EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha admitido que los consulados no podrán comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos y descienden de exiliados para votar el 29N, tal y como exige el Tribunal Supremo. El Pleno del Tribunal Constitucional estudia este mismo lunes el amparo del Defensor del Pueblo.
- ¿Quién está detrás? Albares, la Oficina del Censo Electoral, la Dirección General de Asuntos Consulares y el Defensor del Pueblo, con el Tribunal Supremo como origen del requerimiento y el Pleno del Constitucional como última instancia.
- ¿Qué impacto tiene? Alrededor de 160.000 españoles en el exterior podrían quedarse sin ejercer el sufragio en una cita con peso decisivo en circunscripciones de fuerte diáspora como Galicia, Asturias o Canarias.
Albares admite que el voto exterior de la ley de nietos no llegará a tiempo para el 29N. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha reconocido este lunes que será ‘muy difícil’ que los consulados verifiquen quiénes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la ley de nietos y descienden de exiliados, el requisito que el Tribunal Supremo exige para ejercer el sufragio en las elecciones del próximo 29 de noviembre.
El Ejecutivo no esconde la dificultad. Albares ha explicado en Telecinco que el volcado de datos es manual y que la Dirección General de Asuntos Consulares ya había advertido, a través de la Abogacía General del Estado, de que el proceso necesitaría ‘por lo menos hasta enero’. Si el calendario ya era ajustado para las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo, con apenas seis semanas por delante el margen se antoja, en sus propias palabras, ‘mucho más difícil’.
Lo que sí se ha hecho, según el relato del ministro, es apurar todos los resortes disponibles. Al recibirse la notificación del Supremo se remitió un telegrama con ‘instrucciones muy precisas’ a todos los consulados, se anularon los permisos de los cónsules y se movilizó al personal del Servicio Exterior. Los nacionalizados en 2025 y 2026 ya figuran en la Oficina del Censo Electoral porque entraron por DICIREG, el nuevo Registro Civil digital; para el resto se ha diseñado una herramienta informática que obliga a volcar los datos uno a uno.
El resultado es un cuello de botella administrativo que ninguna declaración política puede disolver. ‘Se están poniendo todos los medios’, ha subrayado el titular de Exteriores. ‘Por nosotros no va a quedar’. Y ha añadido una frase que resume el envite: ‘nadie está obligado a lo imposible’.
Albares ha cargado además contra la ‘campaña de acoso, de insidias’ que, a su juicio, PP y Vox han desplegado con nombres, apellidos y fotografías de cónsules. Ha defendido su ‘honorabilidad y profesionalidad’ ante una tarea sobrevenida que se suma a la inscripción de nacimientos, la expedición de pasaportes y la logística del voto exterior. ‘Es realmente algo que yo no voy a tolerar nunca’, ha zanjado el ministro.
Ningún censo se improvisa en cuatro semanas: aquí no se dirime la voluntad de votar, sino la capacidad administrativa del Estado.
El amparo de 160.000 españoles que el Pleno decide este lunes
En paralelo, el Tribunal Constitucional afronta esta misma jornada una decisión de calado. El Pleno estudia si admite a trámite el recurso de amparo del Defensor del Pueblo por los alrededor de 160.000 españoles residentes en el exterior que podrían quedarse sin ejercer el sufragio el 29N. La admisión no prejuzga el fondo del asunto, pero fija el marco temporal en el que habrá de moverse la Administración durante las próximas semanas.
La lectura institucional es la que toca: el Gobierno acata, colabora y no especula con el fallo. No en vano, fue el Tribunal Supremo quien dio el primer paso y la respuesta del ministerio llegó en forma de instrucciones a los consulados el mismo día en que se recibió la notificación. Cumplir con lo que dictan los tribunales es, para el socialismo, una línea roja de la que no conviene apartarse ni siquiera cuando el reloj corre en contra.
El Eje del Poder Socialista
La lectura política es nítida. Ferraz y Moncloa afrontan un frente que no es ideológico sino administrativo, y en ese terreno el margen de la retórica es escaso. El PSOE hizo bandera en 2022 de la supresión del voto rogado, la reforma que obligaba a la diáspora a inscribirse con antelación para poder votar y que durante años penalizó a los residentes en el exterior. Aquel cambio amplió derechos, sí, pero también multiplicó la carga de trabajo de los consulados. Ahora el partido se juega la credibilidad de aquella apuesta.
El aterrizaje es territorial y muy concreto. Galicia, Asturias, Canarias, y buena parte de las circunscripciones de Castilla y León concentran un censo exterior que en comicios ajustados puede pesar tanto como un escaño. Las federaciones socialistas de esos territorios siguen el expediente con preocupación, según fuentes socialistas consultadas por este medio, conscientes de que una exclusión masiva del voto exterior se leería como un fallo de gestión del Gobierno y no como una fatalidad burocrática.
El riesgo inmediato es doble. En lo político, PP y Vox tienen ya el relato: cualquier demora se presentará como opacidad, aunque los consulados actuasen bajo un plazo objetivamente imposible y con los permisos anulados. En lo institucional, una eventual admisión del amparo podría derivar en requerimientos que fuercen a Exteriores a revisar el procedimiento de volcado por la vía de urgencia. El precedente del pasado mayo, cuando el proceso tampoco llegó completo, aconseja prudencia: la maquinaria consular no tiene capacidad de desdoblamiento.
Queda la letra pequeña, que es la que decide elecciones. El 29N se votará con el censo que esté cerrado, y el margen para revertir un cierre desfavorable se mide ya en horas, no en semanas. La próxima cita a seguir es la resolución del Pleno del Constitucional y, después, el siguiente Consejo de Ministros, donde el departamento de Albares tendrá que detallar qué parte del proceso queda pendiente y con qué calendario piensa culminarlo.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Cumplimiento escrupuloso de las resoluciones judiciales y defensa del servicio exterior frente a la campaña de descrédito del PP y Vox.
- Protagonista: José Manuel Albares (ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
- Próximo hito: Decisión del Pleno del Tribunal Constitucional sobre el amparo del Defensor del Pueblo y cierre del censo electoral para el 29N.
