EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PP acusa al Ministerio de Exteriores de no remitir a la Oficina del Censo los datos de los 163.000 nacionalizados por la ley de nietos con el voto suspendido por el Tribunal Supremo.
- ¿Quién está detrás? Fuentes del PP y el equipo de Alberto Núñez Feijóo, que sitúan la responsabilidad en la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares.
- ¿Qué impacto tiene? Sin censo depurado antes del 29N, el Supremo tendrá que anular el voto exterior o levantar las cautelares. Ambas vías abren impugnaciones en cada circunscripción.
El PP acusa al Ministerio de Exteriores de sabotear la suspensión del voto de 163.000 nacionalizados por la ley de nietos. Fuentes del partido describen una maniobra deliberada para dejar correr el tiempo y hacer ‘materialmente imposible’ el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La sospecha no apunta a la incompetencia. Apunta al cálculo. ‘Dejar pasar el tiempo para hacer materialmente imposible el cumplimiento de la resolución judicial sin que nadie pueda ser acusado directamente de desobediencia’, resumen fuentes del PP consultadas por este medio. En Génova lo condensan en una frase más corta: conseguir por la vía de los hechos lo que el Supremo ha impedido por la vía del Derecho.
Qué ordenó el Supremo y qué sigue sin llegar a la Oficina del Censo
El nudo está en un trámite que debería ser mecánico. La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, dependiente de Exteriores, no ha trasladado todavía a la Oficina del Censo los datos no informatizados: quiénes son los afectados por la suspensión cautelar, cuáles acreditaron ser nietos o hijos de exiliados y quiénes quedan fuera del veto. Sin ese cruce, no hay censo depurado. El 10 de septiembre el Gobierno ya conocía el mandato del Alto Tribunal, según el PP; el 13 de octubre el Supremo volvió a recordarlo por escrito.
Exteriores rechaza el diagnóstico. Fuentes del ministerio sostienen que los consulados trabajan con ‘la máxima diligencia’ y alegan un ‘plazo excesivamente breve para el volumen de expedientes, gran parte de ellos sin informatizar’, agravado por ‘un calendario acelerado por la convocatoria electoral’. Traducido: hay papeles, pero no tiempo.
En el PP no aceptan el argumento del volumen. ‘El Gobierno tiene la obligación de garantizar unas elecciones limpias el 29 de noviembre. Solo tener que recordarlo demuestra la gravedad de lo que está ocurriendo’, subrayan las mismas fuentes. Y amplían el marco: no se dirime solo el censo, sino el respeto a la Justicia, la seguridad jurídica y la confianza de los españoles en sus instituciones.
Un censo que no se depura a tiempo deja de ser un problema administrativo y se convierte en la semilla de la impugnación de cada circunscripción.
El dilema del Supremo: anular el voto exterior o levantar las cautelares
Si el bloqueo persiste, el Alto Tribunal quedará ante dos salidas y ninguna es limpia. Anular todo el voto exterior. O levantar las medidas cautelares y permitir un escrutinio total. Ambas desembocan en impugnaciones en cada circunscripción: desde la izquierda —Félix Bolaños, del PSOE, habla ya de ‘censo alterado’— y desde Vox e Iustitia Europa, que fueron quienes recurrieron ante el Supremo.
Hay un tercer frente, y corre más deprisa. El Defensor del Pueblo ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para que puedan votar todos los nacionalizados: ‘la condición de votante no la puede perder ningún español mientras lo sea’. Si el tribunal de garantías acuerda medidas cautelares, suspendería a su vez las del Supremo y todos los afectados podrían votar. Tiene días, no semanas, para decidir, y lo hará en plena precampaña.
Con ese panorama, nadie —ni la Junta Electoral Central, ni la Oficina del Censo Electoral, ni Exteriores, ni el propio Supremo— sabe a esta hora cómo se constituirá el CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Lo único constatado es que no hay visos de cumplir al cien por cien lo ordenado por el auto del Tribunal Supremo.
El Eje del Poder Popular
La dirección que preside Alberto Núñez Feijóo ha decidido no discutir el detalle burocrático y discutir el principio. Es la lógica que el PP aplica desde hace dos años: cada choque con el Ejecutivo se traduce al idioma de la legalidad, donde se mueve cómodo, y no al del relato. El argumentario que maneja la cúpula —Feijóo, Cuca Gamarra en la secretaría general, Miguel Tellado al frente del GPP en el Congreso— insiste en la misma idea: un Gobierno que no depura el censo no está gestionando, está ganando tiempo.
El aterrizaje territorial importa, y mucho. El voto exterior no pesa igual en todas partes: en circunscripciones pequeñas, unos cientos de papeletas mueven un escaño, y las comunidades con emigración histórica siguen el expediente con lupa. Los gobiernos autonómicos del PP en territorios como Galicia o Canarias tienen un interés directo en que el censo llegue limpio a a la cita del 29N, porque de ello depende que el escrutinio no se judicialice.
No es la primera vez que la España exterior se convierte en campo de batalla. Durante los once años del voto rogado, entre 2011 y 2022, la queja permanente de los residentes ausentes fue la misma que hoy late en el fondo del conflicto: un censo que no se revisa a tiempo acaba pesando más que las urnas. Su supresión disparó la participación y, con ella, la exigencia de rigor.
Queda el riesgo inmediato, y es de calendario. Si el Supremo no recibe el censo depurado, elegirá entre dos males; si el Constitucional suspende las cautelares, votarán todos y la impugnación llegará por el otro flanco. En cualquiera de los escenarios, el 29N puede cerrarse con las actas en el aire y los tribunales convertidos en la última circunscripción.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Un Gobierno que no depura el censo electoral no está gestionando: está ganando tiempo contra la Justicia.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular).
- Próximo hito: La decisión del Tribunal Constitucional sobre las cautelares del Supremo, antes de la cita electoral del 29N.
