Las próximas autonómicas no llegarán antes de 2027, pero el 29N puede reordenar el tablero: si el PP gana en España, el archipiélago tendrá un Gobierno central de signo distinto al que sostiene su propio Ejecutivo.

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El pulso por la financiación no es exclusivo de las islas. Extremadura y Castilla-La Mancha, dos de las comunidades con menor renta por habitante, han convertido la negociación del sistema en un asunto de legislatura, y ninguna ha logrado cerrar un modelo que acumula más de una década caducado. Canarias parte con ventaja en el reconocimiento de sus variables de coste, aunque con una dependencia mayor: buena parte de su sanidad y de su educación se sostiene con transferencias del Estado.

El riesgo del debate es que la cifra quede en eslogan y no en calendario. El reloj corre hacia el 29N y, después, hacia la conformación del próximo Gobierno. Nadie discute el dato en las islas. La duda es quién lo firma.

Ficha Autonómica

  • El caso: Ángel Víctor Torres cifra en 1.300 millones anuales la pérdida de financiación autonómica de Canarias si el PP llega al Gobierno tras el 29N y advierte de que los menores no acompañados quedarían en las islas.
  • Datos importantes: 1.300 millones anuales; más de 2,2 millones de habitantes; 3.000 menores llegados a Ceuta y más de 12.000 adultos retornados a Marruecos; elecciones generales el 29 de noviembre de 2026.
  • Resumen: Las afirmaciones socialistas no han sido contrastadas con Hacienda ni con el PP. El debate se resolverá en las urnas y, después, en la negociación del nuevo marco de financiación.