El Consejo Europeo de otoño cierra con la competitividad y el Marco Financiero Plurianual como única agenda real. Los líderes han emplazado la decisión sobre las cuentas europeas a una reunión extraordinaria el 26 de noviembre, tras comprobar que la caja de negociación de la presidencia irlandesa no contenta ni a los frugales ni al sur.
Bruselas ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: convertir una cumbre de conclusiones en un calendario de deberes. De un lado, la agenda Una Europa, un mercado, el paraguas con el que la Comisión quiere desmontar trabas normativas. Del otro, el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 —el presupuesto de siete años del club, del que salen la PAC, la cohesión y los fondos de investigación—, que arranca el 1 de enero de 2028 y sigue sin acuerdo político.
El Régimen 28: menos burocracia y la misma pelea por quién paga
Las conclusiones del EUCO instan a los colegisladores —Parlamento y Consejo, que comparten la potestad legislativa— a acelerar el Régimen 28, la figura societaria única conocida como EU Inc que permitiría a una empresa operar con una sola norma en los Veintisiete en lugar de con veintisiete. A eso se suman la Ley de Aceleración Industrial (IAA), el paquete de redes eléctricas y los bloques de simplificación digital, medioambiental y de automoción.
El detalle importa. Los líderes piden a la Comisión que ataque el gold-plating (la costumbre de que cada Estado añada capas propias a una directiva europea y encarezca su cumplimiento) y que proponga reducir las obligaciones de reporte de las pymes. Sobre el papel, todos de acuerdo. Fuera del papel, cada capital tiene su lista de excepciones.
El punto que más discusión consumió no fue la burocracia, sino la energía. Italia y República Checa encabezaron un grupo de delegaciones que reclamó flexibilizar el ETS2, el segundo mercado de carbono europeo, que extiende el pago por emisiones al transporte por carretera y a la calefacción de los edificios. Frente a ellos, un bloque con los países nórdicos, Alemania, España, y Portugal defendió mantener la senda climática tal y como está.
En paralelo, la revisión del ETS1 —el mercado que grava a la industria y al sector eléctrico— quedó atada a una condición: que refuerce la competitividad. El Consejo Europeo quiere un precio del carbono predecible, más protección contra la fuga de carbono (la tentación de deslocalizar producción a países sin tasas climáticas) y menos impacto de ese coste en la factura eléctrica. Es la cuadratura del círculo que llevamos cuatro años intentando resolver.
La cumbre no ha decidido cuánto gasta Europa a partir de 2028: ha decidido quién manda en el reparto y a qué precio político.
El flanco exterior también aparece en el texto. Los Veintisiete reclaman a la Comisión Europea diálogos orientados a resultados con las grandes potencias y un uso efectivo de los instrumentos de defensa comercial. Traducido: menos gestos y más aranceles cuando toque; el lenguaje ambiguo deja puertas abiertas hasta que se resuelvan los expedientes en curso.
El giro de España: defendió el clima y ahora negocia la factura
La posición española admite lectura doble. En el ETS2, Moncloa se alineó con Berlín y con los nórdicos, no con Roma. Es decir: España avaló mantener el calendario climático pese a que su industria electrointensiva —acero, química, cerámica, cemento— lleva dos ejercicios advirtiendo de que el precio de la luz y el coste del carbono le están comiendo el margen frente a competidores de fuera de la UE.
Esa tensión no es nueva. En el paquete Fit for 55, España aceptó endurecer el mercado de carbono a cambio de fondos de modernización y del Fondo Social para el Clima. Lo que se dirime ahora es si ese fondo conserva tamaño en el próximo MFP o se recorta para engordar las partidas de competitividad e investigación, que es exactamente lo que reclama BusinessEurope en su carta previa a la cumbre. Sánchez compareció a su llegada a Bruselas con esa aritmética en la mano.
El Eje del Poder Europeo
Lo que observamos en esta cumbre es un desplazamiento del eje real de la negociación. El pulso ya no es tanto entre frugales y sur como dentro de cada bloque. La presidencia irlandesa ha construido una caja de negociación que intenta contentar a todos y, precisamente por eso, no cierra en ningún lado. Los países del norte quieren menos dinero y más condicionalidad; el sur exige mantener cohesión; el este de Visegrado defiende la PAC como línea roja; y el eje franco-alemán, debilitado, actúa más como árbitro que como motor.
Para España el riesgo es medible. La parte del presupuesto que depende de la cohesión y de la política agraria pesa en el PIB de varias comunidades autónomas más de lo que pesa la competitividad en el discurso oficial de Bruselas. Si la nueva arquitectura financiera premia los fondos de industria y castiga los de convergencia, España gana relato europeo y pierde caja.
La lectura a cinco años es la de una Unión que se dota de un presupuesto reindustrializador. El precedente más cercano, el pulso de julio de 2020 que alumbró Next Generation, terminó en deuda común. Aquello se justificó por la emergencia; esto se justifica por la competencia con China y Estados Unidos. Cambia la excusa, no el método. Y como entonces, el último euro se decide de madrugada, con el reloj como argumento.
Queda un hito concreto: la reunión extraordinaria del 26 de noviembre, con António Costa mandatado para cerrar antes de fin de año. Si no hay acuerdo, la Comisión tendrá que legislar sobre un marco que aún no existe mientras los programas actuales se acercan a su fecha de caducidad. Ese es el reloj real. Lo demás, como casi siempre en Bruselas, es música de sala de prensa.
