La planta de gas de Los Realejos acumula 6.150 firmas en contra y un casino lleno de vecinos que no piensan retroceder.
Por qué 6.150 firmas pesan más que un sello en el BOC
El casino de La Cruz Santa se quedó pequeño el viernes 16 de octubre. Vecinos de este barrio de Los Realejos, en el norte de Tenerife, llenaron la sala para escuchar, pregunta a pregunta, qué implica la planta de gas propano proyectada en el núcleo, lindero con La Orotava. La plataforma quería resolver dudas, explicar los riesgos por escrito y agradecer el apoyo de quienes han colgado pancartas, de las empresas locales y de la parroquia del barrio.
Las cifras no mienten. La plataforma ha reunido ya 6.150 firmas, casi una rúbrica por cada seis residentes de un municipio que ronda los 36.000 habitantes, según el padrón que publica el INE. La recogida sigue abierta y la asamblea sirvió también para recaudar fondos con los que sostener la causa. A eso se suma el rechazo unánime del Ayuntamiento realejero, que ya se pronunció en en el mismo sentido cuando la empresa tanteó la zona de La Zamora.
El proyecto, eso sí, ya está publicado. El Gobierno de Canarias avaló la instalación y la sacó al BOC, el Boletín Oficial de Canarias, el diario donde se publican las autorizaciones que abren la puerta a la ejecución. Con ese trámite cerrado, las obras siguen su curso y en el barrio se ha instalado una resignación incómoda. El pulso ya no es administrativo, es político.
Disa invoca los ceros energéticos; el barrio, la salud y el medio de vida
La compañía Disa sostiene que la ubicación responde al «criterio de mínima afección posible» y a motivos técnicos: proximidad a infraestructuras eléctricas, accesibilidad y seguridad. Añade que ni el planeamiento insular ni el local impiden su implantación, porque el PGO (el Plan General de Ordenación, el instrumento urbanístico que clasifica el suelo de un municipio) recalificó esa parcela de rústica a industrial. Y remarca que no genera afecciones sobre viviendas ni fincas aledañas.
El argumento de fondo es la fragilidad del sistema eléctrico insular. Cinco apagones en el último lustro son el aval que esgrime la compañía para defender la instalación como respaldo ante los ceros energéticos, en línea con la emergencia energética declarada por el Gobierno canario, con uso limitado a situaciones urgentes. Los vecinos le dan la vuelta: una planta de gas en plena transición ecológica les parece una contradicción de fondo, y su lema lo resume: «Con nuestra salud y medio de vida no se juega».
En una isla no se tira del cable del vecino, pero tampoco se decide dónde va la planta sin mirar a quien vive al lado.
La Consejería de Transición Ecológica y Energía mantiene que la instalación es imprescindible para el presente y el futuro de la Isla. El concepto importa: un cero energético es la pérdida total de tensión en un sistema insular, un apagón generalizado que no se resuelve importando electricidad de otra región. Por eso el debate sobre el respaldo es real, y por eso el conflicto no se cierra con alegaciones: la planta ya tiene permiso.
El Pulso Territorial
Canarias gobierna en coalición: el PP y Coalición Canaria comparten un Ejecutivo que ha hecho de la seguridad del suministro una bandera y que, a la vez, necesita que ese discurso no le estalle en los municipios donde instala. Cada planta de respaldo que se autoriza resta capital político en el lugar donde se coloca. El caso de Los Realejos no es aislado: en Baleares, la otra comunidad insular del régimen común, la dependencia de instalaciones de respaldo plantea la misma tensión entre garantía de suministro y aceptación social.
Con las obras en marcha y el expediente publicado, el margen vecinal se reduce a la presión política y a una eventual vía judicial que nadie ha confirmado. El calendario manda: en mayo de 2027 hay elecciones autonómicas y municipales, y para entonces el Gobierno canario tendrá que explicar cuántas instalaciones de este tipo ha autorizado y con qué respaldo sobre el terreno. Aquí nadie discute la necesidad del respaldo; se discute el sitio.
Ficha Autonómica
- El caso: La plataforma vecinal de La Cruz Santa, en Los Realejos (Tenerife), combate la planta de gas propano de Disa, avalada por el Gobierno de Canarias y con obras en marcha.
- Datos importantes: 6.150 firmas en un municipio de unos 36.000 habitantes; cinco apagones en el último lustro según la compañía; suelo recalificado de rústico a industrial por el PGO; proyecto publicado en el BOC.
- Resumen: El rechazo municipal es unánime y la plataforma sigue sumando apoyos, pero el expediente está cerrado. Quedan la presión política y las elecciones de mayo de 2027.
