Illa avisa de que el catalán ‘no se toca’ y convierte el 29-N en un examen al autogobierno catalán. El presidente de la Generalitat salió este lunes al paso de la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de reforzar el castellano en las aulas con una advertencia que desborda el debate educativo: si el PP llega a la Moncloa, lo que se dirime no es un horario lectivo, sino quién decide sobre la lengua.
Feijóo había presentado horas antes en Madrid su Contrato con España, una docena de promesas electorales entre las que figuran la defensa de la integridad territorial, un millón de viviendas nuevas, y poner ‘orden’ en la inmigración. El candidato popular aspira a rentabilizar el desgaste del Gobierno y a colocar la educación en el centro de su oferta.
En materia educativa sostuvo que España arrastra ‘los peores resultados educativos’ de su historia y que eso es ‘una señal de alarma’. Su receta pasa por ‘volver a premiar el esfuerzo’, exigencia y autoridad para el profesor y ‘contenidos académicos y no ideológicos’. Y, sobre todo, por ‘el castellano garantizado en toda España y las lenguas cooficiales garantizadas en sus respectivos territorios’.
La réplica de Illa llegó desde el Palau de la Generalitat, en un acto con los delegados del Govern en el exterior y con el consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, a su lado. Allí fijó la posición que su equipo repetirá durante toda la campaña: ‘Uno de los elementos del autogobierno más destacados es la lengua catalana, y aquí quiero ser muy claro: no se toca‘.
Añadió que hay quien quiere el autogobierno ‘no congelar, sino simplemente eliminar’, y lamentó que la lengua se use como ‘elemento de confrontación y división’ en vez de como ‘elemento de riqueza y expresión de la pluralidad y la diversidad’. La sala, con la red de delegaciones al completo, era el escenario menos casual posible para decirlo.
La lengua ha dejado de ser un asunto pedagógico para convertirse en el termómetro que mide cuánto autogobierno tolera Madrid.
Del ‘no se toca’ a la campaña: la línea roja del PSC
Para Illa, el catalán es el único terreno donde la ambigüedad sale carísima. Su electorado es mayoritariamente metropolitano y bilingüe, pero su mayoría en el Parlament depende de ERC y los Comuns, y su flanco catalanista está permanentemente auditado por Junts. Una concesión al PP en esta materia le abriría una herida por los dos costados a la vez.
Lo que observamos es un movimiento defensivo con vocación de ofensiva. El PSC ha construido su última década sobre la promesa de gestionar el autogobierno sin conflicto y sin épica; la propuesta de Feijóo le devuelve el marco del choque, que es justo el marco en el que sus adversarios se mueven mejor.
El cálculo popular tampoco es nuevo: el castellano en la escuela funciona como bandera en el resto de España y como anzuelo entre los votantes castellanoparlantes de Catalunya, un segmento que la inmersión nunca ha terminado de seducir. Ahí está el cálculo. La novedad es el momento: seis semanas antes de las urnas y con un candidato que necesita marcar perfil propio tras años de oposición.
Illa completó su intervención con un mensaje más amplio. Negó que exista un ‘determinismo histórico’ que imponga un resultado el 29-N y aseguró que ‘el futuro está abierto’; describió una batalla global entre democracia y autoritarismo que, a su juicio, se aprecia en Brasil y en Estados Unidos, donde incluso se ha planteado la ‘compra directa de votos’; y cargó contra las ‘interferencias de terceros países’ en las citas electorales.
Qué busca el PP en las aulas y qué puede encontrar
La propuesta tiene recorrido limitado en su literalidad. Ningún ejecutivo autonómico puede reescribir por decreto un modelo lingüístico sin pasar por el Parlament y sin exponerse a un nuevo ciclo judicial, y el PP no cuenta hoy con apoyos suficientes en la cámara catalana para imponerlo. Como arma electoral, en cambio, no necesita aplicarse: le basta con que se discuta.
Duch puso el marco institucional. Una sociedad ‘abierta e internacionalizada’ como la catalana necesita ‘más capacidad de interlocución y alianzas’, y los delegados en el exterior son sus ‘ojos y oídos’ en el mundo, dijo. El objetivo es que Catalunya esté ‘más presente’ y sea ‘más escuchada’ para traducir esa influencia en ‘bienestar’ y capacidad de decisión. Si el debate va de soberanía, Illa exhibe la única que ejerce sin permiso de Madrid.
La inmersión que nadie quiere reabrir a seis semanas de las urnas
Catalunya lleva cuatro décadas gestionando su modelo lingüístico: desde la Llei de Normalització Lingüística de 1983 hasta la Llei 8/2022, aprobada para blindar la inmersión después de que los tribunales fijaran porcentajes mínimos de castellano en algunas aulas. Cada vez que el asunto se ha reabierto, ha acabado en el TSJC, en el DOGC o en los dos sitios a la vez. Nunca en una campaña tranquila.
La paradoja es que el conflicto rentabiliza a los extremos y castiga al centro. En Madrid, el PP necesita que el debate exista; en Barcelona, el PSC necesita que no estalle. Illa ha elegido el segundo camino con una fórmula de mínimos —no se toca— que contenta a su electorado y no cierra ninguna puerta de cara a una eventual negociación con Moncloa.
Queda saber si la consigna se convierte en un paquete normativo antes del 29-N o si se queda en el terreno de la campaña, que arrancará en la segunda semana de noviembre. El primer termómetro será ese tramo final, y el segundo, el primer pleno del Parlament posterior a las elecciones. De momento, la lengua vuelve a ser la pregunta. Y la respuesta, otra vez, se juega en las urnas.
