El embajador de EE. UU. ante la UE amenaza con represalias ‘devastadoras’ si Bruselas reserva espectro satelital Starlink a operadores europeos. La advertencia de Andrew Puzder convierte una discusión técnica sobre frecuencias en un pulso comercial entre Washington y Bruselas.
Puzder no eligió una tribuna cualquiera. Lo dijo en una entrevista con el Financial Times difundida este mes, con una frase que resume la doctrina de la Casa Blanca: ‘No haces más competitivas a las empresas europeas haciendo menos competitivas a las estadounidenses’. Y añadió el aviso que de verdad incomoda en el Berlaymont: las compañías de la UE ‘deberían andarse con cuidado’, porque la represalia estadounidense ‘sería muy devastadora’ dado el tamaño del mercado americano.
El detonante es una propuesta de la Comisión Europea presentada en mayo. Bruselas quiere reservar una parte del espectro destinado a las conexiones directas entre satélite y teléfono móvil a operadores del bloque más allá de 2027, cuando vencen las licencias actuales. El reparto previsto asigna una porción de la banda armonizada de 2 GHz a servicios gubernamentales y deja el resto para uso comercial, con reglas de acceso que favorecen a los operadores europeos. La Comisión sostiene que la medida fomenta la entrada de nuevos proveedores y la diversificación, y que seguirá abierta a operadores no comunitarios.
La lectura industrial es otra. Según adelantó Politico, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone y Telefónica han empezado a explorar una alianza para pujar juntas por esas frecuencias y ‘apretar’ a Starlink fuera del negocio de conectividad directa a móvil. Cuatro operadores históricos, un competidor que les ha comido la merienda en el cielo y un regulador dispuesto a escribir las reglas del reparto.
Para España el asunto no es abstracto. Telefónica se sienta en esa mesa y Hispasat, el operador español de satélites controlado por Redeia, depende de la misma franja para sus planes de conectividad. A eso se suma el uso militar: las comunicaciones por satélite sostienen desde el enlace táctico en el Sahel hasta la coordinación naval en el Estrecho, y ninguna cancillería europea quiere que ese hilo pase por una empresa que responde a un decreto presidencial extranjero.
El pulso, además, no se libra solo en el espectro. Bruselas ha presentado una ley de desarrollo de la nube y la inteligencia artificial con requisitos de soberanía digital, y ya tiene en vigor el Reglamento de Servicios Digitales y el de Mercados Digitales, que permiten multas cuantiosas. Washington contempla ese arsenal como una máquina recaudatoria: la Comisión sancionó a la plataforma X con 120 millones de euros, y Puzder ha puesto en duda que el objetivo sea la competencia y no engordar el presupuesto comunitario.
El espectro no se compra con dinero: se compra con soberanía regulatoria, y Bruselas acaba de comprobar que Washington lo sabe.
Qué hay realmente en juego en la banda de 2 GHz
Esa franja es la autopista de las conexiones móviles por satélite: el parche de cobertura que convierte un teléfono convencional en un terminal capaz de enviar un mensaje o una posición sin torre cercana. Es el terreno donde el servicio de conexión directa de Starlink se cruza con operadores como AST SpaceMobile. Para el ciudadano es una promesa comercial; para un Estado Mayor, la diferencia entre una unidad localizable y una unidad ciega.
Técnicamente, la propuesta comunitaria no expulsa a nadie: reparte cuotas y fija condiciones. Políticamente, sí. Reservar capacidad para operadores europeos en un mercado que hasta ahora se movía por acuerdos privados equivale a decir que la infraestructura crítica no se subasta al mejor postor global. SpaceX argumentó en junio que el plan podría degradar la conectividad en Ucrania, que emplea el servicio para dirigir ataques con drones en profundidad. Es un argumento de peso y, a la vez, la mejor munición para quien quiera presentar la medida europea como un sabotaje a Kiev.
La represalia que Washington no necesita desenfundar
La advertencia de Puzder tiene precedentes. La administración Trump ha convertido la regulación digital europea en un asunto comercial, y el tamaño del mercado estadounidense es un argumento que no necesita portavoces: cualquier arancel, exclusión de contratos públicos o bloqueo regulatorio contra un operador europeo se traduce en consejos de administración incómodos en Bonn, París y Madrid.
Eso sí, la amenaza tiene un límite jurídico. Washington puede encarecer la vida a las telecos europeas en en su propio mercado, pero no puede impedir que Bruselas asigne frecuencias: el reparto se decide en la UE y en las capitales. La represalia real sería asimétrica —fiscal, contractual y diplomática— y llegaría por la puerta de atrás de la OTAN, donde la interoperabilidad satelital es doctrina y donde Europa lleva dos años comprando tiempo con promesas de gasto.
El precedente que más se parece es el del 5G. Entre 2019 y 2020, Washington presionó a los aliados para excluir a Huawei de sus redes y Bruselas respondió con una caja de herramientas neutra en la forma y pragmática en el fondo. Seis años después, Europa sigue discutiendo qué proveedor es aceptable mientras su cuota global en infraestructura digital se estrecha. La historia se repite con otro nombre: primero el espectro, después el estándar.
Equilibrio de Poder
El eje Washington-Moscú-Bruselas queda así: Estados Unidos usa el mercado como palanca, la Comisión responde con soberanía regulatoria y el Kremlin observa. No es casualidad que la primera amplificación de la advertencia llegara por la cadena estatal rusa RT, que estos días sostiene además que el acceso ucraniano a Starlink se ha restringido en el marco de la presión de la Casa Blanca sobre Zelensky. Ese relato encaja demasiado bien con el interés de Moscú en abrir una grieta entre aliados como para darlo por bueno sin contraste. Lo verificable es la propuesta comunitaria; el resto, por ahora, es versión de parte.
Para España el coste se mide en tres frentes. El industrial: si la alianza de telecos cuaja, Telefónica necesita socios europeos para no quedarse fuera del reparto. El de defensa: las comunicaciones seguras en el Estrecho, en Canarias y en el flanco sur dependen de una capacidad satelital que Europa aún no tiene desplegada. Y el político: Moncloa lleva años vendiendo una ‘autonomía estratégica abierta’ que concilie a Bruselas con Washington, y este pulso obliga a retratarse en un expediente muy concreto. Marruecos y el Sahel miran de reojo, porque quien controle la conectividad directa controla también la narrativa donde no hay fibra.
La lectura a cinco o diez años es la de siempre en Europa: regulamos el mercado que no producimos. Galileo es el precedente que mejor lo explica. La UE lo impulsó en parte porque no quería depender de que el Pentágono garantizara el acceso al GPS en una crisis; tardó dos décadas y costó más de lo previsto, pero hoy hay constelación propia. Ahora la Comisión intenta lo mismo con el espectro y con IRIS², la constelación segura europea que no estará plenamente operativa hasta bien entrada la década de 2030. El problema es el orden de los factores: reservar frecuencias antes de tener capacidad equivale a guardar mesa para un comensal que aún no ha nacido.
Lo que observamos es un patrón, no un incidente. Washington ha entendido que la regulación digital europea es su punto de fricción más rentable, y Bruselas ha entendido que ceder en el espectro debilita todo su discurso sobre autonomía. El hito real es 2027: ahí vencen las licencias y el reparto deja de ser teoría. Por el camino, el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico tendrá que pronunciarse y los ministros de Telecomunicaciones tendrán que retratarse. En ese intervalo se sabrá si la advertencia de Puzder era un aviso o el primer movimiento de una represalia que nadie quiere cuantificar en público.
