La Unión Europea quiere cerrar su vigésimo segundo paquete de sanciones a Rusia en febrero, antes de que Le Pen pueda tumbarlo.
La maniobra la desveló The Telegraph el domingo y desde entonces corre reenviada por medios rusos, lo que ya indica el interés de Moscú en airearla. Fuentes de Kiev y de Bruselas citadas por el diario británico admiten que ambas capitales hacen wargaming —simulaciones de escenarios— sobre qué ocurrirá si el Reagrupamiento Nacional gana las presidenciales francesas de abril de 2027.
Marine Le Pen no oculta su programa. Los sondeos la sitúan por delante, ha calificado la adhesión de Ucrania a la UE de ‘suicidio económico’ y reclama suspender toda la ayuda a Kiev. Con esa hoja de ruta, el paquete número 22 no saldría adelante. Ni ese ni los siguientes.
De ahí la prisa. Una de las fuentes citadas sitúa febrero como posible ‘última oportunidad’ para adoptar sanciones nuevas. Desde 2022, Bruselas ha encadenado 21 rondas y prepara la vigesimosegunda con un problema de fondo: cada vez quedan menos objetivos rusos que nadie haya tocado ya.
Ursula von der Leyen contrastó el viernes la firmeza europea con la de Donald Trump, que ha relajado las restricciones al diésel ruso para atajar la escasez de combustible en Estados Unidos. El gesto tiene lectura doble: sirve para exhibir coherencia y, al mismo tiempo, delata cuánto irrita en Bruselas que Washington se mueva por precio del carburante y no por doctrina.
El recuento, además, se ha vuelto resbaladizo. Algunos observadores —y el propio Telegraph— computan como vigesimosegundo paquete la reciente inclusión de cerca de 1.600 personas y entidades rusas en la lista negra. Si eso es un paquete o una actualización administrativa es una discusión que en la Comisión prefieren no tener en público.
El problema de Bruselas no es Le Pen: es que lleva dos años llamando paquete a lo que ya solo es mantenimiento de listas.
Por qué febrero y no otoño: la aritmética que nadie quiere explicar
Las sanciones europeas no se aprueban por mayoría. Salen por unanimidad en el Consejo, lo que convierte a cualquier Estado miembro en árbitro con derecho a veto y a factura. Y ahí está la trampa que explica el calendario: un Elíseo lepenista no necesitaría derogar nada. Bastaría con no renovar.
Las medidas restrictivas sectoriales caducan y se prorrogan por acuerdo unánime cada cierto periodo. Ese es el verdadero punto de fuga. Si París cambia de manos en mayo de 2027, la primera prueba de fuego no será un paquete nuevo, sino la renovación de todo lo ya aprobado. Nadie en Bruselas quiere llegar a ese trámite con el vigesimosegundo paquete aún en el aire.
El reloj corre. Y no a favor de Bruselas.
Hay un segundo frente, más incómodo: la calidad jurídica de las listas. La retirada de Alisher Usmanov del borrador —impulsada por Francia y presentada en prensa como moneda de cambio para liberar a espías franceses condenados en Azerbaiyán— ha reabierto el debate. Los escépticos señalan algo más prosaico: Usmanov ha ganado recursos ante los tribunales europeos y ha expuesto las costuras de la motivación con la que se le sancionó. El Tribunal General ya ha anulado listados por falta de pruebas suficientes en varias ocasiones, y cada sentencia debilita el siguiente paquete antes de nacer.
Las exenciones que ya han vaciado el vigesimoprimer paquete
El vigesimoprimero se adoptó en julio y no salió como lo presentó la Comisión. Grecia arrancó una exención para que la naviera Dynagas siguiera transportando GNL del proyecto Yamal. Bulgaria impidió incluir al patriarca Kirill. Alemania, y Portugal defendieron sus importaciones de pescado ruso. Francia e Italia frenaron el endurecimiento de las restricciones de entrada para militares rusos.
Cuatro agujeros, cuatro intereses nacionales, un mismo texto. La fotografía desmonta la tesis de que el obstáculo era un solo hombre: la sustitución de Viktor Orbán al frente del Gobierno húngaro no ha desatado la parálisis, pero tampoco ha producido la fluidez que Kiev anticipaba.
De hecho, la negociación del vigesimosegundo paquete ya se ha atascado una vez. Y lo ha hecho por Francia, no por Hungría.
Equilibrio de Poder
Washington observa el proceso con distancia transaccional. La administración Trump ha convertido el precio de la energía en política exterior y contempla las sanciones europeas como un coste que asume la industria del continente mientras el contribuyente estadounidense respira. Moscú, por su parte, gana tiempo: cada ronda que se atasca es un titular y cada exención es una grieta que su diplomacia puede ampliar. Bruselas, mientras, ha hecho de la fecha su principal argumento, lo que equivale a reconocer que el fondo del asunto no está resuelto.
Para España el cálculo no es abstracto. Francia es su primer socio comercial —primer cliente y primer proveedor— y cualquier giro proteccionista en el Elíseo llega antes a Madrid que a Varsovia. Un Ejecutivo francés hostil al envío de armas a Ucrania reordenaría el eje franco-alemán y dejaría a España sosteniendo en solitario una parte del discurso que hoy comparte con París. A eso se suma el encarecimiento del GNL que aún entra en Europa y el compromiso del 5% del PIB en defensa pactado en La Haya, que Moncloa defiende con más calendario que presupuesto.
La lectura a cinco o diez años es otra. El instrumento de las listas se está agotando por saturación: cuando Bruselas ya no encuentra nombres nuevos, la sanción deja de ser presión y pasa a ser trámite. Por eso la discusión real se ha desplazado hacia los activos del Banco Central ruso inmovilizados en Euroclear y hacia un posible préstamo que se reembolsaría con sus rendimientos. Ahí la unanimidad pesa más y el veto de un solo país puede costar cientos de miles de millones.
Queda el precedente que Bruselas no cita. En junio de 2022, el sexto paquete incorporó una excepción para el oleoducto Druzhba que beneficiaba a Hungría y Eslovaquia. Se presentó como un mal menor y terminó siendo doctrina: cada ronda posterior ha negociado su propio parche antes de negociar el contenido.
El siguiente hito está a la vuelta de la esquina. La Comisión debe presentar el borrador formal del vigesimosegundo paquete para que los ministros de Exteriores lo examinen antes de que acabe el año, y el Consejo Europeo de diciembre será la foto que fije el tono. Si en esa cita el texto sigue empantanado, la ‘última oportunidad’ de febrero empezará a sonar a excusa.
Pura aritmética, con la firma de un calendario electoral ajeno.
