EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Energía anunció este lunes que moviliza hasta 42 millones de dólares de la Defense Production Act, la ley de 1950 que permite al Ejecutivo usar recursos privados por razones de seguridad nacional sin pasar por el Congreso, para impulsar el gasoducto Constitution.
- ¿Quién está detrás? La Casa Blanca de Donald Trump, el secretario de Energía Chris Wright y la promotora Williams Companies, con el estado de Nueva York como obstáculo principal.
- ¿Qué impacto tiene? Presiona para abaratar el gas en el noreste de EE. UU., crea un precedente frente a los vetos estatales de permisos y añade presión competitiva sobre la industria energética española y europea.
El Departamento de Energía moviliza hasta 42 millones de dólares de la Defense Production Act para desbloquear el gasoducto Constitution, bloqueado por Nueva York desde hace una década.
Qué es el gasoducto Constitution y por qué depende de una ley de 1950
El anuncio llegó este lunes: 125 millas de tubería —unos 200 kilómetros— para llevar gas natural desde el esquisto de Pensilvania hasta Nueva York y Nueva Inglaterra. El dinero no se entrega a fondo perdido; queda a disposición de los promotores, Williams Companies, para cubrir parte del coste de resucitar un trazado que llevaba seis años muerto.
La herramienta es la Defense Production Act, la ley de 1950 que permite al presidente movilizar recursos privados por razones de seguridad nacional sin pedir permiso al Congreso; el texto consolidado sigue en el registro legislativo federal. Se invocó para el acero de Corea, para los ventiladores de 2020 y ahora para financiar un tubo de gas. Washington lleva 76 años estirando la misma norma.
El secretario de Energía, Chris Wright, lo formuló como una emergencia heredada: ‘El presidente Trump prometió bajar los costes de la energía y revertir la emergencia energética que recibió, causada por 17 años de políticas de resta energética’. Dos ideas sostienen la cita —ahorro para el consumidor y apagones en los picos de demanda— y una tercera abre la puerta de la DPA: la seguridad nacional.
El historial explica la maniobra. El proyecto recibió su aprobación federal en 2014 y se estrelló contra Albany: la administración de Andrew Cuomo le negó los permisos de calidad del agua que exige la Clean Water Act (la ley de 1972 que obliga a certificar que una obra no degrada los cauces). Sin ese papel no hay tubo, por federal que sea la autorización. En 2020 los promotores cancelaron.
Una firma privada, un permiso estatal denegado y una ley de la Guerra de Corea: en ese triángulo cabe hoy toda la política energética americana.
Con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, Williams Companies movió ficha y pidió reabrir los permisos. El presidente había presionado públicamente a los responsables de Nueva York para revivir la obra. La empresa no ha cambiado el proyecto; ha cambiado el clima político en el que se evalúa.
El pulso entre Washington y Albany: quién decide dónde pasa un tubo
Debajo del gas hay una discusión constitucional sin resolver: hasta dónde puede un estado bloquear una infraestructura declarada de interés federal. Nueva York usó una competencia técnica —la certificación de aguas— para ejercer el veto que ningún tribunal le había reconocido. El precedente pesa más que los 42 millones.
Para el noreste el cálculo es prosaico. Nueva Inglaterra tiene la factura eléctrica más volátil del país y depende del gas que llega por barco o por tubos saturados en enero. Añadir 125 millas desde el corazón del Marcellus —la formación de esquisto más productiva del país— cambia el mapa de precios del invierno. De ahí el argumento de Wright sobre los apagones: no es retórica, es despacho de carga.
El tubo, eso sí, sigue sin permiso estatal.
La lectura desde España no es la del gasoducto, sino la del método. Mientras Bruselas negocia durante años los permisos de sus redes eléctricas, Washington decide un lunes y con una firma. La velocidad del permitting americano es la ventaja competitiva menos discutida. No hace falta un arancel para notarlo: basta con que el capital industrial elija el país donde un proyecto tarda dos años y no ocho.
Para el mercado atlántico el detalle importa. Naturgy y Repsol tienen contratos de gas licuado con origen americano, y Enagás opera el sistema con más capacidad de regasificación de Europa. Si el noreste necesita menos cargamentos en enero, esos barcos buscan otro puerto. Los datos del Departamento de Energía permiten seguir ese flujo mes a mes.
La Lógica de Washington
La pregunta que se hace la Casa Blanca no es ambiental, es de precio y de seguridad. Trump llegó al cargo con un diagnóstico repetido en campaña: una emergencia energética heredada de diecisiete años de políticas de resta. Desde esa lectura, un estado que niega un permiso de agua no ejerce el federalismo; ejerce un veto de hecho sobre algo que la autoridad federal ya había aprobado. La DPA es el atajo para romperlo sin esperar una ley nueva.
Washington no pide permiso.
Hay precedente, y es antiguo. Truman estrenó la norma en 1950 para el acero de Corea; el propio Obama la activó para proyectos de tierras raras; Reagan ya había protegido el acero con aranceles en 1984. La constante es la misma: ante una urgencia percibida, el Ejecutivo busca la palanca que no exige 60 votos en el Senado —el umbral que impone el filibusterismo—. Que la palanca sea una ley de hace tres cuartos de siglo es lo de menos.
La coalición que sostiene el movimiento es reconocible: el Partido Republicano de los estados productores —Pensilvania, Ohio, y Virginia Occidental— más el electorado industrial del noreste que paga la luz más cara del país. Para ese votante el mensaje es nítido: el gasoducto Constitution es una factura más baja, no una bandera cultural. Eso lo cambia todo en un año electoral.
Queda la incógnita. Los 42 millones financian ingeniería y tramitación; no sustituyen la firma estatal. Si Nueva York vuelve a denegar la certificación, el expediente acabará en un tribunal federal y el calendario se estirará más allá de 2027. En España la pregunta simétrica es si la reforma del permitting que tramita Bruselas llega a tiempo para que Iberdrola, Acciona o Ferrovial compitan en igualdad por un capital que hoy prefiere suelo americano. Nadie dijo que sería gratis.
Ficha del Caso
- El caso: El Departamento de Energía usa la Defense Production Act para financiar con hasta 42 millones de dólares la reactivación de un gasoducto de 125 millas entre Pensilvania y Nueva York, cancelado en 2020 tras el veto de permisos de agua de Albany.
- Datos clave: 42 millones de dólares; 125 millas de trazado; aprobación federal en 2014; cancelación en 2020; permiso estatal de calidad del agua todavía pendiente en Nueva York.
- Para España: Importa más la doctrina que el tubo: la vía ejecutiva americana para esquivar vetos de permisos contrasta con los plazos europeos y condiciona el atractivo industrial y el mercado atlántico de gas licuado en el que operan Naturgy, Repsol y Enagás.
