Málaga devolverá 1,38 millones de euros de las multas de la Zona de Bajas Emisiones tras ganar Vox en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Ayuntamiento de Málaga reintegrará el dinero de oficio y anulará los expedientes que permanecen abiertos, según ha confirmado este lunes el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde.
La gestión correrá a cargo de Gestrisam, el organismo municipal responsable de los tributos y la recaudación. El Consistorio no exigirá a los afectados que presenten reclamaciones ni recursos administrativos: el reintegro se tramitará de forma automática. La fórmula evita que miles de conductores tengan que litigar por separado para recuperar unas cantidades que ya abonaron en su día.
El alcance de la rectificación es amplio. Desde diciembre de 2025 se abrieron 49.652 expedientes sancionadores, de los cuales 13.694 llegaron a convertirse en multas efectivamente cobradas, según los datos facilitados por el Consistorio y recogidos por La Gaceta. El resto de los procedimientos decaerá sin sanción.
El argumento de Vox que ha respaldado el TSJA
El tribunal andaluz estimó parcialmente el recurso de Vox contra la ordenanza municipal al apreciar un trato discriminatorio entre los vehículos de los empadronados en la capital y los procedentes de otros municipios. Los primeros disfrutaban de determinadas excepciones que no alcanzaban a los conductores de fuera, sancionados por circular en idénticas condiciones. Esa asimetría fue uno de los elementos determinantes del fallo.
El argumentario de Vox va más allá del detalle técnico. La formación sostiene desde la implantación de la medida que la Zona de Bajas Emisiones perjudica sobre todo a los ciudadanos con menos recursos, obligados a cambiar de vehículo para seguir accediendo a su puesto de trabajo, y que la ordenanza introducía diferencias injustificadas entre residentes y visitantes. Antes de la sentencia, el grupo municipal ya había presentado una iniciativa en la Comisión de Economía para reclamar la devolución automática de las sanciones.
La viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento, Yolanda Gómez, ha reivindicado la resolución judicial como un respaldo a las advertencias que su grupo venía formulando desde la entrada en vigor de la norma. ‘Una vez más se demuestra que VOX llevaba razón’, ha afirmado. Gómez ha recordado que el Gobierno municipal ha terminado aceptando la solución que su partido exigió tras conocer el fallo, aunque ha criticado la demora en anunciarla.
El fallo no discute la existencia de la Zona de Bajas Emisiones: desmonta la forma en que el PP la aplicó, con reglas distintas según el domicilio del conductor.
Qué cambia para los conductores y qué coste tiene para el PP
La primera consecuencia ya se produjo semanas atrás: la suspensión del régimen sancionador y la desactivación de las cámaras que controlaban los accesos a la zona restringida. El segundo paso es económico. El Consistorio devolverá las cantidades abonadas y dejará sin efecto los expedientes pendientes, una medida que alcanza tanto a los empadronados como a quienes circulaban de paso por la ciudad.
Para el equipo de Gobierno del PP, la rectificación llega sin margen. El Ayuntamiento de Málaga pidió una aclaración al TSJA y, después, descartó presentar recurso de casación, lo que cerraba la vía de escape. La alternativa era mantener vivo un procedimiento que los magistrados habían señalado como discriminatorio, con el desgaste añadido de cobrar multas que un tribunal cuestionaba.
La lectura estratégica: el coste político de las ZBE
La batalla de Málaga encaja en una pauta reconocible de Vox: cuestionar en los tribunales las ordenanzas de movilidad que gravan al conductor con menos recursos y forzar después al PP a corregir en sede municipal. El precedente inmediato es la propia secuencia de esta sentencia, con un Consistorio que primero solicita aclaraciones al tribunal y acaba asumiendo la devolución íntegra sin pleito individual de los afectados.
El coste político para los populares se mide en dos cifras que conviene retener: 13.694 multas cobradas que ahora deben revertirse y 49.652 expedientes que se archivan. Cada uno de esos conductores es un votante potencial en un municipio que el PP gobierna y en el que Vox ya ha acreditado capacidad de presión institucional y judicial sobre un asunto de gestión cotidiana.
Queda por concretar el calendario del reintegro y el detalle del procedimiento que aplicará Gestrisam, un extremo que la oposición municipal seguirá de cerca en el próximo Pleno. Vox dispone ahí de margen para reclamar el cumplimiento íntegro del fallo y para convertir una sentencia sobre cámaras y matrículas en un argumento de campaña: la Zona de Bajas Emisiones tal y como la diseñó el PP no se sostiene ante los tribunales.
