La Ertzaintza mantiene en Irún a dos detenidos por un presunto delito de terrorismo a la espera de su traslado a la Audiencia Nacional.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Policía vasca ha detenido a Aratz Bilbao y Malen Grünig, del grupo Jardun, por un presunto delito de terrorismo después de localizar en su entorno datos de guardias civiles, policías nacionales y ertzainas.
- ¿Dónde y cuándo? El hallazgo se produjo en un control de tráfico el 26 de septiembre en Escoriaza (Guipúzcoa); la detención se formalizó el sábado 17 de octubre en la comisaría de Irún.
- ¿Con qué resultado? Dos personas privadas de libertad, un tercer implicado —el simpatizante de Saoradh Naoise Conron— en paradero desconocido y la pista de un posible zulo con armas y explosivos en una zona montañosa.
Un control de tráfico en Escoriaza y una agenda con datos de agentes
Los tres investigados viajaban en el mismo turismo la noche del 26 de septiembre cuando fueron identificados y fotografiados en un control de tráfico en Escoriaza (Guipúzcoa), una práctica poco habitual en ese tipo de dispositivos.
Durante la retención, los agentes accedieron a una agenda electrónica en la que aparecieron datos de guardias civiles, policías nacionales y ertzainas destinados en Euskadi. La OCI, la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, la unidad que centraliza la información antiterrorista de la Policía vasca, decidió blindar el hallazgo y extremar la protección de los agentes afectados, incluidos los de su propia plantilla.
Las pesquisas permanecieron cerradas hasta que el pasado sábado, 17 de octubre, Aratz Bilbao, de 34 años, y Malen Grünig, de 20, se personaron acompañados de un abogado en la comisaría de Irún. Ambos permanecen en los calabozos por un presunto delito de terrorismo.
La Ertzaintza deberá organizar en las próximas horas su traslado a la Audiencia Nacional para la comparecencia ante el juez. El tercer identificado en el control es Naoise Conron, simpatizante del partido irlandés Saoradh, formación a la que se vincula con el Nuevo IRA, y cuyo paradero actual no ha trascendido.
Los investigadores manejaban junto a los tres la pista de un posible zulo en una zona montañosa donde se guardarían armas y explosivos, y las autoridades policiales francesas ya habían detectado viajes periódicos de Conron al País Vasco.
En Euskadi operan cerca de 3.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, un despliegue que la Delegación del Gobierno defiende como imprescindible.
El hallazgo que no se compartió con la Guardia Civil y la Policía Nacional
La Ertzaintza no ha aclarado por qué dejó en libertad a los tres sospechosos el 26 de septiembre ni por qué no alertó de inmediato a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, cuerpos con competencias en materia de terrorismo a los que pertenecían parte de los agentes cuyos datos aparecieron en la agenda intervenida.
La controversia política no es nueva. En julio, la Policía Nacional detuvo a dos miembros de Jardun por la agresión a un seguidor de La Roja en Bilbao. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y el presidente del PNV, Aitor Esteban, calificaron aquellos arrestos de invasión de competencias; en un mitin en Zarautz, Esteban llegó a reclamar el traslado a Ceuta de los guardias civiles y policías destinados en Euskadi.
La delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, defendió la continuidad de los cerca de 3.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskadi y rechazó la división entre «policías buenos y malos» que, a su juicio, subyacía en ese debate.
La OCI, con base en Erandio (Vizcaya), maneja desde 2025 información sobre el funcionamiento de Jardun obtenida del ordenador de un militante de 20 años que participó en los graves incidentes del 12 de octubre en Vitoria. En un Fiat 500 aparecieron un portátil, un bloc de notas, un pendrive y 5.635 euros en metálico gracias a la colaboración ciudadana.
El contexto institucional
El marco de amenaza es el de la disidencia de la izquierda abertzale, un entramado que la Ertzaintza investiga desde hace años en grupos como Jardun, la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) y Ernai, la organización juvenil del entorno de Arnaldo Otegi. Desde el anuncio del fin de la actividad terrorista de ETA el 20 de octubre de 2011 se registraron sabotajes callejeros contra autobuses en 2014, ataques contra sedes del PP vasco en 2025 y señalamientos a cargos públicos y ertzainas.
Ninguno de esos actos había sido calificado como terrorismo por la Policía vasca. La calificación de los hechos que ahora llegan a la Audiencia Nacional sitúa la causa en un terreno distinto al que la Ertzaintza había aplicado hasta la fecha a la violencia de baja intensidad en Euskadi.
El eje exterior es Saoradh, formación de extrema izquierda irlandesa vinculada al Nuevo IRA. Las Fuerzas de Seguridad del Estado centran ahora sus investigaciones en las relaciones entre los radicales vascos y ese partido: una alianza entre Jardun y Saoradh replicaría los lazos que ETA mantuvo con el IRA y Herri Batasuna con el Sinn Fein de Gerry Adams. La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen abiertas sus propias líneas de trabajo sobre esa conexión, coordinadas a través del CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Ministerio del Interior.
La causa queda ahora en manos de la Audiencia Nacional, que deberá concretar qué presuntos delitos de terrorismo se imputan a los dos detenidos y fijar los próximos pasos procesales. Sigue pendiente la localización de Conron, al que la Policía vasca ya controlaba sin que su paradero haya trascendido.
