La purga de contrainteligencia del FBI dejó sin transición decenas de casos iraníes tres días antes de la guerra con Teherán.
Brian Driscoll, director interino del bureau en 2025 y hoy litigante contra su antiguo empleador, ha puesto calibre a lo que ocurrió entonces. En una entrevista en el pódcast SpyTalk, califica de ‘abominación’ el cese de cinco agentes veteranos especializados en amenazas iraníes y sostiene que la medida ha dañado la seguridad nacional de Estados Unidos. ‘Es absolutamente devastador’, dice. ‘Que fueran despedidos, sin más, es repugnante’.
Le pongo en contexto porque los plazos, aquí, lo son todo. Los ceses se ejecutaron el 25 de febrero de 2026. La campaña militar estadounidense contra Irán arrancó tres días después. Entre una fecha y la otra, cinco especialistas salieron del edificio sin poder traspasar sus casos, sin entregar las operaciones en curso y, según la denuncia judicial, sin poder transmitir la inteligencia que habían recibido sobre Teherán.
La demanda presentada esta semana en el distrito federal de Washington —con Kash Patel y el fiscal general Todd Blanche como demandados— ha destapado lo que hasta ahora era un rumor de pasillo. Cinco de los nueve exagentes despedidos acumulaban años de trabajo sobre el expediente iraní. Eran, en palabras de Driscoll, gente que ‘ha olvidado más que yo sabré nunca’ sobre esas amenazas.
El expediente que nadie pudo heredar
El caso más elocuente es el de Jeremy Linton. Exoficial de la Armada, casi una década en el FBI, agente de contrainteligencia en la oficina de Washington y autor de la declaración jurada que sustentó el registro de Mar-a-Lago. En el momento de su despido supervisaba ‘varias decenas de investigaciones de contrainteligencia relacionadas con amenazas procedentes de Irán’, según el texto de la demanda. Lo sacaron de su despacho en el norte de Virginia sin aviso previo y sin relevo.
Una purga no se mide por los que se marchan, sino por los expedientes que quedan sin dueño la víspera de una guerra.
Igual de incómodo es el caso de Erin Matanic. Tras trabajar en el expediente de los documentos clasificados, fue destinada a un equipo de contraterrorismo en el norte de Virginia, donde ejerció de analista principal en un asunto de armamento sensible: Muhammad Pahlawan, el traficante condenado a 40 años por hacer llegar a los hutíes de Yemen armas avanzadas fabricadas por la Guardia Revolucionaria iraní. El Departamento de Justicia le dio dos reconocimientos por ese trabajo. También la despidieron.
Ahora están en la calle.
Sobre el papel, el FBI conserva su capacidad de seguimiento. En la práctica, Driscoll sostiene que la habilidad del bureau para vigilar varias tramas de asesinato iraníes —incluida, potencialmente, una contra el propio presidente Trump— ‘se resintió’. Justo cuando tocaba acelerar, alguien pisó el freno, resume. Quien haya seguido el oficio sabe que la contrainteligencia no se reconstruye con un organigrama: se reconstruye con memoria institucional, y esa se va con la gente.
Del muro del 11-S a la lista de enemigos: el oficio ya vio esta película
Tengo claro que este no es un debate sobre gestión de personal. Es un debate sobre el wall, el muro burocrático que en 2001 impidió que la CIA, el FBI y la NSA cruzaran información, y que la Comisión del 11-S señaló como uno de los fallos sistémicos del ataque. Cuando el criterio de permanencia en un servicio deja de ser la competencia y pasa a ser la lealtad, aparecen muros nuevos. Más silenciosos. Más caros.
Verá usted que el patrón se repite. La denuncia de los nueve agentes describe el mecanismo con nombres y apellidos. Todos habían trabajado en la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre los documentos clasificados que Trump se llevó a Mar-a-Lago. Fueron despedidos en febrero sin causa alegada, aunque, según el escrito, Patel había elogiado en privado a algunos de ellos meses antes. El documento relata además cómo Emil Bove, entonces número dos interino del Departamento de Justicia, exigió a Driscoll los nombres de los agentes que habían tocado los casos del 6 de enero. Y cómo, ante la negativa, Bove dejó claro que la orden venía de arriba: Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca.
Hay un detalle que retrata el método. En enero de 2025, recién nombrado al frente de la oficina de Newark, Driscoll recibió la llamada de Paul Ingrassia, abogado recién instalado en la Casa Blanca, para ‘vetarlo’ en un puesto dentro de una organización a la que ya pertenecía y para la que ya tenía habilitaciones por encima de top secret. La primera pregunta fue a quién había votado. Driscoll invocó la Ley Hatch, que prohíbe a los empleados federales discutir política en el trabajo. Ingrassia insistió: si había votado alguna vez por los demócratas en las últimas cinco elecciones. La conversación terminó ahí.
El resto encaja. A comienzos de agosto le trasladaron la orden de despedir al piloto veterano Chris Meyer porque un bloguero de derecha había asegurado, en falso, que era el agente del caso Mar-a-Lago. Se negó. Días después, en una reunión, Patel le dejó claro que las exigencias de cese venían de la Casa Blanca. Poco antes, el propio director había subido a un escenario en el condado de Nassau, en Long Island, junto a Trump, y al candidato republicano a gobernador de Nueva York, para proclamar que, gracias al liderazgo del presidente, el sueño americano ya no es un sueño. Driscoll lo calificó en SpyTalk de impropio y profundamente preocupante. El FBI respondió después en redes: ‘La misión del FBI es más grande que cualquier persona, cargo o exfuncionario’.
Fuera de Estados Unidos, el calendario no espera. El jefe del MI5, Ken McCallum, advirtió hace días de un ‘cambio mayor’ en la actividad iraní contra instalaciones militares, con más de 50 detenciones en el último año vinculadas a operaciones de Teherán. El Pentágono, mientras, movió deprisa una flota de bombarderos B-1 fuera de una base británica ante la sospecha de un plan de sabotaje. La amenaza subía justo cuando se vaciaban las mesas que la vigilaban.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
El vector de amenaza es doble y no conviene confundir los planos. En el terreno operativo, la presión del Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní y de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, que llevan años intentando tejer redes de HUMINT en Europa y Norteamérica. En el terreno institucional, una vulnerabilidad autoinfligida: una contrainteligencia descabezada por criterios de lealtad es, objetivamente, una contrainteligencia degradada, por mucho que el organigrama siga intacto.
Pongo nombres a los tres tableros. Ataca, con atribución sostenida por las autoridades estadounidenses y británicas, el aparato de seguridad de Teherán. Defiende el FBI —División de Contrainteligencia y oficina de Washington— junto al Departamento de Justicia. Y mira, con interés nada neutral, el resto de la comunidad: el MI5 británico, que acaba de elevar el tono; el CNI español, que comparte con el FBI la vigilancia del flanco magrebí; y los servicios del Five Eyes, que calibran cuánto vale todavía un intercambio de información con un socio que despide a sus especialistas en plena crisis.
Estimo que el material afectado manejaba clasificación de Top Secret: identidades de fuentes, tramas de asesinato en curso y operaciones sobre un objetivo estatal extranjero no se archivan en otro cajón. El precedente del oficio es incómodo. Aldrich Ames y Robert Hanssen no cayeron por un fallo técnico, sino porque las estructuras de contrainteligencia dejaron de mirar donde debían. Aquí no hay traidor: hay un vacío, y en este negocio un vacío funciona igual de bien.
España debería mirar esto sin distancia. Si usted ha seguido la relación bilateral en materia antiterrorista, sabrá que Driscoll no es un funcionario cualquiera en el radar de Madrid: dirigió durante años el escuadrón de terrorismo internacional del FBI para el Norte de África, lo que significa que su nombre aparece en el mismo mapa de enlaces que el CNI y la DGST marroquí comparten en el Sahel. La cooperación se sostiene sobre relaciones personales verificadas durante años. El teléfono sigue existiendo; la confianza, no tanto.
La contradicción de fondo es esta: la misma administración que exige a sus aliados máxima presión sobre Teherán ha desmontado el equipo que mejor conocía ese expediente. Lo veo como un error de doctrina, no como una anécdota de despacho. Y admito la cautela obligada: aquí la atribución no está en duda —hay denuncia judicial, nombres y fechas—, pero el alcance real del daño operativo solo lo sabrán quienes hereden esos casos, si alguien los hereda.
El próximo hito está en los tribunales. Los dos procedimientos por despido improcedente siguen su curso en el distrito federal de Washington y prometen arrastrar al estrado documentos que hoy continúan clasificados. Mientras tanto, la Evaluación Anual de Amenazas del ODNI, que suele presentarse a comienzos de año, será la primera ocasión pública de comprobar si Washington sigue describiendo la amenaza iraní como crítica mientras sus especialistas buscan trabajo en otro sitio.
