En septiembre se abonaron 10.547.417 pensiones contributivas a 9,5 millones de personas, uno de cada cuatro electores llamados a las urnas el 29-N.
La cifra, certificada por la Seguridad Social sobre un censo de 38,73 millones, convive con una campaña en la que PP y Vox han puesto en duda el futuro del sistema público con una ligereza llamativa. José María Figaredo, portavoz económico de Vox, aseguró en vísperas de la convocatoria que ‘el sistema es un zombi. Lo han quebrado’. Su partido defiende combinar el reparto con cuentas de capitalización individual: quien quiera una pensión, que se la pague a través de un banco o una mutua.
Alberto Núñez Feijóo ha intentado desmarcarse con una promesa de revalorización conforme al IPC si llega a La Moncloa, pero sin aclarar si planea alargar la edad de jubilación o recortar prestaciones, los dos mecanismos que la derecha europea aplica en varios países. La duda no es retórica. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, se sumó a Vox al afirmar que el sistema público ‘va a petar’ y reclamó ser ‘valientes’ para cambiarlo. No detalló la reforma. Esas palabras no admiten otra lectura que la privatización.
El modelo en cuestión: reparto, capitalización y una nómina de 14.498 millones
Conviene precisar qué está en juego. En el sistema de reparto, las cotizaciones de quienes trabajan pagan las pensiones de quienes ya se han jubilado: solidaridad intergeneracional canalizada a través del sector público. En la capitalización, cada trabajador acumula sus aportaciones en una cuenta propia y su pensión depende de lo ahorrado y del rendimiento de ese ahorro. El programa de Vox de 2019 concretaba la idea: desviar a cuentas personales al menos la mitad de la cotización que hoy se destina a la jubilación.
El entramado que sostiene esa solidaridad tiene rostro y volumen. Casi 6,8 millones de pensiones son de jubilación; más de 2,3 millones, de viudedad; 1,1 millones, de incapacidad permanente; 335.900, de orfandad y, 46.985 en favor de familiares. A ese bloque se suman 720.276 pensionistas de Clases Pasivas y 306.109 pensiones no contributivas de jubilación, las que cobran mayores de 65 años que no cotizaron lo suficiente, además de 163.600 no contributivas por incapacidad. El número de pensiones supera al de pensionistas porque 1.004.207 personas cobran más de una prestación, casi siempre jubilación y viudedad.
Ningún partido gana elecciones prometiendo privatizar la pensión de quien ya la cobra. Algunos las pierden por no saber disimular que esa es la idea.
La nómina contributiva de septiembre alcanzó los 14.498,2 millones de euros, tres cuartas partes de jubilación. La pensión media de jubilación es de 1.576,1 euros al mes; la del conjunto del sistema, de 1.374,6. Hasta agosto se registraron 247.161 nuevas jubilaciones, unas 31.000 al mes, con una edad media de acceso de 65,4 años. El dato no es menor.
El votante mayor: uno de cada cuatro electores y un 80% de participación declarada
El peso electoral del colectivo no es una intuición. Los mayores de 65 años representan el 21,1% de la población, unos 10,5 millones de personas, según los datos del INE. En las generales de 2023 eran ya el 26% del censo; si se amplía el margen a los mayores de 55, el porcentaje superaba el 44%. Y son los que más acuden a las urnas: el CIS detectó antes de aquellos comicios que el 80% de los mayores aseguraba que iría a votar, frente a un 40% entre los jóvenes.
El efecto se multiplica en las provincias envejecidas, donde cuatro de cada diez habitantes superan los 65 años, como ocurre en Ourense o Zamora. El sondeo de GESOP del 6 al 8 de octubre —1.000 entrevistas, margen de error del 3,1%— mide intención directa de voto: en el conjunto, PSOE 22,1%, PP 17,9%, Vox 14,9% y Frente Amplio 6,3%. Entre los jubilados el reparto se invierte: PSOE 31,8% y PP 20,9%, con Vox en el 8,3% y Frente Amplio en el 4%. La izquierda suma 35,8 puntos; la derecha, 29,2.
Entre los mayores de 60 la pauta se repite algo más ajustada: PSOE 28,6%, PP 21,1%, Vox 10,4%. El PP solo es primera fuerza en el tramo de 45 a 59 años, con un 21,9%. En los extremos jóvenes manda Vox: 20,1% entre 18 y 29 años, con el PP desplomado al 8,2%, y 19,6% entre 30 y 44. Ahí está el pulso.
El Eje del Poder Socialista
La lectura que se hace en Ferraz es que el 29-N se juega, en buena medida, en el bolsillo de quien ya cobra. La revalorización conforme al IPC, blindada en la reforma de 2021, es el argumento central de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero, y el contraste con la derecha no necesita épica: basta recordar que el PP limitó la subida de las pensiones al 0,25% anual entre 2014 y 2018, con el factor de sostenibilidad aprobado por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Aquel mecanismo convertía la actualización en un pago decreciente y fue derogado en la legislatura del primer Gobierno de coalición.
El aterrizaje territorial es desigual y ahí está parte del riesgo. En Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha hecho de la defensa de las pensiones y de los servicios públicos un eje de perfil propio, con tono crítico hacia el ritmo de la dirección federal. En Asturias y Navarra, los ejecutivos de Adrián Barbón y María Chivite han situado el envejecimiento y la dependencia en el centro de su gestión, con el telón de fondo de un censo mayor de 55 años que roza la mitad de la población en varias comarcas.
El eje del poder socialista se sostiene sobre tres piezas: el mensaje coordinado de Ferraz y La Moncloa, la mayoría parlamentaria que hizo posible la reforma de 2021 y la red de gobiernos autonómicos y locales que convierte la ley en atención real. El precedente de el Pacto de Toledo, nacido en 1995 para blindar el sistema frente al ciclo electoral, se reivindica ahora como método mientras la derecha lo ha usado como coartada.
Lo que observamos es un cálculo doble. Por un lado, la campaña del 29-N girará hacia el bolsillo del elector mayor cada vez que PP y Vox recurran a ese vocabulario. Por otro, cualquier silencio del PP sobre la edad de jubilación o el importe de las prestaciones será leído por los suyos como ambigüedad. A seis semanas del 29-N, las próximas citas parlamentarias y la propia campaña decidirán si el debate se plantea como un choque de modelos o como una escaramuza más.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El sistema público de pensiones no se toca: la revalorización conforme al IPC es la línea roja frente a cualquier modelo de capitalización privada.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), con María Jesús Montero (vicepresidenta primera y ministra de Hacienda) en la réplica económica.
- Próximo hito: Arranque de la campaña del 29-N en noviembre: cada intervención de PP y Vox sobre pensiones se medirá contra la nómina de septiembre.
