EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Observatorio de Víctimas del Terrorismo de CEU-CEFAS, junto a un grupo de víctimas y asociaciones, ha remitido este lunes a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal el documento ‘La derrota del terrorismo de ETA. Propuestas para un compromiso político posible’, con quince medidas de aplicación inmediata.
- ¿Quién está detrás? El Observatorio de CEU-CEFAS y el movimiento asociativo de víctimas; los destinatarios son el presidente nacional del PP y el de Vox, como aspirantes a gobernar tras el 29-N.
- ¿Qué impacto tiene? Sitúa la ilegalización de Bildu en el centro del debate electoral, obliga a las dos formaciones a pronunciarse por escrito y fija una hoja de ruta para los primeros cien días de un eventual Gobierno.
La ilegalización de Bildu ya está por escrito en el documento que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han recibido este lunes de las víctimas de ETA. El texto, titulado La derrota del terrorismo de ETA. Propuestas para un compromiso político posible, lo firma el Observatorio de Víctimas del Terrorismo de CEU-CEFAS junto a un grupo de víctimas y asociaciones, y lleva fecha de octubre de 2026.
No es un manifiesto más. Son quince medidas concretas dirigidas a los partidos que aspiran a gobernar tras las elecciones generales del 29 de noviembre, con la exigencia explícita de que las incorporen a su acción de Gobierno si llegan a La Moncloa. Los destinatarios son dos: el presidente nacional del PP y el de Vox.
Qué contiene el informe: de un juicio tipo Núremberg a la Ley de Partidos
El punto más ambicioso es la celebración de un juicio sobre el terrorismo de ETA inspirado en los procesos de Núremberg. Los autores sostienen que solo un macroproceso judicial que enjuicie a todos los responsables puede cerrar la herida, y reclaman que ese debate se materialice en sentencias y no en declaraciones. La cifra que lo justifica es contundente: 376 asesinatos sin reproche penal, en torno al 40% de los crímenes, dieciséis años después del último asesinato mortal de la banda, el del gendarme francés Jean-Serge Nérin, el 16 de marzo de 2010.
En el terreno político, el Observatorio pide revisar la actividad de EH Bildu y la Ley de Partidos, y estudiar si concurren indicios suficientes para promover su ilegalización. Si el marco jurídico no lo permite, la alternativa que plantean es el aislamiento institucional: no recurrir a sus votos para gobernar y revisar las condiciones que permitieron su regreso a las instituciones tras la decisión del Tribunal Constitucional del 5 de mayo de 2011. A eso se suma, la inhabilitación permanente de los condenados por terrorismo para cargos públicos y para contratar o recibir subvenciones del Estado.
La segunda batería mira a la política penitenciaria. Desde la transferencia de prisiones al Gobierno vasco en octubre de 2021, el informe denuncia beneficios concedidos sin el requisito de colaboración con la justicia y pide a la Fiscalía que impida progresiones de grado y libertades condicionales irregulares. Urge además a investigar el patrimonio de los condenados: el Estado ha abonado ya 886 millones de euros en responsabilidad civil subsidiaria.
Quince medidas, un horizonte electoral y una exigencia: que la derrota del terrorismo deje de ser un relato y se convierta en sentencias, expedientes y ley.
El catálogo se cierra con la atención permanente a las víctimas, un pacto educativo que incorpore la historia de ETA a los currículos, la actuación de la Alta Inspección frente a la apología, una reforma electoral para que los vascos desplazados por la violencia puedan votar en el País Vasco y la revisión de los organismos de víctimas para garantizar el consenso con las asociaciones representativas.
Por qué el 29-N convierte el documento en un examen para PP y Vox
El calendario no es neutro. Entregar quince compromisos a seis semanas de las generales equivale a pedir una firma antes de pedir el voto. Y el texto lo dice sin rodeos: presentar candidaturas y obtener escaños no legitima el horror, ni sustituye la disculpa que nunca llegó.
El PP llega a esa cita con munición política. Sus portavoces llevan meses señalando que Bildu, ‘socio de Sánchez’ en el Congreso, lleva en sus listas a herederos orgullosos de ETA, y este lunes se ha conocido que la formación concurre al 29-N con tres antiguos miembros de la banda entre sus candidatos. En la dirección popular subrayan que la crítica no es retrospectiva: afecta a quién sostiene al Gobierno y a qué precio.
El reproche a Moncloa es doble. Los autores del informe acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a las instituciones del País Vasco y Navarra de haber contribuido al blanqueamiento del entorno etarra y a la humillación de las víctimas. Advierten, además, de que el paso del tiempo juega en contra: quince años después de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, los pilares de memoria, verdad, dignidad y justicia siguen incumpliéndose de forma sistemática.
El Eje del Poder Popular
Lo que observamos en Génova es una oportunidad y un riesgo a partes iguales. La oportunidad es evidente: un documento de autoridad moral indiscutible coloca al PP en el terreno donde más cómodo se mueve, la defensa del constitucionalismo y de la dignidad de las víctimas, sin necesidad de abrir un frente nuevo. El riesgo también: Vox comparte destinatario y puede reclamar la bandera, lo que empujaría a una subasta de dureza en la que el PP nunca gana por volumen, sino por solvencia.
El aterrizaje territorial es inmediato. La reforma electoral para que los desplazados por la violencia voten en el País Vasco toca directamente el censo de Euskadi, donde el PP se juega cada escaño frente a EH Bildu, y la exigencia de revisar la Ley de Partidos interpela de lleno a Navarra. En las comunidades donde gobierna, el partido ha hecho del respaldo institucional a las víctimas una seña de identidad de gestión, y esa coherencia es hoy su mejor aval ante el electorado de centro.
El precedente que conviene recordar es el de 2002. La Ley Orgánica de Partidos Políticos impulsada por el Gobierno de José María Aznar permitió la ilegalización de Batasuna por el Tribunal Supremo un año después. Cuando el PP gobernó, la ley se aplicó. Ese es el argumento que la cúpula maneja ahora con discreción, consciente de que prometer ilegalizaciones sin recorrido jurídico desgasta más de lo que suma.
La lectura a corto plazo es clara: el 29-N funciona como examen y como trampa. Quien firme las quince medidas se compromete; quien las ignore, deberá explicarlo. Feijóo tiene margen para responder con un compromiso por escrito y con un paquete legislativo concreto en materia de memoria, penitenciaria y educación. Abascal, en cambio, se juega la diferenciación. No hay margen para la ambigüedad.
El tiempo corre en contra y a favor al mismo tiempo. A favor, porque el debate llega con la campaña aún por arrancar. En contra, porque cada semana que pase sin una respuesta formal permitirá a los autores del informe recordar, uno por uno, los nombres de los 376 asesinatos que siguen sin reproche penal.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Defensa del constitucionalismo y de la memoria de las víctimas frente al blanqueamiento del entorno de ETA.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular).
- Próximo hito: Programas electorales del PP y de Vox, que deben fijar posición sobre las quince medidas antes del 29-N.
