Trece proyectos de megabaterías hidroeléctricas compiten por ocupar los ríos de Ourense. Ninguno cuenta, por ahora, con autorización de construcción.
Del Sil al Avia: trece expedientes y ninguna autorización definitiva
La mecánica de estas instalaciones, conocidas como centrales reversibles o de bombeo, es sencilla de contar y difícil de ejecutar. Conectan dos embalses a distinta altura: cuando el sistema produce más de lo que consume, el sobrante bombea agua hacia arriba; cuando la demanda aprieta, el agua cae y mueve las turbinas. En la práctica, una batería de agua con el río como soporte. Trece expedientes de esa clase se acumulan hoy ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el Ministerio para la Transición Ecológica, todos en fase administrativa primigenia.
En el corazón de la Ribeira Sacra se solapan tres propuestas sobre el mismo tramo. Naturgy pidió autorización para una central entre los ríos Mao y Sil. A Senra Infraestructuras, la alianza entre Iberdrola y la propia Naturgy, planteó otra entre el Sil y el Edrada. A ambas se acaba de sumar Tasga, con un caudal mucho mayor entre Covas y Sil, lo que ha forzado un nuevo proceso de competencia. Fuentes próximas a las eléctricas describen ese trámite como el procedimiento habitual y sitúan su proyecto conjunto en «fase de originación», sin decisiones de inversión tomadas.
El gigante está en el Macizo Central. Iberdrola tramita Conso II, en Vilariño de Conso: una instalación cien por cien subterránea de 1.800 megavatios que aprovecha el desnivel entre los encoros (embalses) de Cenza y Bibei. La inversión estimada ronda los 1.500 millones de euros y sería una de las mayores centrales de bombeo de Europa. Sigue en evaluación ambiental.
En O Ribeiro las cifras bajan de escala y suben en conflicto. San Isidro Solar 3 tramita Castrelo, de 260 megavatios y 237 millones, entre Castrelo de Miño, Arnoia y Cartelle: cuenta con documento de alcance ambiental desde 2023 y, aun así, afronta una oposición vecinal intensa. Aguas abajo, Naturgy propone Filgueira, con 484,77 megavatios, unos 500 millones de inversión y bombeo desde la presa de Frieira hasta Crecente, ya en la provincia de Pontevedra.
Albarellos es el punto más disputado. Seis sociedades compiten por instalar turbinas entre Avión, Carballeda de Avia, Leiro y Melón. Naturgy y Reganosa se disputan el agua con Pluvia Renovables —filial de Tasga, con dos proyectos—, Alarcón Solar y Almendra Solar. En Valdeorras, Santa Eulalia Energía tramita desde 2022 la central de Prada, de 160 megavatios, sin avances conocidos.
Trece proyectos sobre los mismos ríos dibujan algo más que un mapa energético: dibujan quién controlará el agua de Ourense en las próximas décadas.
El negocio está en el agua, la llave está en las concesiones
El Gobierno central considera estas infraestructuras cruciales para almacenar la energía sobrante del sistema, y el diseño administrativo empuja a las empresas hacia un camino concreto: aprovechar presas ya construidas. Ahí está la trastienda. Las concesiones próximas a caducar son la clave del negocio: quien planta una central reversible sobre un embalse antiguo aspira, de paso, a una prórroga que de otro modo no obtendría.
El conflicto territorial tiene su propio calendario. En Castrelo de Miño la oposición vecinal viene de lejos; en la Ribeira Sacra, cualquier intervención sobre el Sil se lee en clave de paisaje, de viñedo en bancales, y de un turismo crecido al calor de la denominación de origen. Varios de los trece proyectos compiten, además, por el mismo punto de conexión a la red. El territorio pesa, aunque no siempre con rango jurídico.
En paralelo, la competencia administrativa reordena prioridades. La irrupción de Tasga obliga a resolver quién tiene derecho preferente sobre un caudal que no admite dos usos simultáneos. El Ministerio y la Confederación tienen la última palabra, y en esa cola conviven grandes eléctricas y fondos de renovables, junto a sociedades creadas para un único proyecto.
El Laboratorio Gallego
La política gallega lleva tiempo mirando al agua por otra razón. En el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados), el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación gobernante con mayorías absolutas consecutivas desde 2009) administra un territorio donde la energía se produce pero rara vez se decide. El BNG (o Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) sitúa habitualmente el agua como bien público en el centro de su discurso, y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) se mueve entre el impulso a las renovables y las cautelas de los concellos (ayuntamientos) afectados. En esos municipios, la política local pesa tanto como la autonómica.
La dimensión nacional es doble. El Estado fija el marco del almacenamiento y las eléctricas diseñan sus carteras mirando ese marco, no la provincia. Y Galicia ha sido históricamente exportadora de electricidad gracias al sistema hidráulico del Miño y el Sil, una posición que reaparece en cada debate sobre dónde se guarda la energía que todos consumen. Lo que se decide en Ourense condiciona después la política energética que se defiende en Madrid.
Queda la incógnita. Trece proyectos no caben en los mismos cauces, y la resolución de la competencia en el Sil y en Albarellos determinará qué modelo se impone: grandes instalaciones como Conso II o un rosario de centrales medianas. De la evaluación ambiental y de las prórrogas de concesión depende el mapa. La Xunta (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) observa un asunto que se decide en Madrid, aunque su huella sea enteramente gallega.
Ficha del Caso
- El caso: Trece proyectos de centrales hidroeléctricas reversibles, conocidas como megabaterías, pugnan por instalarse en los ríos de la provincia de Ourense.
- Datos importantes: Conso II (Iberdrola) prevé 1.800 megavatios y 1.500 millones de euros; Filgueira (Naturgy), 484,77 megavatios y unos 500 millones; Castrelo, 260 megavatios y 237 millones. Ningún expediente tiene autorización definitiva.
- Resumen: El Estado impulsa el almacenamiento y las eléctricas buscan asegurar la prórroga de concesiones de presas antiguas; el conflicto territorial y ambiental decidirá el mapa energético de Ourense y su conexión con la red nacional.
