El próximo Congreso hereda reformas pendientes que la disolución de las Cortes Generales ha dejado congeladas. Dos reformas estatutarias, cinco leyes remitidas por parlamentos autonómicos y siete Iniciativas Legislativas Populares (ILP) aguardan al nuevo hemiciclo.
La regla que ordena este naufragio parcial es antigua y muy parlamentaria. Con la disolución decaen todas las iniciativas cuyo autor es el propio Congreso. Sobreviven las que llegan firmadas desde desde fuera: los textos de las cámaras autonómicas y las ILP, iniciativas ciudadanas para crear, modificar o derogar una ley. Según el registro de la actividad parlamentaria de la Cámara Baja, el hemiciclo que salga de las urnas del 29 de noviembre las recibirá en cartera.
Qué sobrevive a la disolución: de los estatutos a las leyes autonómicas
Las dos reformas estatutarias son las más visibles del lote. La de Castilla-La Mancha fue tomada en consideración por el Pleno en noviembre de 2025, pero el resto del recorrido quedó suspendido con la convocatoria electoral. Ahora el PSOE quiere abrir un debate en las Cortes de Castilla-La Mancha para solicitar formalmente su retirada, mientras el texto sigue en cartera para la próxima legislatura.
El contenido no es menor: la reforma amplía el número de diputados regionales. El PSOE de Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page al frente, afronta el reto de reordenar ese trámite sin perder el impulso de un texto que afecta a la composición de sus propias Cortes. Primero se decanta en el Parlamento autonómico; después vuelve a Madrid. Esa es, al menos, la hoja de ruta que se dibuja.
La segunda, la de La Rioja, arrastra un letargo mayor. Se aprobó en 2019 y nunca ha sido debatida en el Congreso: faltaba que el Parlamento riojano comunicase la designación de la delegación de hasta tres representantes que debe defenderla ante el Pleno. En legislaturas anteriores llegó a tomarse en consideración y avanzó en comisión, pero cada convocatoria electoral cortó el hilo. El patrón se repite.
Una disolución no borra la agenda social: la aparca. Quien vuelva a la Cámara en noviembre se encontrará la lista de deberes ya escrita.
Los cinco textos remitidos por los parlamentos autonómicos llegan con acentos distintos. Dos proceden del Parlamento de las Islas Baleares, uno del Parlamento de Cataluña, otro de las Cortes Valencianas y el quinto de la Junta General del Principado de Asturias. El primero de los baleares reclama la cogestión de los aeropuertos, iniciativa que el Gobierno empezó vetando —mermaría los ingresos de Aena, que habrían de compensarse— y que luego rectificó ante la presión de Més per Mallorca y de la propia presidenta del Congreso y hoy candidata del PSOE balear, Francina Armengol.
El segundo texto balear toca un nervio sensible: modificar el artículo 57 de la Ley de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para impedir que las personas condenadas por acoso a menores puedan acceder a profesiones, oficios o actividades con contacto habitual con ellos, o continuar ejerciéndolas. De Cataluña llega la reforma de la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades irreversibles.
De las Cortes Valencianas procede la reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución para la reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano. Y de Asturias, una reforma constitucional remitida en 2014 para flexibilizar las condiciones de las ILP y los referéndums que lleva doce años pasando de legislatura a legislatura. Doce años de espera institucional.
Las siete ILP que la ciudadanía ya ha puesto encima de la mesa
El bloque ciudadano es el más heterogéneo y, probablemente, el que mejor retrata el país. Entre las siete ILP figuran el acoso escolar, la prevención del suicidio infanto-juvenil, la transparencia y la protección de denunciantes, la desmercantilización de la vivienda protegida en zonas tensionadas, la regulación de los medicamentos veterinarios, una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la Seguridad Social, los ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente y la participación en el coste de las prestaciones de dependencia.
Muchas conectan con el eje social que el PSOE ha convertido en seña de la legislatura: vivienda, cuidados, salud mental y dignidad en el empleo. Otras obligan a pactar con grupos de origen muy distinto. Nada nuevo bajo el sol.
El Eje del Poder Socialista
La aritmética manda. El Grupo Parlamentario Socialista afrontará la legislatura con una cartera heredada que no controla del todo y con la necesidad de decidir qué activa primero. En Ferraz se subraya que la continuidad legislativa es una forma de gobernar: los textos no caducan porque los haya impulsado la ciudadanía. Ese será el eje del discurso socialista en la constitución de la Cámara y la forma de tensar a una oposición que deberá explicar su voto en ELA, suicidio juvenil o ratios de enfermería.
El aterrizaje territorial es inmediato. Castilla-La Mancha necesita cerrar el guion de su reforma estatutaria sin que parezca un paso atrás. Asturias lleva doce años esperando un cambio constitucional que nadie discute en el fondo y que nunca encuentra hueco. Baleares ya sabe que la cogestión aeroportuaria es posible cuando hay voluntad política. Y el texto catalán sobre ELA interpela a la agenda de cuidados que el PSC reivindica desde la Generalitat. Barones como García-Page o Adrián Barbón tienen aquí materia para reclamar protagonismo en la próxima Conferencia de Presidentes.
El riesgo es de congestión. Un Congreso recién constituido, con la Mesa y la Junta de Portavoces en rodaje, arrastra cinco leyes autonómicas, dos estatutos y siete ILP mientras el Gobierno despliega su propio programa. La tentación de dejar lo heredado para el final existe. Nuestra lectura es otra: quien ordene la Junta de Portavoces decidirá el ritmo de una legislatura entera. Seguimos de cerca la sesión constitutiva de diciembre y el debate en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Cosas del calendario. La agenda social no se improvisa: se hereda.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La agenda social no caduca. Ferraz presenta la continuidad legislativa como garantía del Estado del bienestar frente a quien prefiere empezar de cero.
- Protagonista: Francina Armengol (presidenta del Congreso y candidata del PSOE balear).
- Próximo hito: Sesión constitutiva del Congreso en diciembre y debate en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la retirada de su reforma estatutaria.
